La desnutrición crónica afecta a aproximadamente 5.7 millones de niñas y niños en América Latina y el Caribe, mientras que la anemia, las dificultades para acceder a una alimentación saludable y el incremento del sobrepeso infantil mantienen una problemática que compromete el desarrollo físico, cognitivo y económico de la región.
Aunque los indicadores generales de seguridad alimentaria muestran avances en comparación con otras regiones del mundo, las cifras esconden profundas desigualdades entre países y comunidades. La población indígena, las familias que habitan en zonas apartadas y quienes tienen menor acceso a servicios de salud y saneamiento enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.
El problema no se limita a la disponibilidad de alimentos. También involucra la calidad de la alimentación, el acceso a servicios básicos, la atención durante el embarazo y los primeros años de vida, así como las decisiones presupuestarias de los gobiernos.
Esta situación coloca a la primera infancia frente a uno de los desafíos más importantes para el desarrollo regional: garantizar una nutrición adecuada desde el nacimiento, antes de que sus consecuencias se conviertan en limitaciones para toda la vida.
Desnutrición crónica: una afectación que compromete el desarrollo infantil
Uno de los principales indicadores de esta problemática es la desnutrición crónica, una condición asociada con una alimentación insuficiente o inadecuada durante periodos prolongados.
Sus consecuencias van más allá del crecimiento físico. También pueden afectar el desarrollo cerebral, la capacidad de aprendizaje, la salud y el desempeño productivo durante la vida adulta.
De acuerdo con las cifras expuestas por Carolina Turriago, asesora regional senior de la Red de Sociedad Civil del Movimiento Scaling Up Nutrition para América Latina y miembro de Somos Crianza, la prevalencia de desnutrición crónica permanece estancada en la región y afecta a unos 5.7 millones de niñas y niños.
En la mayoría de los países latinoamericanos, la prevalencia oscila entre 10 y 20 por ciento. Sin embargo, Guatemala presenta el escenario más preocupante, con 46.5 por ciento, una de las tasas más elevadas del mundo.
Las desigualdades también se reflejan dentro de cada país. La desnutrición crónica suele presentar mayores niveles entre la población indígena y las comunidades que viven en territorios alejados, donde la cobertura de los servicios de salud, saneamiento y atención primaria resulta limitada.
El impacto tampoco termina en la infancia. Las consecuencias alcanzan a las familias y representan una carga para los sistemas de salud, educación y productividad. Esto convierte a la nutrición en un asunto de desarrollo social y económico.
Anemia y lactancia materna: dos indicadores que preocupan
Otro de los fenómenos que requiere atención es el incremento de la anemia entre las mujeres en edad fértil.
Aunque hace aproximadamente una década se consideraba una condición bajo control, su prevalencia ha aumentado desde 2013 y actualmente afecta al 19.9 por ciento de las mujeres en edad fértil de América Latina y el Caribe.
Las diferencias territoriales son importantes. En el Caribe alcanza 29.1 por ciento; en Sudamérica, 21.8 por ciento, y en Centroamérica, 13.8 por ciento.
Esta condición representa un riesgo adicional durante el embarazo, debido a sus posibles efectos en la salud de las mujeres y de sus bebés. También está relacionada con el bajo peso al nacer y con mayores posibilidades de enfrentar problemas nutricionales durante los primeros años de vida.
A este escenario se suma el rezago en lactancia materna exclusiva, considerada una de las principales medidas de protección nutricional durante los primeros seis meses de vida.
Aunque la región ha registrado avances, permanece por debajo del promedio mundial: 43.4 por ciento de prevalencia en América Latina y el Caribe, frente a 47.8 por ciento a nivel global.
Las diferencias entre países muestran que los progresos no son uniformes.
Perú superó el objetivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud para 2030, con una prevalencia superior al 60 por ciento en 2023. En contraste, Costa Rica registró una disminución preocupante, con 25.3 por ciento en 2018.
La lactancia materna exclusiva constituye un factor fundamental para la protección de la salud infantil. Por ello, las diferencias entre países evidencian la necesidad de fortalecer las políticas de acompañamiento, atención y promoción de esta práctica.
El sobrepeso infantil también aumenta en la región
La malnutrición no se manifiesta únicamente mediante la falta de alimentos o nutrientes. El exceso de peso durante la infancia representa otro problema que ha ganado terreno en América Latina y el Caribe.
El sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años mantiene una tendencia ascendente desde el año 2000. Para 2024, la prevalencia regional se ubicó en 8.8 por ciento, por encima del promedio mundial.
Entre los factores que inciden en esta situación se encuentran el costo de los alimentos saludables y las dificultades para acceder a dietas equilibradas.
Esta problemática adquiere especial relevancia en el Caribe y Panamá, donde el acceso económico a una alimentación saludable representa un desafío mayor en comparación con otros territorios de la región.
Así, América Latina enfrenta una doble carga de malnutrición: por un lado, millones de niñas y niños padecen desnutrición crónica y deficiencias nutricionales; por otro, aumenta el sobrepeso desde edades tempranas.
Ambos fenómenos requieren políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la mala alimentación y garanticen condiciones para que las familias puedan acceder a productos nutritivos.
