por Nota. – Texto para el primer dialogo regional para la nueva ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en la ciudad de México los días 17 y 18 de enero de 2022
Buena repercusión e interés despertó la convocatoria que presentó el 12 de enero Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración para iniciar los diálogos públicos por una nueva ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sustituya a la de 2012.
Entre algunos periodistas obstinados en la protección para sus colegas (como este reportero) esa convocatoria causó tres sorpresas añadidas:
Qué se decidiera realizar foros regionales y uno nacional para una nueva ley que requiere el más amplio respaldo social…
Que desde ahora se anuncie que se pondrá por delante la prevención… y
Que deberá ser una ley general para establecer obligaciones a los gobiernos municipales y estatales y ya no únicamente para el federal.
Estas pretensiones anunciadas en la convocatoria atienden, en principio, demandas expresadas por la coalición amplia de organismos sociales del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, del Consejo Consultivo del Mecanismo, de la oficina en México para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de un número no muy amplio de periodistas.
El objetivo principal de todas estas exigencias Encinas lo sintetizó el 5 de octubre de 2021 como la necesidad de modificar el marco legal para impulsar un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en todo México.
Las y los periodistas sensibles al tema debiéramos participar en todos esos foros e impulsar que la nueva ley signifique precisamente eso: una ley nacional que facilite una política de Estado. Y nada menos.
Subsanar dos oquedades del Estado
En el nuevo gobierno federal se han abierto condiciones para vislumbrar una política de Estado. Por ejemplo, días después del nombramiento como Subsecretario de Alejandro (11 Octubre de 2018), este reportero le dedicó una columna a su antiguo camarada de partido con un mensaje en ese sentido…
“Encinas, te toca otro tigre: proteger periodistas …porque serás el responsable directo de enfrentar el problema nacional en que se convirtieron los agravios y asesinatos que aumentan cada año y que en tres sexenios nadie ha podido frenarlos.”
Como causa de fondo, anoté que “la subvaloración y desatención del problema que tuvieron los presidentes Fox, Calderón y Peña fomentó una enorme oquedad del Estado ante la sociedad y los periodistas. (nunca entendieron) que los reporteros son los primeros sujetos de la mediación democrática y que deben contar con la protección del Estado.”
“Casi sin excepción, la otra falla del Estado la produjeron los gobernadores y procuradores estatales (que) ni siquiera tomaron en serio las tres cartas de coordinación que firmaron. En las entidades se comete la mayoría de agresiones y de asesinatos; allí debería procurarse justicia, pero no lo hacen. La fiscalía federal se desentiende, no atrae los casos porque dice que pertenecen al fuero común y no al federal. Y entonces el índice de impunidad sigue en 97 por ciento. La CNDH ha emitido cuatro recomendaciones generales para que todas las instancias atiendan el problema, pero no le hacen caso porque le faltan dientes para sancionar.”
La Segob, rectora
Seis meses después de aquel escrito público, por su formación de izquierda Encinas comenzó a exponer una visión distinta a la que tenían los gobiernos anteriores. Empezó a formular las riberas de lo que debería ser un Sistema Nacional de Prevención y Protección.
El 29 de abril de 2019, recogí esa categoría de Alejandro en otra columna titulada: “Ahora sí, la Segob puede ser rectora en protección integral a defensores y periodistas” y añadí elementos de una autocrítica.
Entonces reconocí que “quienes impulsamos la ley federal de Protección y el Mecanismo en 2012 hicimos mal varias cosas. Una fue encausar a funciones policiales a la Secretaria de Gobernación cuando debería ser normativa y rectora de políticas públicas; otro error fue suponer que una ley federal sería suficiente para atender un problema nacional que crecía en todos los estados y, un error más fue impulsar hasta 20 leyes estatales de protección con la mismas características cautelar-policiaca y meramente reactivas, cuando lo indispensable es la prevención en todas las instancias del Estado. Se necesitaba un giro radical.”
La experiencia nos enseñó que una ley de alcance nacional y de aplicación efectiva requiere de al menos tres cosas: voluntad política verdadera, pertinencia y viabilidad para su institucionalización y, sobre todo, el respaldo activo de la o las poblaciones a las que se reconozcan derechos y se les protejan. Poco de eso lo obtuvimos con la ley actual y la mayoría de leyes locales relacionadas.
Por esas y otras razones creo que en los diálogos públicos puede darse ese giro y cristalizar una ley diferente que enmiende los errores originales que varios cometimos.
Si este reportero tuviera oportunidad de exponer lo anterior en el primer diálogo regional añadiría los siguientes elementos que parecen fundamentales:
No desconcentrar al Mecanismo, pero sí lo policiaco
Para la nueva ley habrá que considerar varias de las normas enunciadas en las reformas que aprobó la Cámara de Diputados en diciembre de 2020 para la ley actual de protección y que el Senado no ratificó.
