Este 15 de abril entró en vigor la reforma al Código Penal del Estado de México que ordena la prisión preventiva oficiosa a quienes cometan robo de autopartes o den el famoso «cristalazo», lo que obligaría el encarcelamiento sin libertad caucional y una mayor presión en las cárceles mexiquenses que ya se encuentran en alerta por la propagación del coronavirus SARS-COV2.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso del Estado, a partir de este miércoles se considera delito grave el robo de auto partes, así como el daño que se pueda causar a cristales, puertas y ventanas para sustraer bienes del interior del vehículo.

Esto significa que cualquier persona que sea sorprendida intentando robar un auto o cualquiera de sus piezas, deberá ser encarcelada de manera inmediata, lo que generaría sobre cargar los de por si sobre poblados centros de reclusión de la entidad, elevando con ello también el riesgo de propagación del coronavirus que ocasiona la enfermedad Covid-19.

Este martes 14 de abril fueron confirmados cinco casos de Covid-19 en el centro de readaptación social de Cuautitlán, cuatro de ellos internos y un custodio, lo que obligó su traslado al penal de Neza par su atención médica especializada.

La reforma a diversos incisos del artículo 290 del Código Penal para el Estado de México, propuesta por el diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Ulloa Pérez, obliga a cualquier persona funcionaria de la Fiscalía General de Justicia a presentar de inmediato ante un juzgado a quien cometa robo de vehículo o de auto partes.

Igualmente cualquier juez o jueza penal que reciba a una persona acusada de este delito, deberá ordenar de inmediato la prisión preventiva oficiosa.

Cárcel o cárcel

Abel Carreón Mora, abogado penalista aseguró que ninguna autoridad civil o jurisdiccional podrá negarse al encarcelamiento de personas acusadas de robo de autos o auto partes, de lo contrario estarían violando las leyes y serían igualmente sancionadas con cárcel.

El penalista dijo que si bien la medida aprobada pretende en principio inhibir que se sigan robando coches o sus partes en el Estado de México, esta reforma primero provocaría una mayor sobre población de las cárceles antes que conseguir su meta.

El Estado de México ocupa el primer ligar de robo de autos y tan sólo en 2019 se robaron 22 mil 781 unidades aseguradas, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Igualmente la entidad enfrenta una sobre población de 15 mil personas en sus 22 centros de reclusión.

La capacidad es de 13 mil internos y la realidad es que hay más de 28 mil personas privadas de la libertad, de las cuáles el 60 por ciento no tiene sentencia.

Encarcelar a quienes roben auto partes hará que las prisiones estén aún más sobre saturadas y en el contexto de la pandemia por el coronavirus representa un riesgo mayor, dijo Abel Carreón Mora.

El abogado penalista dijo que la reforma al Código Penal sería contraria a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de evitar incrementar las poblaciones carcelarias para frenar la propagación del virus; no hacerlo, dijo, sería violatorio a los derechos humanos, independientemente de que las personas hayan cometido o no un delito.

Y tampoco ofrecieron alternativas desde el Congreso del Estado, porque la prisión preventiva oficiosa significa el encarcelamiento inmediato, «no hay a dónde enviar a estas personas que sean detenidas», aclaró el penalista Carreón Mora.

Debieron despresurizar antes

Por su parte, el también abogado penalista y activista Gadiel Alcaraz Gil dijo que si bien la reforma pretende castigar con severidad a quienes cometen este tipo de delitos, primero debieron despresurizar las cárceles mexiquenses y permitir la liberación anticipada de quienes enfrenten proceso por delitos menores o de quienes hayan ya cumplido parte de su condena.

La propia CIDH ha recomendado la liberación anticipada de quienes enfrenten juicios por delitos no graves o que hayan cumplido dos tercios de su sentencia.

Alcaraz Gil dijo que el Congreso mexiquense bien pudo haber puesto un plazo mayor para que sea obligatorio el encarcelamiento de quienes roban o dañan autos, a fin de garantizar el derecho a la salud y evitar que la sobrepoblación carcelaria pueda acelerar los contagios de Covid-19.