América Latina está lejos de cumplir las metas de nutrición para 2030
El panorama descrito también refleja las dificultades de los países para cumplir los compromisos internacionales en materia de alimentación y salud.
La región no avanza al ritmo necesario para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, relacionado con el Hambre Cero, ni varias de las metas de la Asamblea Mundial de la Salud sobre seguridad alimentaria y malnutrición.
En 2024, la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25.2 por ciento de la población de América Latina y el Caribe.
Aunque este indicador disminuyó por cuarto año consecutivo desde el máximo registrado en 2020, la reducción no significa que el problema esté resuelto.
Las diferencias entre subregiones y países muestran que los avances generales pueden ocultar situaciones de mayor gravedad en determinadas comunidades.
Esta brecha también se relaciona con la disminución de la prioridad que América Latina y el Caribe han recibido en materia de cooperación y financiamiento internacional.
Al presentar indicadores promedio relativamente favorables frente a otras regiones, los países latinoamericanos han perdido presencia en algunas agendas de financiación externa, pese a que millones de niñas y niños continúan enfrentando problemas nutricionales.
Invertir en nutrición puede generar hasta 23 dólares por cada dólar destinado
Más allá del diagnóstico, uno de los principales planteamientos de la especialista es que la nutrición durante la primera infancia debe dejar de considerarse un gasto asistencial y ocupar un lugar estratégico en los presupuestos públicos.
La inversión en alimentación adecuada, atención materna, lactancia y servicios de salud tiene efectos que trascienden los primeros años de vida.
De acuerdo con la estimación citada por Turriago, por cada dólar invertido en nutrición pueden generarse retornos de hasta 23 dólares, derivados de mejores condiciones de salud, mayor capacidad de aprendizaje y una productividad laboral más elevada.
Este rendimiento económico refuerza la importancia de atender la malnutrición desde sus primeras manifestaciones, en lugar de destinar recursos únicamente a tratar sus consecuencias.
La especialista señala que, durante los procesos electorales, la inseguridad alimentaria y la malnutrición suelen ocupar espacios importantes en los discursos políticos. Sin embargo, cuando llega el momento de definir las prioridades presupuestarias, estos temas pierden relevancia frente a otras agendas, como la seguridad ciudadana o la crisis energética.
Sin restar importancia a esos problemas, el planteamiento es que la alimentación durante los primeros años de vida debe entenderse como una inversión que incide directamente en el bienestar de la población, la estabilidad social y el desarrollo económico.
Por ello, la responsabilidad no corresponde exclusivamente a las instituciones encargadas de la salud. También involucra a las áreas de finanzas, educación, protección social, organismos internacionales, sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil.
La inversión en primera infancia llegó a la agenda regional
La necesidad de incrementar y mejorar los recursos destinados a la niñez también fue parte de la discusión regional durante la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, realizada del 10 al 12 de noviembre en la Ciudad de México.
El encuentro reunió a distintos sectores para abordar los mecanismos de financiamiento, la coordinación entre instituciones y la importancia de colocar el desarrollo infantil en las prioridades de inversión pública.
La discusión puso sobre la mesa un desafío que trasciende los encuentros regionales: conseguir que los compromisos se traduzcan en presupuestos suficientes, sostenibles y orientados a resultados.
Para ello, se requiere fortalecer la coordinación entre gobiernos, organismos de cooperación, bancos de desarrollo, sector privado y organizaciones sociales. También es necesario mejorar los mecanismos de medición para conocer oportunamente las necesidades de la población infantil y evaluar el impacto de los recursos destinados a atenderlas.
El reto consiste en evitar que la primera infancia permanezca como una prioridad únicamente en los discursos y garantizar que tenga una asignación presupuestaria acorde con su importancia.
El presupuesto también define las oportunidades de la niñez
La discusión sobre nutrición infantil plantea una pregunta de fondo: ¿qué lugar ocupa realmente la primera infancia en las decisiones económicas de los gobiernos?
Las cifras muestran que la desnutrición crónica, la anemia, las dificultades para mantener la lactancia materna exclusiva y el incremento del sobrepeso no son problemas aislados. Son expresiones de desigualdades que comienzan desde los primeros años de vida y pueden prolongarse hasta la edad adulta.
Por ello, la atención no puede limitarse a programas temporales ni a acciones de emergencia. Requiere políticas sostenidas, recursos protegidos, servicios de salud accesibles y estrategias que atiendan las condiciones económicas y sociales que determinan la alimentación de las familias.
El desafío para América Latina y el Caribe consiste en convertir los compromisos internacionales y regionales en decisiones presupuestarias verificables.
Porque la nutrición durante la primera infancia no solamente determina las condiciones en las que niñas y niños crecen hoy. También influye en sus oportunidades educativas, su salud futura y su capacidad para participar en el desarrollo de sus comunidades.
Los primeros años de vida no ofrecen una segunda oportunidad para corregir las consecuencias de una nutrición deficiente. Por eso, invertir en la infancia no puede seguir siendo una promesa de los gobiernos: debe convertirse en una prioridad del presupuesto público.


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