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Apenas pasaba del medio día de aquel miércoles 24 de julio de 2019. Seis periodistas mexiquenses esperaban afuera de la oficina del coordinador general de comunicación social del Gobierno del Estado de México, Jorge Alberto Pérez Zamudio, para hablar sobre la seguridad y protección del ejercicio periodístico y lo primero que pidió la secretaria del funcionario fue:

– Por favor dejen sus teléfonos celulares aquí antes de pasar.

La respuesta fue inmediata y sencilla con un monosílabo: “No”.

Ese fue el preámbulo de una reunión que el vocero del gobernador Alfredo del Mazo Maza quiso calificar como cordial, minutos después de que su segundo de a bordo, Alejandro Colon tuviera que salir al vestíbulo para tratar de convencer a este pequeño grupo de periodistas del por qué -según ellos- pedían entrar sin celulares.

En la oficina de la vocería gubernamental estaban, además del coordinador general de comunicación social, Rodrigo Espeleta Aladro, abogado y actual secretario de Derechos Humanos y consejero jurídico del gobierno estatal, su vocera Lorena Hebe Moreno y Alejandro Colón Vázquez, titular de la unidad de relaciones públicas del gobierno.

Al otro lado de la mesa las y los periodistas Josefina Nava y Juan Lázaro de la zona oriente; Luis Miguel Loaiza del Valle de México, y Adriana Tavira, Héctor Peñalosa y Andrés Solis Álvarez del Valle de Toluca.

El motivo de la reunión era encontrar una estrategia común para evitar agresiones en contra de periodistas. Un par de semanas antes se habían sucedido dos casos.

“Es importante aclarar que estas agresiones (reportadas el 1 y 3 de julio en Toluca y Ecatepec, respectivamente), se dieron por parte de funcionarios municipales”, atajó de inmediato Rodrigo Espeleta Aladro, queriendo desmarcar al gobierno estatal y de paso dar a entender que las agresiones provienen de funcionarios de gobiernos -casualemente- encabezados por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Y antes de cualquier intervención por parte de quienes le escuchábamos, el funcionario dijo:

-Tenemos conocimiento de que en el Congreso el partido mayoritario (o sea Morena) ha presentado un proyecto de ley de protección y este gobierno es respetuoso de la autonomía del poder legislativo, por lo que no haremos ningún comentario ni pronunciamiento, pero si apoyamos la idea de que haya una ley que les garantice protección a ustedes.
-Secretario, en realidad ustedes no le van a entrar al tema de la ley porque saben que son minoría en el Congreso y tu gobernador no se querrá pelear con el partido que si es mayoría- fue la respuesta.

Al final Espeleta Aladro mostró disposición de trabajar en una propuesta de protocolo de actuación para personas funcionarias públicas en aras de facilitar, permitir y no obstruir el trabajo de las y los periodistas mexiquenses y evitar con ello futuras agresiones.

Tanto el secretario de justicia y derechos humanos como el vocero del gobernador aceptaron que fuesen las y los periodistas quienes hicieran el primer borrador que sería entregado una semana después, el 31 de julio de 2019 y las observaciones del gobierno estarían el 15 de agosto siguiente.

El gobierno del Estado no cumplió. De hecho este sábado se cumple un año y siguen sin enviar su respuesta.

Rodrigo Espeleta Aladro se comprometió a tener una reunión con periodistas para diseñar el modelo de atención para instalar al menos una casa refugio para periodistas en situación de riesgo. Nunca cumplió.

Saben incumplir sus compromisos

No es la primera vez que incumplen con periodistas. La administración del priísta Alfredo del Mazo Maza ha sido insistente en mentir y no cumplir promesas de campaña ni acuerdos institucionales firmados ante el propio presidente de la República.

El 17 de mayo de 2017, en una sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y con la presencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto y del pleno del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, se firmó un acuerdo con colaboración entre la Federación y los gobiernos estatales para instalar unidades estatales de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que trabajarían de manera coordinada con el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación federal.

El gobierno mexiquense no ha cumplido con crear esa unidad de protección.

Este 11 de agosto se cumplieron tres años de que el gobierno federal y la Conago publicaran el protocolo de atención a periodistas, que eran las reglas básicas para la coordinación entre las unidades estatales y el mecanismo federal.

El gobierno mexiquense no utiliza ese protocolo, simplemente porque no quiere, como lo documentó CNX Noticias el 16 de julio de 2019. (Ver reportaje) y que el mismo día en que se publicó el reportaje, un funcionario de comunicación social del gobierno mexiquense pidió al medio que bajaran la historia, lo que no sucedió.

Un año después de aquella reunión, el grupo de seis periodistas creció y se convirtió en el Colectivo de Periodistas del Estado de México, que mantiene su propuesta de protocolo de actuación para garantizar y proteger el libre ejercicio del periodismo en la entidad.

Muy lejana quedó la promesa de “Cuenten conmigo” que hizo Alfredo del Mazo el 30 de mayo de 2017, cuando era candidato a gobernador.

Y más lejano quedó el compromiso cuando el 24 de agosto de 2019 fue asesinado el periodista Nevith Condés Jaramillo en la ciudad de Tejupilco.

Las mentiras de Morena

El gobierno estatal no ha sido el único omiso en garantizar la protección de quienes ejercen el periodismo. Desde el poder legislativo ha habido promesas que no se cumplen.

El 25 de abril de 2019 la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azucena Cisneros Coss presentó una proyecto de iniciativa de ley de protección de periodistas.

El proyecto de la legisladora por Ecatepec de Morelos era una compilación de las leyes vigentes a nivel federal de 2012 y la que fue aprobada en Ciudad de México en 2015, incluyendo errores y nombres de instituciones federales o capitalinas.

