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Lo más apremiante de este cambio de enfoque en instancias del Estado es ampliar la definición de periodista, distinguiendo claramente a quienes hacen labor esencial de conseguir información (reportear) con quienes son colaboradores periodísticos o usuarios de la libertad de expresión.
Por los hechos violentos ocurridos el 25 de noviembre de 2021 en el marco de las protestas por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencia contra las Mujeres, cuando elementos de seguridad pública agredieron a mujeres manifestantes.
Samuel Cortés Hamdam del equipo de profesionales de Sputnik, la agencia rusa de alcance internacional, identificó muy bien que esos diálogos pueden iniciar un giro radical en el modelo actual de protección.
Lo paradójico es el desinterés de este gremio flagelado, como lo reflejó el primer foro: entre más de 150 asistentes (104 vía remota y unos 50 presenciales) sólo se pudieron identificar a 9 periodistas profesionales activos en su ramo que participaron. Apenas el 6 por ciento y la mayoría limitados por estar en vía remota.
Más de la mitad de las personas reportadas como desaparecidas son mujeres
La experiencia nos enseñó que una ley de alcance nacional y de aplicación efectiva requiere de al menos tres cosas: voluntad política verdadera, pertinencia y viabilidad para su institucionalización y, sobre todo, el respaldo activo de la o las poblaciones a las que se reconozcan derechos y se les protejan. Poco de eso lo obtuvimos con la ley actual y la mayoría de leyes locales relacionadas.
Es urgente impulsar acciones estructurales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
El Instituto Mexicano para la Competitividad – indicó Stephan Brodziak-, en su investigación Beneficios de los Sistemas de Seguridad en los Automóviles pudo determinar que existe una correlación significativa entre la cantidad de autos calificados con cero estrella y la cantidad de muertes viales registradas en México.
En 2020, esta situación se agravó, considerando la ampliación en el uso de la prisión preventiva oficiosa, donde cuatro de cada diez hombres (25 por ciento) se encontraban privados de la libertad esperando una sentencia; en el caso de las mujeres esa proporción aumentó a una de cada dos (50 por ciento).
El Frente Nacional por la Familia ha podido observar que en las Clínicas de Interrupción Legal del Embarazo siempre están presentes un número importante de hombres vigilando que la mujer a la que acompañan ingrese a realizarse el procedimiento.
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