Las acciones por parte del gobierno mexicano para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres siguen siendo insuficientes denunciaron organizaciones de la sociedad civil ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas.

Como parte de la evaluación intermedia al Estado mexicano, respecto a la situación de las mujeres en nuestro país, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y otras organizaciones de la sociedad civil realizaron un informe relacionada con la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, los asesinatos de mujeres y feminicidios, la violencia sexual y el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la cual enviaron a la Cedaw.

En la información recopilada, dan cuenta que datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de diciembre de 2018 a diciembre de 2020 desaparecieron 20 mil 431 mujeres, niñas y adolescentes en México.

Además, información proporcionada al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio por Fiscalías y Procuradurías de justicia estatales, a través de solicitudes de información, indica que de enero a agosto de 2020 desaparecieron 5 mil 223 mujeres y niñas; cifra que concentran 12 entidades del país, entre ellos el Estado de México que ocupa los primeros sitios de este delito.

El 48 por ciento de las mujeres desaparecidas son menores de edad. Mientras que un total de mil 290 siguen pendientes de localizar.
En el documento enviado a la Organización de las Naciones Unidas también exponen que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó que de enero de 2018 a diciembre de 2020, once mil 217 mujeres y niñas en México, fueron asesinadas.

Tan solo el año pasado, de enero a diciembre, tres mil 752 mujeres, niñas y adolescentes, fueron asesinadas, es decir, 10.2 mujeres al día. Del total de los asesinatos de mujeres, únicamente se 969 casos se investigan como feminicidio, equivalente a un 26 por ciento del total de las muertes violentas.

El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública informa que el Estado de México se ubicó como la primera entidad con el mayor número de feminicidios, al cerrar el año pasado con 150 casos a pesar de la pandemia por Covid-19.

Para Católicas por el Derecho a Decidir A.C., la Red Nacional de Organizamos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derecho para Todas y Todos», que participaron en el informe, «los datos reflejan que en el país no se han reducido los asesinatos de mujeres, por el contrario se han mantenido».

En relación con la violencia sexual, según reportes del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2018 a diciembre de 2020 se presentaron 150 mil 716 denuncias de delitos sexuales, de las cuales 49 mil 195 corresponden a violaciones sexuales.

De enero a diciembre de 2020 fueron denunciados 54 mil 342 delitos sexuales. Además, de enero de 2018 a diciembre de 2020, se presentaron 610 mil 373 denuncias de violencia familiar.

Quienes emitieron el informe, también reclaman que a pesar de que en julio de 2018 la CEDAW recomendó al Estado mexicano garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres, a la fecha esto no está reglamentado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exponen que las políticas públicas para atender la violencia de género, por parte de las entidades federativas han sido instrumentadas de manera deficiente, de ahí que no se protegido la vida e integridad de las mujeres.

Del reporte realizado por las organizaciones civiles, derivan diversas recomendaciones entre las que se destacan el que las autoridades puedan actuar de manera inmediata y coordinada a fin de no perder tiempo en la búsqueda de las mujeres, niñas o adolescentes desaparecidas.
Asimismo, que el Estado mexicano no elimine la tipificación del delito de feminicidio, e indican que ubicarlo como una agravante al delito de homicidio significa un retroceso a los derechos de las mujeres.

De igual manera, que las modificaciones al Código Penal Federal o la creación de un Código Penal Único incorporen las razones de género objetivas, a fin de que el delito pueda acreditarse de manera eficaz.
Solicitan que el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establezca que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario esté conformado -desde su integración- por personas expertas en la problemática denunciada, así como por las organizaciones peticionarias de la AVGM, quienes deberán participar con voz y voto.

Las defensoras de los derechos humanos subrayaron que la vida, seguridad e integridad de las mujeres sigue siendo un pendiente en México.
Exigieron a las autoridades autoridades federales, estatales y municipale fortalecer las acciones y estrategias que contribuyan a erradicar la violencia que acaba con las vidas de las mujeres, niñas y adolescentes.