Algunas de esas normas parecen positivas porque derivaron de amplias consultas y deliberaciones que sostuvieron, en la modalidad de parlamento abierto, las y los legisladores con más de cien organizaciones y personalidades de defensa de los derechos humanos, del periodismo y de instancias internacionales.
Esas reformas intentan darle garantías al Mecanismo federal para contar con recursos anuales suficientes para las demandas de protección y políticas públicas, pero etiquetados por el Congreso de la Unión; ampliarle facultades y una estructura adecuada su función rectora.
Todo ello parece positivo, pero lo negativo en esa propuesta de reforma es querer desconcentrar al Mecanismo de la Segob y convertirlo en órgano autónomo. Ese sería un error craso.
Cuando los riesgos son claros e inminentes es indispensable la protección cautelar que proporcionan las instancias de seguridad pública. Estas son las que tienen la responsabilidad de proporcionar garantías a la integridad física de los defensores y periodistas en riesgo, pero no deben hacerlo las instancias civiles que, en lo general tienen fuerza y capacitación insuficientes.
Esta función y carácter para-policiaco actual es la que debiera desconcentrarse del mecanismo con la nueva ley para darle la rectoría y supervisión de las medidas cautelares y además tener más apoyo en los organismos civiles y profesionales que lo acompañen.
Prever y prevenir agravios
Este reportero hace énfasis en la protección integral para quienes hacen periodismo profesional porque las y los defensores de los derechos humanos si cuentan con una red robusta de organizaciones muy activas, con estudios y propuestas a diferencia de los periodistas que no hemos podido construir organismos serios mexicanos para la autoprotección y menos para convertirnos en interlocutores reales ante los poderes y los patrones.
Propongo a mis colegas que reivindiquemos en los foros los seis mínimos que la nueva ley debe contener para beneficio de la función de periodista en México:
- Que la ley sea general y dar prioridad a la prevención.
- Qué allí se perfile claramente el Sistema Nacional de Prevención y Protección.
- Que la Secretaría de Gobernación sea la autoridad rectora, tanto para la protección ante riesgos y en la supervisión de medidas protectoras, como para el diseño de políticas públicas preventivas de aplicación obligatoria para las autoridades de los tres niveles…
- Que se ajuste la definición de las personas periodistas conforme a lo que ya contienen algunas leyes locales –como la de la Ciudad de México– autorizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La definición debe precisar que las y los periodistas profesionales tienen la función esencial de informar y con ello adquieren una responsabilidad y relación distinta con toda la sociedad, diferente a las que tienen las personas colaboradoras periodísticas. La redacción que refiero es:
Las personas periodistas realizan una actividad permanente del más alto interés público por su servicio social a las relaciones democráticas; esta actividad consiste en buscar, recibir, recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen; funciones acreditadas en su actividad cotidiana, experiencia, estudios o en su caso título para ejercer el periodismo profesionalmente. Se reconocen también a las personas colaboradoras periodísticas, quienes ejercen las libertades de expresión y/o información con actividades esporádicas o regulares, sin que se les requiera registro gremial o acreditación alguna.
- Que para la operación del nuevo Mecanismo deberán perfilarse una visión más amplia y funciones de mayor alcance a la Unidad de Prevención para que se convierta en la instancia de inteligencia capaz de prever y prevenir, coordinando la construcción de estrategias específicas y políticas públicas con respaldo social, impulsar la coordinación intersecretarial del Ejecutivo federal y las sinergias de actuación de los tres niveles de gobierno.
- Que en las políticas públicas de prevención el Mecanismo perfile un plan nacional de protección integral para reporteros y otros periodistas y que sea aplicado intersecretarialmente, con una serie de programas para reducirles vulnerabilidades profesionales, para reconocerles al menos diez derechos profesionales que garantizan la fluidez de la información de interés social y para facilitarles la obtención de fortalezas.
Nosotros
Más allá de la nueva ley, hay que insistir en que las y los periodistas también tenemos que asumir responsabilidades que completen y faciliten el trabajo a ese eventual sistema nacional de prevención y protección.
Requerimos un programa común entre el mayor número posible de colegas para contar una red de redes de autoprotección, tanto para reacción rápida ante amenazas como para impulsar mayores fortalezas profesionales, una red con mayor vinculación con periodistas de otros países, con empresas de periodismo, con más coaliciones de defensores y con la cooperación sincera de universidades, empresas y organismos internacionales. rogeliohl@yahoo.com.mx
Nota. – Texto para el primer dialogo regional para la nueva ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en la ciudad de México los días 17 y 18 de enero de 2022
Por Rogelio Hernández López
Buena repercusión e interés despertó la convocatoria que presentó el 12 de enero Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración para iniciar los diálogos públicos por una nueva ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sustituya a la de 2012.
