Las grietas y hundimientos que se han registrado en distintos puntos del Estado de México llegaron al Congreso mexiquense.
La bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa denominada “Ley Antigrietas”, que plantea incorporar medidas específicas para identificar, vigilar y prevenir riesgos relacionados con la subsidencia del terreno.
La propuesta fue presentada por la diputada Ruth Salinas Reyes, a nombre de MC, bancada encabezada en la LXII Legislatura por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández.

El proyecto plantea reformas a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, con el objetivo de que el gobierno estatal cuente con herramientas para identificar zonas donde el hundimiento progresivo del terreno pueda representar un riesgo para la población.
Proponen Atlas Estatal de Subsidencia
Uno de los principales planteamientos consiste en que la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) genere un Atlas Estatal de Subsidencia del Terreno.
La iniciativa también propone que la Comisión participe, como integrante del Consejo Estatal de Protección Civil, en la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos.
De acuerdo con el proyecto, la CAEM deberá coordinarse con los municipios y organismos operadores de agua para implementar medidas de mitigación cuando la subsidencia pueda poner en riesgo a la población.
La propuesta contempla además que, cuando resulte necesario, la autoridad pueda solicitar apoyo de las instancias responsables de la atención de desastres naturales.
MC plantea vigilar acuíferos sobreexplotados
El proyecto también busca que la Comisión Técnica del Agua del Estado de México vigile de manera permanente los procesos de subsidencia y evalúe el nivel de riesgo en los centros de población asentados sobre acuíferos sobreexplotados.
Otro punto relevante es la posibilidad de establecer zonas de veda y de protección.
La iniciativa plantea facultar a la persona titular del Poder Ejecutivo estatal para emitir decretos destinados a establecer o suprimir estas zonas y adoptar medidas para prevenir o atenuar la sobreexplotación de los acuíferos, el deterioro de su calidad y los procesos de subsidencia que representen un riesgo para la población.
En las zonas que sean declaradas de veda, el planteamiento contempla restricciones a la autorización de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento del agua.
El problema también está documentado en Toluca
La propuesta legislativa coloca nuevamente bajo discusión un fenómeno que ya cuenta con registros en la capital mexiquense.
El Atlas Municipal de Riesgos de Toluca 2025-2027 registra 22 zonas de fracturamiento del suelo. Un análisis publicado en julio con base en ese instrumento señala que los procesos de fracturamiento se localizan, entre otras áreas, en San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán, Santiago Miltepec, San Pedro y Santa María Totoltepec, La Maquinita, Centro Histórico, Colón, Universidad y Santa Ana Tlapaltitlán.
El mismo documento identifica los hundimientos y asentamientos diferenciales como fenómenos asociados con distintos factores, entre ellos la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el desarrollo urbano.
Sin embargo, determinar qué factores intervienen en cada zona requiere estudios específicos.
De hecho, desde agosto el Ayuntamiento de Toluca trabaja con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un estudio integral del subsuelo que tendrá una duración aproximada de siete meses.
El análisis incluye estudios de geología, geofísica, hidrogeología e interferometría satelital, con los que se pretende conocer la estructura del subsuelo, medir cuánto se desplaza el terreno, identificar fracturas y analizar el comportamiento del agua subterránea.
Durante la presentación del proyecto, especialistas de la UNAM señalaron que los hundimientos pueden involucrar distintos factores, entre ellos la extracción de agua, las características del suelo y movimientos relacionados con fallas geológicas, por lo que el estudio busca establecer con evidencia científica qué ocurre en cada zona.
Los resultados también servirán para fortalecer el Atlas Municipal de Riesgos y aportar información para decisiones relacionadas con desarrollo urbano, uso de suelo, protección civil y gestión del agua.
También reportan grietas en otros municipios
Durante la lectura de la iniciativa, Ruth Salinas citó información atribuida al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la presencia de grietas en municipios como Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad, Ecatepec de Morelos, Chimalhuacán, Chalco, La Paz, Texcoco y Atenco.
El planteamiento de MC busca que el problema deje de atenderse únicamente de manera fragmentada y que el Estado cuente con información homologada sobre las zonas afectadas, su evolución y el nivel de riesgo.
Para ello, el Atlas Estatal de Subsidencia funcionaría como una herramienta de identificación y seguimiento, mientras que la coordinación con municipios y organismos operadores permitiría definir medidas de mitigación.
La iniciativa define qué entiende por subsidencia
El proyecto incorpora además una definición de subsidencia del terreno como el hundimiento progresivo o paulatino de la superficie terrestre.
La propuesta relaciona este fenómeno con la extracción excesiva de agua subterránea y señala entre sus posibles consecuencias daños estructurales en viviendas e infraestructura, fracturas del suelo y afectaciones en las redes de drenaje y distribución de agua.
Aquí existe un punto relevante para el análisis legislativo: la iniciativa plantea una relación entre extracción de agua y subsidencia, pero el estudio que actualmente desarrolla la UNAM en Toluca busca determinar el peso de los distintos factores que intervienen en los hundimientos y fracturas.
“No se conocen las causas”, señala Salinas
Durante la presentación de la propuesta, la diputada Ruth Salinas sostuvo que estos fenómenos afectan el patrimonio de las familias y su integridad física.
De acuerdo con la legisladora, cuando las personas afectadas buscan conocer el origen de las grietas y daños que aparecen en sus viviendas, en algunos casos reciben como respuesta que se desconocen las causas.
La iniciativa busca modificar ese escenario mediante instrumentos que permitan identificar las zonas de riesgo, generar información técnica, mantener vigilancia y establecer medidas preventivas.
La propuesta todavía deberá seguir el proceso legislativo correspondiente. No se trata de una reforma vigente, sino de un proyecto que tendrá que ser analizado y, en su caso, dictaminado por el Congreso mexiquense.
Por ahora, la discusión legislativa coincide con una realidad que ya ha sido registrada en documentos de protección civil y estudios técnicos: Toluca cuenta con 22 zonas identificadas de fracturamiento del suelo y actualmente especialistas de la UNAM estudian el subsuelo para determinar cómo se comporta y qué factores explican los hundimientos y fracturas.

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