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Buscan frenar abusos patrimoniales contra adultos mayores

Una firma otorgada de buena fe, una cuenta bancaria administrada por un familiar o una donación pueden convertirse en mecanismos de abuso contra las personas adultas mayores. Una iniciativa legislativa en el Estado de México busca reconocer estas conductas como violencia patrimonial y ampliar la protección jurídica de quienes enfrentan presiones o abusos dentro de su propia familia.

La propuesta plantea reformar el Código Civil estatal para incluir los actos y omisiones que vulneren la autonomía de las personas adultas mayores sobre sus propiedades, derechos y bienes. El proyecto se encuentra en análisis en comisiones legislativas y todavía requiere revisión antes de avanzar en el proceso legislativo.

El abuso puede comenzar con una relación de confianza

La iniciativa, presentada por la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, parte de una problemática que no siempre se manifiesta mediante el despojo directo de una propiedad. También puede presentarse cuando un familiar obtiene facultades para administrar recursos, recibe un poder legal o interviene en donaciones y contratos que terminan perjudicando a la persona adulta mayor.

Durante el análisis de la propuesta, se expuso que estas situaciones pueden convertir el patrimonio acumulado durante años de trabajo en un instrumento de abuso, particularmente cuando existe una relación de parentesco, confianza, cuidado o dependencia.

El proyecto busca que la violencia patrimonial también comprenda el ocultamiento, la disposición y la administración indebida de bienes, así como el aprovechamiento de esas relaciones para inducir o ejecutar actos que afecten los derechos de la persona adulta mayor.

Advierten vacíos y posibles conflictos legales

La discusión legislativa también puso sobre la mesa la necesidad de revisar los alcances jurídicos de la reforma para evitar contradicciones con otras disposiciones legales.

Durante la reunión, Octavio Martínez Vargas planteó solicitar una opinión al Poder Judicial y revisar la relación de la iniciativa con el Código Penal, particularmente en materia de despojo, uso de tarjetas bancarias y otorgamiento de poderes.

 

El legislador también señaló posibles irregularidades relacionadas con la expedición de poderes notariales cuando una persona ya no cuenta con capacidad para otorgarlos o incluso ha fallecido.

Por su parte, Miriam Silva Mata advirtió que la propuesta debe precisar la diferencia entre las conductas que corresponden al ámbito civil y aquellas que pueden constituir delitos. También pidió mejorar la redacción y definir conceptos como la administración indebida de bienes, a fin de evitar interpretaciones contradictorias.

Proponen medidas para proteger a las víctimas

Entre las observaciones planteadas durante el análisis, Emma Laura Alvarez Villavicencio propuso incorporar peritajes especializados en estos procedimientos y valorar la reversión de la carga de la prueba cuando se demuestre una relación de dependencia o subordinación.

También planteó que, en casos de alto impacto, intervenga una persona notaria pública para entrevistar a la posible víctima y verificar que no exista presión familiar al momento de realizar actos relacionados con su patrimonio. Asimismo, propuso considerar medidas cautelares cuando las circunstancias lo ameriten.

Patricia Santos señaló que la edad no debe utilizarse como argumento para limitar la capacidad de las personas adultas mayores para decidir sobre sus bienes o administrarlos. Sostuvo que su patrimonio debe representar una garantía de autonomía, tranquilidad y dignidad, no una oportunidad para el abuso.

La reforma aún debe avanzar en el proceso legislativo

El planteamiento busca ampliar el reconocimiento jurídico de la violencia patrimonial cuando una persona aprovecha vínculos familiares, de confianza, cuidado, apoyo o dependencia para obtener, administrar, gravar o transmitir bienes y derechos en perjuicio de una persona adulta mayor.

Sin embargo, las observaciones formuladas por las y los legisladores muestran que todavía existen aspectos por precisar, particularmente en la definición de las conductas, las responsabilidades y los mecanismos de protección.

La discusión de la iniciativa abre así un tema de interés público: cómo proteger el patrimonio de las personas adultas mayores sin vulnerar su derecho a decidir libremente sobre sus propiedades y recursos.

América Muñoz Herrera

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Periodista con más de 13 años de trayectoria en distintos medios de Comunicación de Veracruz y el Estado de México. También ha colaborado en gobiernos municipales. Su lema es que no es un producto terminado y está en constante aprendizaje.

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