Entre algunos periodistas obstinados en la protección para sus colegas (como este reportero) esa convocatoria causó tres sorpresas añadidas:
Qué se decidiera realizar foros regionales y uno nacional para una nueva ley que requiere el más amplio respaldo social…
Que desde ahora se anuncie que se pondrá por delante la prevención… y
Que deberá ser una ley general para establecer obligaciones a los gobiernos municipales y estatales y ya no únicamente para el federal.
Estas pretensiones anunciadas en la convocatoria atienden, en principio, demandas expresadas por la coalición amplia de organismos sociales del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, del Consejo Consultivo del Mecanismo, de la oficina en México para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de un número no muy amplio de periodistas.
El objetivo principal de todas estas exigencias Encinas lo sintetizó el 5 de octubre de 2021 como la necesidad de modificar el marco legal para impulsar un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en todo México.
Las y los periodistas sensibles al tema debiéramos participar en todos esos foros e impulsar que la nueva ley signifique precisamente eso: una ley nacional que facilite una política de Estado. Y nada menos.
Subsanar dos oquedades del Estado
En el nuevo gobierno federal se han abierto condiciones para vislumbrar una política de Estado. Por ejemplo, días después del nombramiento como Subsecretario de Alejandro (11 Octubre de 2018), este reportero le dedicó una columna a su antiguo camarada de partido con un mensaje en ese sentido…
“Encinas, te toca otro tigre: proteger periodistas …porque serás el responsable directo de enfrentar el problema nacional en que se convirtieron los agravios y asesinatos que aumentan cada año y que en tres sexenios nadie ha podido frenarlos.”
Como causa de fondo, anoté que “la subvaloración y desatención del problema que tuvieron los presidentes Fox, Calderón y Peña fomentó una enorme oquedad del Estado ante la sociedad y los periodistas. (nunca entendieron) que los reporteros son los primeros sujetos de la mediación democrática y que deben contar con la protección del Estado.”
“Casi sin excepción, la otra falla del Estado la produjeron los gobernadores y procuradores estatales (que) ni siquiera tomaron en serio las tres cartas de coordinación que firmaron. En las entidades se comete la mayoría de agresiones y de asesinatos; allí debería procurarse justicia, pero no lo hacen. La fiscalía federal se desentiende, no atrae los casos porque dice que pertenecen al fuero común y no al federal. Y entonces el índice de impunidad sigue en 97 por ciento. La CNDH ha emitido cuatro recomendaciones generales para que todas las instancias atiendan el problema, pero no le hacen caso porque le faltan dientes para sancionar.”
La Segob, rectora
Seis meses después de aquel escrito público, por su formación de izquierda Encinas comenzó a exponer una visión distinta a la que tenían los gobiernos anteriores. Empezó a formular las riberas de lo que debería ser un Sistema Nacional de Prevención y Protección.
El 29 de abril de 2019, recogí esa categoría de Alejandro en otra columna titulada: “Ahora sí, la Segob puede ser rectora en protección integral a defensores y periodistas” y añadí elementos de una autocrítica.
Entonces reconocí que “quienes impulsamos la ley federal de Protección y el Mecanismo en 2012 hicimos mal varias cosas. Una fue encausar a funciones policiales a la Secretaria de Gobernación cuando debería ser normativa y rectora de políticas públicas; otro error fue suponer que una ley federal sería suficiente para atender un problema nacional que crecía en todos los estados y, un error más fue impulsar hasta 20 leyes estatales de protección con la mismas características cautelar-policiaca y meramente reactivas, cuando lo indispensable es la prevención en todas las instancias del Estado. Se necesitaba un giro radical.”
La experiencia nos enseñó que una ley de alcance nacional y de aplicación efectiva requiere de al menos tres cosas: voluntad política verdadera, pertinencia y viabilidad para su institucionalización y, sobre todo, el respaldo activo de la o las poblaciones a las que se reconozcan derechos y se les protejan. Poco de eso lo obtuvimos con la ley actual y la mayoría de leyes locales relacionadas.
Por esas y otras razones creo que en los diálogos públicos puede darse ese giro y cristalizar una ley diferente que enmiende los errores originales que varios cometimos.
