Después de Veracruz, Guerrero ocupa el segundo sitio de agresiones y riesgos. Se registran 15 periodistas asesinados (2 de ellos en agosto de 2019: Edgar Alberto Nava López y Rogelio Barragán). Tan sólo la fiscalía especial federal tiene registro de 71 indagatorias por diversos agravios y únicamente de un consignado. Son razones de miedo.

No mejoran. A hombres y mujeres que reportean en Guerrero les hicieron una evaluación de riesgos hace 4 años y hoy se han reducido muy poco las 11 vulnerabilidades detectadas entonces a pesar de que ya cumplió 17 años una ley de dádivas gubernamentales que las contrarresta un poco.

Les detectaron también que tienen muy pocas fortalezas frente a siete fuentes o sujetos de riesgo. En ninguna otra entidad hay tantos factores atemorizantes: policías locales, funcionarios, grupos sociales como la CETEG, policías ciudadanas, policías federales, militares y marinos, líderes transportistas y empresarios, en ese orden. Un temor permanente es por tres grandes grupos del crimen organizado por sí mismos y porque infectaron a muchos de los anteriores.

En ese contexto se explica que el 27 se septiembre de encendieran varias alarmas.

Otro en Iguala

En un mitin, algunos pocos colegas de Chilpancingo pidieron a las autoridades de los tres niveles que brinden seguridades para los colegas que han seguido el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la liberación de los implicados en las desapariciones (81 hasta el 7 de octubre).

En iguala se presentan a todas las coberturas alrededor de 50 personas como periodistas de medios locales, estatales y nacionales. los que estuvieron en Iguala los días 26 y el 27 de septiembre de 2014 fueron unos 24. De ellos, varios sufrieron amenazas y pidieron protección del mecanismo federal. Hay mucha desconfianza a las instancias locales y estatales.

Los liberados son ahora la octava fuente de riesgo, y la más concreta, que atiza más los miedos. Desde que comenzaron a salir se registran otra vez ejecuciones en Iguala después de 3 meses de calma. “Eso pone a los periodistas en alto riesgo”, alertaron sus colegas de Chilpancingo el 27 de septiembre.

Aumentaron los agravios

En 2016 se difundió el resultado de la Evaluación de riesgos de periodistas de Guerrero elaborada durante meses del año anterior por los periodistas: Javier Garza Ramos, Jorge Luis Sierra y Celia Guerrero con el patrocinio de Freedom House, el Centro Internacional de Periodistas y la colaboración de Periodistas de a Píe y Reporteros sin Fronteras. Se levantó una encuesta y se hicieron entrevistas a 25 periodistas de la entidad.

Allí explican que “la evaluación se realizó en el contexto de conflicto en la entidad, en la tensión que se vive tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, la colusión de autoridades y grupos del crimen organizado y la radicalización de movimientos magisteriales”. Los municipios más riesgosos para periodistas fueron, en orden de importancia, Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Iguala. Poco de eso ha cambiado y sí empeoró.

Por ejemplo, en 2015 documentaron sólo 11 casos de agresión en Guerrero desde diciembre de 2012. El clima atemorizante creció. En el portal de la fiscalía especial de la FGR hasta julio de 2019 tenían documentados de Guerrero 13 homicidios sin contar a los dos colegas abatidos en agosto, 71 indagatorias, 41 averiguaciones previas, 26 carpetas de investigación y una orden de aprehensión. Faltan los datos que tenga la fiscalía del estado.

Vulnerables, la mayoría

“Los periodistas consultados en Guerrero –dice la evaluación de riesgos– también identificaron las fortalezas y debilidades que tienen para establecer objetivos y medidas que puedan mejorar su protección. Las condiciones de vulnerabilidad (11) son constantes en todas las regiones del Estado”.
“No hay respaldo institucional de los medios y empresas. Bajos salarios. Inestabilidad laboral. No hay seguridad social. No hay seguro de vida. No hay respaldo de medios para sus corresponsales, que son freelance. No hay prestaciones para corresponsales. No hay costeo del equipo de trabajo por parte de las empresas (teléfonos, computadoras, cámaras). Gobierno del Estado ofrece capacitaciones con condiciones y objetivos de corrupción. No hay contactos confiables con fuerzas de seguridad. Hay poco contacto con editores. Éstos exigen publicación de información al momento sin considerar aspectos de seguridad. Poco conocimiento de herramientas de seguridad digital, especialmente para comunicaciones”.

Y no preguntaron sobre los niveles académicos y la profesionalización continua, que en otros estados sureños los índices oscilan entre media y muy baja. El bajo profesionalismo es factor de riesgo.

Muy pocas fortalezas

El contraste que encontraron los periodistas investigadores al indagar de las fortalezas para el desempeño y seguridad, en 2015 era extremoso: “Pocos medios ofrecen apoyo institucional y seguridad social. Redes de apoyo (algunas). Contactos con organizaciones nacionales/internacionales de defensa de periodistas (de algunos). Capacitación ofrecida por organizaciones nacionales e internacionales”. Y ya.

Desde entonces ha mejorado un poco la atención gubernamental pero todavía no hay en la entidad una ley de protección para periodistas con un mecanismo propio y que les reconozca derechos profesionales.

En 2010 se promulgó la ley 391 para defensores de los derechos humanos y hasta apenas en octubre de 2017 se creó la Unidad Estatal Para La Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, pero sin ese marco jurídico propio para los periodistas y, además, se creó un mecanismo incompleto solo para cumplir el compromiso de vinculación con el mecanismo federal.

La única fortaleza que presumen los gobiernos de Guerrero y muchos colegas –pero critican Ongs y periodistas de otras entidades—es la ley 463 promulgada en 2002. Es la única ley de fomento al periodismo vigente en el país. Legaliza un fondo anual que sirve para repartir recursos a periodistas con poca fortaleza social. En otros lados se le llama la “Ley Chayo”.

Desde 2014 ese fondo se estabilizó en alrededor de 5 millones de pesos para repartir a unos 480 periodistas de todos los municipios. Las partidas son para pólizas de seguros de gastos médicos por 50 mil pesos; entrega hasta 10 mil pesos para gasto libre con la condición de facturar al gobierno del estado; becas para preescolar; gastos de maternidad por 25 mil pesos. También ayuda para trámites de Registro Civil, para examen de la vista con lentes y el acceso al seguro popular.

En 17 años demasiadas empresas de prensa han recibido esa “ayuda” indirectamente para no pagar prestaciones y no se sabe de algún informe especial acerca de mejoras en su calidad de vida que hayan tenido los periodistas beneficiados. Según la Evaluación de riesgos de 2015, indicaba que la mayoría de las y los periodistas activos seguían en bajo nivel de condiciones sociales, pero más atados al fondo que maneja el gobierno del estado.

En resumen, habrá que saber qué medidas están tomando las autoridades municipales y estatales para atender la alerta de medidas preventivas y cautelares para los periodistas que han hecho la cobertura del Caso Iguala. El mecanismo federal ya reaccionó.

También parece urgente que se pronuncien contra posibles agresiones a periodistas de Iguala el gobierno federal, el actual de Guerrero y el Congreso del Estado busquen alternativas a lo que existe ahora para allegarles fortalezas profesionales y que ha servido muy poco.

Por ejemplo, un plan de políticas públicas –y quizá una ley—estatal de protección integral al ejercicio del periodismo como actividad de interés público, para trascender la protección cautelar, lo convenenciero del fondo de dádivas para que realmente les genere derechos, fortalezas laborales y profesionales a los periodistas verdaderos, para que puedan trabajar con libertad de pensamiento, con seguridad y con ética profesional.