por Un espacio sin infancia
En el dormitorio principal del Albergue de Migrantes “Hermanos en el Camino”, ubicado en el municipio de Metepec, en la zona conurbada de Toluca —capital del Estado de México, en el centro del país—, entre literas metálicas y colchones cubiertos con cobijas gruesas, no hay ningún espacio destinado a la primera infancia.
Las estructuras de hierro sostienen ropa colgada, mochilas y mantas que sirven como divisiones improvisadas. El techo es de lámina. Los muros, de ladrillos sin aplanar.
La luz entra por una ventana amplia y cae sobre una mesa de plástico, junto a un garrafón de agua. El espacio es funcional. Austero. Adaptado. No está diseñado para bebés.
En el sanitario de varones, en una esquina, junto a una cubeta roja, descansa una tina blanca de plástico colocada sobre un bote azul. Dentro hay algunas prendas. La pared detrás conserva manchas de humedad.
Si mañana llega un bebé, ese sería el lugar para su higiene.
Aunque el director, Armando Vilchis Vargas, asegura que cuentan con una cuna para estos casos, durante el recorrido no se observó un área destinada exclusivamente para niñas y niños en primera infancia, ni condiciones visibles para su resguardo, higiene o descanso.
El albergue, que opera desde hace más de una década, es sostenido por su director con recursos propios y donaciones. No forma parte de la red institucional de Centros de Asistencia Social ni cuenta con personal especializado para la atención de la primera infancia.
Cuando llegan familias, se les da espacio donde se pueda… aquí se atiende con lo que hay”, explica.
Sin embargo, reconoce que no existe un protocolo específico ni personal capacitado para la atención de bebés.
En ese contexto, la carencia de espacios para la primera infancia migrante no es circunstancial: es el resultado de una omisión institucional que traslada la responsabilidad del Estado a iniciativas comunitarias sin respaldo formal.
Toluca sin albergue: una ausencia estructural
El funcionamiento del albergue en Metepec evidencia una condición estructural más amplia.
En Toluca, capital del Estado de México, no se identificó la operación de un albergue institucional especializado para la atención de personas migrantes en tránsito, por lo que el espacio en Metepec funciona como uno de los principales puntos de referencia de la zona.
Esta ausencia resulta significativa en una entidad que, aunque no es frontera, forma parte de las rutas migratorias hacia el norte del país.
Entre la resistencia y la vulnerabilidad: operar sin Estado
En este contexto de ausencia institucional, el albergue ha operado bajo condiciones de presión constante.
De acuerdo con su director, el espacio cuenta con una medida cautelar emitida por la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), derivada de actos de hostigamiento y posibles desalojos en años anteriores.
El documento —identificado como oficio 37743, con fecha del 20 de julio de 2020— establece acciones de protección para evitar afectaciones a las personas migrantes alojadas en el lugar.
Esta medida ha permitido su continuidad operativa frente a intervenciones externas. Es decir, la supervisión responde a episodios específicos y a la necesidad de evitar vulneraciones, pero no configura un esquema permanente de atención para la infancia migrante en tránsito.
La infancia que llega sin sistema
Bajo estas condiciones, la atención a niñas y niños migrantes se da sin un esquema institucional claro.
La escena no es hipotética. Ha ocurrido.
El albergue ha recibido niñas y niños. Incluso, según relata Armando Vilchis Vargas, han acompañado nacimientos.
Entre los casos que recuerda, menciona el de una niña de origen cubano que llegó con un cuadro de desnutrición.
Venía muy mal. Nosotros la llevamos al centro de salud y la estuvimos atendiendo”, relata.
En ese proceso, la atención médica fue gestionada directamente por el albergue, sin una intervención institucional visible en el lugar.
Aquí todo es con lo que tenemos… con lo que conseguimos”, añade.
Y remata: “A las autoridades no les importa la niñez migrante”.
Lo que dice la ley —y lo que no ocurre
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014):
• Artículo 13: establece el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo
• Artículo 50: garantiza el acceso a servicios de salud
• Artículo 57: reconoce el derecho a la educación sin discriminación
• Artículo 104: obliga a la intervención de autoridades cuando un menor requiere protección
Además, en el caso del Estado de México, la legislación local establece:
• Artículo 92: obligación de garantizar protección integral
• Artículo 93: creación y supervisión de Centros de Asistencia Social
A esto se suma un punto clave del marco internacional.
De acuerdo con lo señalado por Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe , la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece:
• Protección internacional reforzada
• Políticas públicas especializadas
• Prohibición de la detención migratoria infantil
Las niñas y niños migrantes no pueden ser detenidos. Eso obliga al Estado a generar espacios adecuados para su atención”, explica.
Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos no se observan de manera sistemática en territorio.
Esta brecha entre el marco normativo y la realidad operativa no es menor: implica que, en los hechos, no hay claridad sobre qué institución está asumiendo la protección de la niñez migrante en tránsito.
Instituciones sin evidencia de coordinación
En el Estado de México, la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad recae formalmente en el Sistema DIF y en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con su información pública, el sistema estatal cuenta con Centros de Asistencia Social destinados al acogimiento residencial, donde se brinda alimentación, atención médica, psicológica y acompañamiento educativo.
Sin embargo, en la revisión de portales institucionales, informes públicos y plataformas de transparencia, no se localizaron referencias específicas a la atención de población migrante infantil, ni a esquemas de coordinación formal con albergues comunitarios.
Esta ausencia resulta relevante en una entidad que forma parte de rutas migratorias y donde espacios como el albergue en Metepec continúan recibiendo a personas en tránsito.
En ese contexto, la atención a niñas y niños migrantes se desarrolla, en parte, fuera de una red institucional claramente documentada, lo que dificulta identificar mecanismos de canalización, seguimiento y acompañamiento especializado, particularmente para la primera infancia.
El presupuesto: asistencia sin infraestructura
Esta falta de articulación también se refleja en el uso de los recursos públicos.
Al revisar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2025 del DIF del Estado de México, se observa que:
• La mayor parte del gasto se concentró en el Capítulo 4000 (Ayudas y Subsidios)
• El Capítulo 6000 (Inversión Pública) no reporta ejecución relevante en infraestructura
Esto significa que el Estado prioriza la asistencia inmediata, pero no la creación de infraestructura especializada para la infancia migrante.
Migración infantil: cifras que no cuentan toda la historia
Lo anterior ocurre en un escenario donde a nivel nacional, los datos reflejan un crecimiento sostenido del fenómeno:
• En 2024 se registraron más de 108 mil niñas, niños y adolescentes migrantes
• Entre 2018 y 2024, el incremento supera el 500%
• El aumento ha sido particularmente acelerado en niñas y niños de menor edad
Sin embargo, persiste un vacío clave: no existe un desglose público suficiente sobre primera infancia, lo que limita dimensionar con precisión la situación de bebés y menores de 5 años. Ni siquiera se sabe cuántos son los más pequeños.
En el caso del Estado de México, la limitación es aún mayor.
Datos de la Unidad de Política Migratoria indican que en el primer trimestre de 2025 se registraron:
• 1,401 eventos en enero
• 843 en febrero
• 956 en marzo
Pero estas cifras corresponden a eventos de devolución a nivel nacional, no al tránsito en la entidad.
Es decir: el fenómeno existe, pero no se mide con precisión en estados no fronterizos.
Del caso al sistema
Y es justamente ahí donde la experiencia del albergue en Metepec deja de ser un caso aislado para convertirse en evidencia estructural
Porque, como explica Juan Martín Pérez García, el Estado de México no solo es una zona de paso, sino también un espacio donde las familias migrantes comienzan a permanecer.
Las ciudades que eran de tránsito ahora son de estancia. Pero no hay políticas públicas para eso”, advierte.
Rutas controladas por el crimen y complicidad institucional
En ese nuevo escenario, el tránsito migrante en México enfrenta un entorno de alto riesgo.
Según el especialista en derechos de la niñez, las familias migrantes están expuestas a:
• Extorsión, explotación, secuestro y asesinato
• Complicidad de autoridades migratorias y de seguridad
• Violaciones sistemáticas a derechos humanos
Este contexto —agrega— agrava la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, quienes además carecen de redes de protección y mecanismos efectivos de resguardo.
Estado de México: concentración migrante sin política pública
En el Estado de México, la presencia migrante es evidente, aunque no exista un registro oficial claro.
Se identifican zonas de concentración, principalmente de población venezolana, en municipios como:
• Ecatepec
• Coacalco
• Chalco
Sin embargo, abundó Pérez García, esta presencia contrasta con un problema central: no hay datos precisos sobre cuántos niños y niñas migrantes habitan o transitan por la entidad, lo que refuerza su invisibilidad institucional.
Acceso a derechos: entre la ley y la omisión
Aunque la legislación mexicana establece derechos, en la práctica se presentan fallas:
• Dificultades para ingresar al sistema educativo
• Ausencia de programas de reunificación familiar
• Limitado acceso a visas humanitarias o asilo
A ello se suma la saturación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y del Instituto Nacional de Migración, lo que se traduce en trámites prolongados, rezagos administrativos y miles de casos sin resolver.
