El Congreso del Estado de México podría convertirse en el eje central para otorgar amnistías, tras una iniciativa que propone crear una Comisión Legislativa de Amnistía con facultades para recibir, analizar, dictaminar y someter a votación del Pleno las solicitudes, las cuales se aprobarían mediante decreto legislativo.

La propuesta, impulsada  por el diputado Octavio Martínez Vargas prosecretario de la comisión legislativa de Administración y Procuración de Justicia, implica un rediseño institucional del mecanismo de amnistía, al trasladar su conducción al Poder Legislativo, limitar la intervención del Poder Judicial y obligar al Poder Ejecutivo a ejecutar de forma inmediata las resoluciones aprobadas.

Nueva comisión: análisis técnico y enfoque en derechos humanos

La iniciativa establece la creación de un órgano legislativo con carácter plural, técnico y transparente, encargado de procesar las solicitudes bajo una visión más amplia que incluya el contexto social y posibles violaciones a derechos humanos.

Entre sus funciones destacan:

• Recibir y admitir solicitudes de amnistía.
• Requerir información a distintas autoridades.
• Analizar contextos de violaciones a derechos humanos.
• Emitir dictámenes sustentados.

El dictamen deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles. En caso de ser favorable, el Congreso emitiría el decreto correspondiente y la comisión vigilaría su cumplimiento.

Cambio de fondo: reconfiguración entre poderes

El planteamiento redefine las competencias institucionales:

• El Poder Legislativo concentrará el análisis y resolución.
• El Poder Ejecutivo ejecutará obligatoriamente los decretos.
• El Poder Judicial dejará de ser el actor central en la evaluación de los casos.

El documento argumenta que, en la práctica, el análisis judicial se limita a criterios estrictamente procesales, lo que dificulta identificar patrones estructurales de injusticia o valorar el contexto social de los casos.

Participación institucional en la ejecución

La propuesta incorpora a diversas instancias para garantizar la implementación de las amnistías:

• La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) brindará orientación jurídica especializada y emitirá opiniones técnicas al Congreso.
• El Instituto de la Defensoría Pública estatal proporcionará asesoría y defensa legal a las personas solicitantes o beneficiarias.
• La Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá ejecutar los decretos mediante los actos ministeriales necesarios.

Este esquema busca articular capacidades para asegurar que las resoluciones tengan efectos jurídicos reales.

Ampliación de supuestos: aborto y fallas al debido proceso

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la ampliación de los casos en los que procedería la amnistía.

En materia de aborto, se plantea beneficiar a:

• La persona gestante.
• Personal médico (médicos, cirujanos, parteras y comadronas).
• Personas que hayan brindado apoyo.

Esto aplicaría siempre que el procedimiento se haya realizado sin violencia y con consentimiento previo.

Además, se incorporan nuevos supuestos vinculados a irregularidades en procesos penales, como:

• Fabricación de delitos.
• Uso de pruebas ilícitas, simuladas o manipuladas.
• Actuaciones ministeriales o policiales ilegales.
• Violaciones graves al debido proceso.

Estos criterios aplicarían cuando dichas irregularidades hayan derivado en privación de la libertad, vinculación a proceso o sentencia.

Quiénes podrán solicitar la amnistía

La iniciativa amplía la legitimación para presentar solicitudes ante la comisión legislativa. Podrán hacerlo:

• La persona afectada.
• Su defensa legal.
• Familiares hasta cuarto grado.
• La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
• Organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos.

Objetivo: corregir injusticias del sistema penal

El planteamiento busca fortalecer la capacidad del Estado para escuchar a las víctimas del sistema penal, corregir errores y garantizar que el ejercicio del castigo se mantenga dentro de los límites de la dignidad humana y el Estado constitucional de derecho.

Con esta reforma, el Congreso mexiquense asumiría un papel protagónico en la política de amnistía, bajo un enfoque de transparencia, análisis técnico y perspectiva de derechos humanos.