Tras denunciar amenazas, intimidaciones y persecución, integrantes de la colectiva feminista RADsistencia Sorora exigen un alto a la criminalización de la protesta feminista.

Relataron que el pasado 16 de diciembre de 2020, en la explanada de la Fiscalía estatal realizaron una protesta contra los feminicidios y en apoyo a la reapertura del  caso Maricela Escobedo, la mujer que hace diez años fue asesinada en Chihuahua, luego de haber denunciados durante dos años el feminicidio de su hija, Rubí Frayre.

Mientras llevaban a cabo un perfomance observaron a personas con el rostro tapado que les tomaron fotografías y vídeo, a quienes en más de una ocasión les pidieron que dejaran de hacerlo, ya que comenzaron a sentirse vulneradas.

Al término del evento, alrededor de las 18: 00 horas, mientras se dirigían hacia el estacionamiento para retirarse, se dieron cuenta que dos de esas personas las seguían y abordaron un auto Nissan Tsuru III color blanco 2016 con matrícula NSN 8829.

Cuando ellas – al menos siete mujeres integrantes de la colectiva- ingresaron a su auto para salir del lugar, las personas del Nissan no dejaron de seguirlas por varios minutos hasta que decidieron ingresar a una tienda de comida rápida, situada sobre avenida Tecnológico, para pedir ayuda. El Nissan permaneció en la zona.

Además, estando en el estacionamiento donde permanecieron algunos minutos para reparar una de las llantas que durante la persecución se les averió, también observaron a otro automóvil tipo Sedan color blanco con matrícula NFT 3084, del cual bajó un sujeto que entró al comercio y permaneció a unos metros de ellas, observándolas y tomándoles fotografías.

Esta persona duró más de veinte minutos sin ordenar alimentos y no se retiró hasta cuando elementos de la Policía de Metepec, tras el llamado, acudieron al lugar. Sin embargo, nos mencionaron que no podían hacer nada y solo nos dijeron que nos proporcionaban su número telefónico para comunicarnos con ellos por si veíamos algo más que nos pareciera sospechoso”.

De esos acontecimientos a la fecha, aseguraron que no han dejado de recibir llamadas de amenaza y han observados autos que permanecen a las afueras de sus viviendas por largo rato.

Sabemos que existen algunos grupos de choque que están filtrando los datos a la Fiscalía y ésta tiene nuestros nombres y números telefónicos; nos llegan llamadas de personas que no conocemos y algunas de nuestras compañeras han recibido amenazas”.

Por lo anterior, responsabilizan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad e integridad física.

La razón por la que no han realizado alguna denuncia legal, dijeron, es porque son las mismas instituciones del Estado las que “nos están amedrentando; la Fiscalía no va a trabajar contra sí misma”.

Tampoco han acudido a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, debido a que “es lo mismo todas las instituciones están igual y la Comisión en todo caso únicamente hará una recomendación, pero no más. El Estado es feminicida”.

Por ahora, comentaron que su única medida de protección es hacer la denuncia pública y analizan solicitar el apoyo de algún organismo internacional de continuar las amenazas, “nuestra abogada está reuniendo todas las evidencias y de proceder no lo haremos desde el gobierno mexicano. Que sepan que no nos vamos a detener”.

El día de hoy mientras hacían la denuncia pública, un sujeto  se acercó para tomar fotografías y aunque las denunciantes le indicaron que debía retirarse, que la conferencia era para las representantes de los medios de comunicación, continúo y hasta que una de ellas procedió a grabarlo se retiró.

Así funcionan, así funciona la Fiscalía. Así funciona el Estado, reprimiendo a las protesta feminista».