Desde el mes de abril, periodistas mexiquenses propusieron reuniones con la promovente del proyecto pero no se realizaron, porque nunca aceptó.

Tres meses después, a mediados de julio, inició el tercer periodo ordinario de sesiones del Congreso mexiquense y entre las 200 iniciativas pendientes de dictaminar se encontraba la ley de protección de periodistas. (Ver nota)

Concluyó el periodo y otra vez no hubo ley y durante el receso legislativo fue asesinado en Tejupilco, Nevith Condés Jaramillo y al día siguiente no faltaron los reclamos de congresistas por ese asesinato, pero nadie aceptó que no quisieron aprobar la ley de protección que pudo haber cambiado las condiciones en que el colega ejercía su trabajo.

Antes de diciembre habrá ley: Maurilio

Al 15 de septiembre de 2019 ya había nuevo periodo de sesiones. La ex panista y hoy diputada de Encuentro Social, Julieta Villalpando Riquelme presentó su propio proyecto de ley de protección que fue ignorada por el grupo mayoritario, aunque la ex alcaldesa de Coacalco de Berriozabal también ignoró el llamado de periodistas para platicar sobre su iniciativa.

El Colectivo de Periodistas del Estado de México convocó a sus pares a un foro para analizar los proyectos de ley de protección, el de Julieta Villalpando y el de Azucena Cisneros.

Este evento se realizó el 24 de octubre de 2019 en la sede del Congreso. Maurilio Hernández lo inauguró y allí, ante más de 80 periodistas de todo el estado, prometió que aprobarían la ley antes del 31 de diciembre. (Ver nota)

Azucena Cisneros Coss estuvo en la inauguración y no regresó al salón Benito Juárez hasta la clausura, a la que llegó tarde y de mal humor porque alguien le dijo que las y los periodistas iban a clausurar el evento con o sin su presencia. Al final no estuvo en ninguna de las mesas.

Tras horas de discusión, de ese foro del 24 de octubre surgió una propuesta de adiciones al proyecto de ley de protección presentado por la mayoría morenista; un proyecto trabajado y consensuado por periodistas de toda la entidad y que incluye once de 14 derechos de periodistas reconocidos en las mejores prácticas internacionales.

Llego diciembre, concluyó el periodo de sesiones y Morena no cumplió su promesa. (Ver más)

El presidente del Congreso culpó a periodistas de no haber alcanzado consenso en torno a la ley, ignorando las propuestas que en propia mano había recibido en octubre y mintiendo además porque el resto de los grupos parlamentarios ni siquiera recibió una minuta para discutir la ley de protección. (Ver nota)

Lo siguiente fueron meses de silencio que se incrementó porque la bancada morenista en el Congreso mexiquense supo aprovechar el encierro por la pandemia provocada por el coronavirus SARS-Cov2, que causa Covid-19.

Los municipios morenistas que también mienten

El 5 de febrero de este año 2020, fieles a una tradición de hace varios años, los ayuntamientos mexiquenses publicaron sus bandos municipales, su ley fundamental.

Municipios gobernados por Morena como Toluca, Metepec y Ecatepec incluyeron en sus respectivos bandos el reconocimiento que tienen las y los periodistas a ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Sus alcaldes y alcaldesa presumieron como un logro haber incluido este reconocimiento, aunque las últimas agresiones contra periodistas se han registrado precisamente en esos municipios y desde que iniciaron su gestión ninguna persona funcionaria ha sido sancionada por agredir periodistas.

Los casos más recientes fueron en Toluca el 16 de mayo de 2020 (ver nota) y Ecatepec el 17 de julio (ver nota), con todo y sus bandos municipales.

Nuevas promesas desde Morena

Este 6 de agosto de 2020, 15 meses después de haber presentado su primera iniciativa, Azucena Cisneros Coss presentó un nuevo proyecto.

El nuevo proyecto es el mismo, con cambios apenas perceptibles y sin considerar las propuestas que en el último año han hecho las y los periodistas mexiquenses. (Ver documento)

La nueva propuesta no sólo ignora el trabajo de periodistas; su promovente no acepta reunirse con periodistas que pueden aportarle conocimiento y experiencia.

El documento reproduce un concepto inadecuado de lo que es ser periodista, pretende imponer restricciones al goce de derechos reconocidos a nivel internacional y no propone políticas para prevenir agresiones contra periodistas.

En su mensaje del 6 de agosto pasado, la diputada Cisneros Coss aseguró que “con la aprobación de la ley integral para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos del Estado de México (sic) se reconocerán estas actividades como de interés público, garantizando la libertad de expresión y la defensa de los derechos de quieres las llevan a cabo”. Ver video de Azucena Cisneros Coss

Sin embargo en ninguna de las 24 cuartillas que integran el proyecto de iniciativa viene esa afirmación ni forma parte de ninguno de los articulados.

El proyecto de ley que entregó el Colectivo de Periodistas del Estado de México propone lo siguiente como artículo primero:

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de México y tiene como objeto garantizar y tutelar la libertad del derecho a la información, la libertad de criterio y opinión al informar y el libre ejercicio profesional del periodismo.

La presente ley reconoce al ejercicio profesional del periodismo como una actividad de Interés Público que debe ser Tutelada y Protegida por el Estado y los municipios.” (ver documento)

En su boletín de prensa la diputada Azucena Cisneros afirma que la propuesta fue “nutrida con las opiniones y observaciones de periodistas de todo el estado”, pero en los hechos no incluye ninguna de las propuestas presentadas después del foro de análisis del 24 de octubre de 2019.

A unos días de haber presentado su nueva propuesta, la congresista de Morena no ha accedido a reunirse con periodistas, para que pueda conocer los errores que comete y el por qué su proyecto de ley no es el adecuado. (ver nota)