Anonimato, principal obstáculo

El anonimato en redes sociales se ha convertido en uno de los principales retos para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, advirtió la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Arlen Siu Jaime Merlos.

Durante su participación en el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral, señaló que el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha amplificado estas conductas, particularmente en plataformas digitales.

Explicó que, en muchos casos, las agresiones se realizan bajo perfiles anónimos, lo que impide identificar plenamente a las personas responsables y complica la imposición de sanciones.

Sanciones limitadas y registros incompletos

La magistrada detalló que, aun cuando los órganos jurisdiccionales logran acreditar la conducta, las medidas de no repetición enfrentan limitaciones.

Indicó que en los registros oficiales de personas sancionadas por violencia política en razón de género, en ocasiones se incluyen perfiles de redes sociales en lugar de identidades verificadas, lo que reduce el alcance de las sanciones.

Violencia invisible y difícil de probar

Arlen Siu Jaime Merlos subrayó que la mayoría de estos casos no se presentan de forma explícita.

Por el contrario, se manifiestan a través de conductas sutiles, como la invisibilización o el descrédito sistemático en espacios sin testigos, lo que deja como principal elemento probatorio la declaración de la víctima.

Retos para los tribunales electorales

• Acreditar la conducta denunciada
• Identificar al agresor en contextos de anonimato
• Integrar registros efectivos de personas sancionadas
• Lograr el cumplimiento de medidas de reparación, como las disculpas públicas

Advirtió que existe resistencia a cumplir estas medidas, lo que limita su efectividad.

Colaboración tecnológica y ajustes legales

Ante este panorama, planteó la necesidad de fortalecer la colaboración con empresas tecnológicas para mejorar los mecanismos de identificación de agresores.

Reconoció el acuerdo del Gobierno de México con plataformas digitales para combatir la violencia digital, aunque consideró que se requieren acciones adicionales.

En particular, llamó a los congresos estatales a revisar sus marcos normativos para dotar de mayores herramientas a las autoridades electorales y jurisdiccionales.

Perspectiva de género, eje obligatorio

La presidenta del TEEM enfatizó que las autoridades deben juzgar con perspectiva de género, incluso en casos donde las conductas parecen menores, pero generan impactos diferenciados en las mujeres.

Encuentro nacional de autoridades electorales

El IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral reunió a representantes de tribunales electorales de todo el país, incluidas 14 presidencias locales, tres de salas regionales y dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El encuentro fue impulsado por la Academia Líder en Formación Avanzada, en coordinación con la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales y diversas instituciones del ámbito judicial y electoral.

Participación política libre de violencia

Finalmente, Arlen Siu Jaime Merlos sostuvo que la participación política de las mujeres no puede desarrollarse bajo condiciones de miedo, intimidación o violencia.

Subrayó que la consolidación democrática exige garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales en libertad y en igualdad de condiciones.