Blindada tras vallas de pánico y sorda al reclamo social, la Fiscalía General enfrenta una crisis de legitimidad tras bloquear el acceso a ciudadanos y representantes populares.

Durante una jornada de protesta que evidenció la falta de protocolos de atención, colectivos y víctimas señalaron a la institución por operar como un engranaje que, bajo la figura de “protección a la víctima”, ha permitido la criminalización de inocentes.

El muro contra la supervisión legislativa

La tensión escaló durante el acompañamiento oficial del Diputado Octavio Martínez Vargas —prosecretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia— y la Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón.

A pesar de su investidura y de la facultad constitucional de supervisión, ambos integrantes de la Comisión Legislativa de Justicia fueron repelidos por un cerco de uniformados.

Este bloqueo fue interpretado por los presentes como una política de opacidad.

Si a los legisladores les niegan la entrada a un edificio público, ¿qué nos espera a nosotros?”, cuestionaron las familias que han permanecido más de dos meses en plantón, denunciando que el presupuesto se destina a barreras metálicas en lugar de a la investigación eficiente.

La “llave de la injusticia”: el uso faccioso del trato de víctima

Uno de los puntos centrales de la denuncia ciudadana radica en lo que califican como un modus operandi administrativo: el otorgamiento arbitrario del estatus de “víctima”.

Según los testimonios recabados, el Ministerio Público utiliza esta etiqueta como un cheque en blanco, favoreciendo a denunciantes sin pruebas sólidas y permitiendo procesos de despojo y persecuciones judiciales sin una investigación previa que sustente el delito.

Bajo esta lógica, ciudadanos que realmente son afectados terminan como imputados, debido a un trato diferencial que prioriza a quien señala primero.

Desde las líneas de la protesta, una profesional del sector de la construcción —que enfrenta un proceso bajo este esquema— fue tajante:

Para mí, realmente la Fiscalía es el hogar de los corruptos”.

Su caso es señalado por los colectivos como un ejemplo de cómo se validan delitos inexistentes para favorecer intereses particulares.

Resistencia civil contra la impunidad

Ante la negativa de los mandos para entablar comunicación, los manifestantes utilizaron megáfonos para romper el cerco sonoro del recinto.

El reclamo fue unísono: mientras el búnker se cierra para las víctimas de delitos fabricados, los verdaderos criminales operan con impunidad.

A los delincuentes les dan abrazos y a nosotros nos cierran la puerta en la cara; mientras ellos extorsionan en las calles, ustedes se esconden tras una reja”, resonó frente al despliegue policial.

Tras horas de confrontación verbal y la presión de la ciudadanía, junto a los diputados Martínez Vargas y Leyva Piñón, se logró forzar el compromiso de una mesa de diálogo que, hasta el momento, no se ha concretado.

Los colectivos advirtieron que el plantón es indefinido y no habrá retroceso hasta que se revisen las carpetas señaladas como amañadas y se elimine el tráfico de influencias que —aseguran— hoy protege a los verdaderos corruptos.