Si este reportero tuviera oportunidad de exponer lo anterior en el primer diálogo regional añadiría los siguientes elementos que parecen fundamentales:
No desconcentrar al Mecanismo, pero sí lo policiaco
Para la nueva ley habrá que considerar varias de las normas enunciadas en las reformas que aprobó la Cámara de Diputados en diciembre de 2020 para la ley actual de protección y que el Senado no ratificó.
Algunas de esas normas parecen positivas porque derivaron de amplias consultas y deliberaciones que sostuvieron, en la modalidad de parlamento abierto, las y los legisladores con más de cien organizaciones y personalidades de defensa de los derechos humanos, del periodismo y de instancias internacionales.
Esas reformas intentan darle garantías al Mecanismo federal para contar con recursos anuales suficientes para las demandas de protección y políticas públicas, pero etiquetados por el Congreso de la Unión; ampliarle facultades y una estructura adecuada su función rectora.
Todo ello parece positivo, pero lo negativo en esa propuesta de reforma es querer desconcentrar al Mecanismo de la Segob y convertirlo en órgano autónomo. Ese sería un error craso.
Cuando los riesgos son claros e inminentes es indispensable la protección cautelar que proporcionan las instancias de seguridad pública. Estas son las que tienen la responsabilidad de proporcionar garantías a la integridad física de los defensores y periodistas en riesgo, pero no deben hacerlo las instancias civiles que, en lo general tienen fuerza y capacitación insuficientes.
Esta función y carácter para-policiaco actual es la que debiera desconcentrarse del mecanismo con la nueva ley para darle la rectoría y supervisión de las medidas cautelares y además tener más apoyo en los organismos civiles y profesionales que lo acompañen.
Prever y prevenir agravios
Este reportero hace énfasis en la protección integral para quienes hacen periodismo profesional porque las y los defensores de los derechos humanos si cuentan con una red robusta de organizaciones muy activas, con estudios y propuestas a diferencia de los periodistas que no hemos podido construir organismos serios mexicanos para la autoprotección y menos para convertirnos en interlocutores reales ante los poderes y los patrones.
Propongo a mis colegas que reivindiquemos en los foros los seis mínimos que la nueva ley debe contener para beneficio de la función de periodista en México:
- Que la ley sea general y dar prioridad a la prevención.
- Qué allí se perfile claramente el Sistema Nacional de Prevención y Protección.
- Que la Secretaría de Gobernación sea la autoridad rectora, tanto para la protección ante riesgos y en la supervisión de medidas protectoras, como para el diseño de políticas públicas preventivas de aplicación obligatoria para las autoridades de los tres niveles…
- Que se ajuste la definición de las personas periodistas conforme a lo que ya contienen algunas leyes locales –como la de la Ciudad de México– autorizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La definición debe precisar que las y los periodistas profesionales tienen la función esencial de informar y con ello adquieren una responsabilidad y relación distinta con toda la sociedad, diferente a las que tienen las personas colaboradoras periodísticas. La redacción que refiero es:
Las personas periodistas realizan una actividad permanente del más alto interés público por su servicio social a las relaciones democráticas; esta actividad consiste en buscar, recibir, recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen; funciones acreditadas en su actividad cotidiana, experiencia, estudios o en su caso título para ejercer el periodismo profesionalmente. Se reconocen también a las personas colaboradoras periodísticas, quienes ejercen las libertades de expresión y/o información con actividades esporádicas o regulares, sin que se les requiera registro gremial o acreditación alguna.
- Que para la operación del nuevo Mecanismo deberán perfilarse una visión más amplia y funciones de mayor alcance a la Unidad de Prevención para que se convierta en la instancia de inteligencia capaz de prever y prevenir, coordinando la construcción de estrategias específicas y políticas públicas con respaldo social, impulsar la coordinación intersecretarial del Ejecutivo federal y las sinergias de actuación de los tres niveles de gobierno.
- Que en las políticas públicas de prevención el Mecanismo perfile un plan nacional de protección integral para reporteros y otros periodistas y que sea aplicado intersecretarialmente, con una serie de programas para reducirles vulnerabilidades profesionales, para reconocerles al menos diez derechos profesionales que garantizan la fluidez de la información de interés social y para facilitarles la obtención de fortalezas.
Nosotros
Más allá de la nueva ley, hay que insistir en que las y los periodistas también tenemos que asumir responsabilidades que completen y faciliten el trabajo a ese eventual sistema nacional de prevención y protección.
Requerimos un programa común entre el mayor número posible de colegas para contar una red de redes de autoprotección, tanto para reacción rápida ante amenazas como para impulsar mayores fortalezas profesionales, una red con mayor vinculación con periodistas de otros países, con empresas de periodismo, con más coaliciones de defensores y con la cooperación sincera de universidades, empresas y organismos internacionales. rogeliohl@yahoo.com.mx