En consecuencia, niñas, niños y adolescentes permanecen durante meses —e incluso años— en un limbo jurídico, sin acceso pleno a derechos básicos ni certeza sobre su situación en el país.
Albergues comunitarios: la primera y única respuesta
Ante la falta de intervención institucional, los albergues comunitarios se han convertido en la principal —y en muchos casos única— respuesta de atención, una condición que, afirma Juan Martín Pérez García, se repite en distintas regiones del país.
En ese contexto, el caso del albergue en Metepec lo evidencia con claridad: se trata de un espacio operado de manera independiente, sin coordinación formal con el DIF ni con la Procuraduría de Protección, que atiende incluso a niñas y niños migrantes con recursos limitados.
Ejemplo de ello es la atención de una menor con cuadro de desnutrición, quien, según el responsable del albergue, fue atendida con recursos limitados. En la visita realizada por este medio, la infraestructura disponible evidenció condiciones básicas y ausencia de espacios especializados para bebés.
Riesgos para la niñez migrante
En estas condiciones, la falta de atención institucional no solo limita derechos: incrementa riesgos.
Entre los principales:
- Violencia sexual
- Embarazos y uniones tempranas
- Trabajo infantil
- Reclutamiento forzado por grupos criminales
Estos factores se agravan por la discriminación, el estigma y la ausencia de redes de apoyo comunitarias o institucionales.
Vacíos institucionales: una crisis estructural
Para Pérez García, el problema no es aislado, sino estructural.
Se sostiene en tres fallas principales:
- Invisibilidad de la niñez migrante
- Indolencia institucional
- Incumplimiento de la ley
Aunque existe una Ruta de Atención Integral para Niñez Migrante, esta no se implementa de manera generalizada.
Además, las Procuradurías de Protección —responsables de garantizar derechos— enfrentan limitaciones de personal, presupuesto y capacidad operativa, lo que limita su alcance real.
El sistema DIF: un modelo rebasado
Este diagnóstico se extiende al propio sistema de asistencia social. En ese sentido, de acuerdo con el especialista, el DIF enfrenta una crisis estructural derivada de:
• Un modelo institucional obsoleto
• Uso político de sus funciones
• Falta de enfoque en restitución integral de derechos
De este modo, esta situación no es exclusiva de la niñez migrante, sino que se replica en otras poblaciones vulnerables.
Entre la legalidad y la informalidad: riesgos también para los albergues
Bajo este mismo contexto de debilidad institucional, la propia operación de los albergues comunitarios se mueve en una zona de riesgo.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que estos espacios deben notificar al Ministerio Público y a las Procuradurías cuando atienden a menores.
No hacerlo implica:
• Posibles violaciones legales
• Riesgos para quienes operan los albergues
• Mayor vulnerabilidad para las niñas y niños atendidos
Sin embargo, en la práctica, muchos refugios no cumplen con este requisito debido a limitaciones operativas o temor a sanciones.
¿Qué está fallando y quién es responsable?
En este escenario, Pérez García es claro: la responsabilidad recae en el Estado mexicano, particularmente en las instituciones encargadas de la protección infantil.
La falta de coordinación, de políticas públicas y de presupuesto ha derivado en un modelo donde la atención depende de esfuerzos individuales, sin respaldo estructural.
¿Qué se puede hacer de inmediato?
Frente a este panorama, el especialista plantea acciones urgentes que no requieren inversión significativa:
• Escuchar directamente a niñas, niños y familias migrantes
• Articular capacidades institucionales existentes
• Cumplir con obligaciones internacionales ya establecidas
Además, propone retomar diagnósticos y recomendaciones recientes en materia de niñez y movilidad humana para orientar políticas públicas.
Una infancia fuera del radar
En conjunto, el panorama es claro.
En el Estado de México, la niñez migrante permanece invisible: sin datos precisos, sin infraestructura especializada y sin una política pública claramente implementada.
Mientras tanto, la atención recae en albergues comunitarios precarizados, en un entorno donde los riesgos no desaparecen, sino que se intensifican.
La omisión institucional no solo implica el incumplimiento de la ley.
También expone a niñas y niños a condiciones de exclusión, vulnerabilidad y violencia que marcan su desarrollo desde los primeros años de vida.
El silencio institucional
CNX Noticias solicitó entrevista con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
En los hechos, la atención a niñas y niños migrantes en tránsito continúa resolviéndose fuera de un esquema institucional claramente identificable. La normativa establece mecanismos de protección. El territorio muestra otra cosa.
La escena persiste: En un albergue de Metepec, una tina de plástico es el recurso disponible para la higiene de un bebé en tránsito.
