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El diputado Octavio Martínez Vargas afirmó que la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), que acreditó el financiamiento de una campaña de desprestigio contra la hoy alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, confirma las denuncias que durante meses realizó sobre una estrategia de guerra sucia para influir en la elección municipal.
El anonimato en redes sociales limita la identificación de agresores y frena la sanción de la violencia política contra las mujeres, advirtió el TEEM al señalar retos en tribunales y la urgencia de mayor coordinación con plataformas digitales.
Autoridades electorales advierten que la paridad de género no ha frenado la violencia política contra las mujeres en el Estado de México y llaman a denunciar y activar mecanismos de protección para garantizar sus derechos.
Aunque México ha alcanzado la paridad parlamentaria, la deuda persiste en el ámbito municipal. La magistrada Claudia Valle Aguilasocho señaló que la violencia política contra las mujeres se concentra en los municipios; en el Estado de México, 54 alcaldías son encabezadas por mujeres, pero solo el 34% de los ayuntamientos cumple con la paridad.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México anunció que asumirá una defensa activa y coordinada para proteger los derechos político-electorales, vigilar procesos internos partidistas y prevenir la violencia política, incluida la digital.
El TEEM sancionó al comunicador “Callo de Hacha” por violencia política de género contra la primera síndica de Tlalnepantla, al concluir que sus expresiones rebasaron los límites de la libertad de expresión. En la misma sesión, el Tribunal también resolvió casos en Capulhuac y Teoloyucan.
El TEEM inició nuevas actividades por los 16 Días de Activismo con una plática que explicó los mecanismos jurídicos para proteger y restituir los derechos político-electorales de las mujeres ante la violencia política de género.
Las reformas constitucionales contra la violencia política hacia las mujeres aprobadas en el Congreso del Estado se quedaron cortas y son insuficientes, porque no garantizan los derechos humanos y políticos de poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad.
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