La Red Nacional de Refugios, A.C., dirigida por Wendy Haydeé Figueroa Morales, advirtió que las condiciones establecidas en los convenios del programa federal para atender la violencia de género generan incertidumbre operativa, riesgos en la continuidad de los servicios y posibles actos discriminatorios en la asignación de recursos.

En un posicionamiento, la organización expresó su preocupación por los instrumentos correspondientes al Componente C: “Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de sus Causas.

Si bien estos convenios se presentan como mecanismos para garantizar la atención, en los hechos —señaló— trasladan responsabilidades sustantivas del Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil, debilitando la garantía efectiva de derechos.

Refugios: espacios vitales de protección

La Red subrayó que los refugios no son un apoyo complementario, sino espacios de protección vital donde cientos de mujeres y sus hijas e hijos encuentran una alternativa real frente a la violencia extrema, el riesgo feminicida y la impunidad.

En este contexto, advirtió que las condiciones actuales ponen en riesgo la operación de estos espacios y, con ello, la vida de quienes dependen de ellos.

Señalan incertidumbre en recursos y cargas desproporcionadas

Entre los principales puntos de preocupación, la organización destacó que:

• No se garantiza la entrega oportuna de los recursos, dejando abierta la posibilidad de retrasos o cancelaciones sin responsabilidad gubernamental.
• Se establece que los recursos son “complementarios”, trasladando la carga financiera a las organizaciones.
• Se contemplan sanciones desproporcionadas que pueden derivar en la cancelación del proyecto y la devolución total de los recursos.
• Se imponen obligaciones administrativas y operativas sin condiciones equivalentes de corresponsabilidad por parte del Estado.

Estas disposiciones, advirtió, no sólo generan incertidumbre operativa, sino que ponen en riesgo la continuidad de los servicios y, con ello, la vida de mujeres, niñas y niños.

Alertan posibles actos discriminatorios

La Red Nacional de Refugios también expresó preocupación por decisiones recientes que podrían derivar en actos discriminatorios en el acceso a recursos.

En particular, documentó el caso de dos refugios que fueron aprobados conforme a la publicación de resultados 2026 y posteriormente notificados como “no cumple”, sin una explicación fundada.

Ante ello, subrayó que cuando se trata de vidas es indispensable garantizar transparencia, claridad y respeto absoluto al principio de no discriminación, conforme a la Constitución y tratados internacionales.

Además, enfatizó que el acceso a recursos no puede condicionarse a criterios que no estén claramente establecidos en la ley ni limitarse por la nacionalidad de quienes representan legalmente a las organizaciones.

Derechos no pueden depender de decisiones administrativas

La organización señaló que, aun cuando en los próximos días pudieran liberarse los recursos, la exigencia no se agota con la entrega.

La garantía de derechos no puede depender de tiempos administrativos ni de decisiones discrecionales, sino que debe ser oportuna, suficiente y sostenida.

Desde un enfoque de derechos humanos, recordó que garantizar la protección de las mujeres frente a la violencia no es opcional, sino una obligación del Estado mexicano, establecida en la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

Confidencialidad y seguridad en riesgo

Asimismo, alertó sobre la necesidad de que los mecanismos de registro y seguimiento de información salvaguarden plenamente la confidencialidad y seguridad de las mujeres, niñas y niños atendidos, considerando el contexto de alto riesgo en el que se encuentran.

Exigen corresponsabilidad y transparencia

La Red reiteró la importancia de que:

• La protección no dependa de la capacidad financiera de las organizaciones.
• Los recursos sean suficientes, oportunos, focalizados y garantizados.
• La corresponsabilidad del Estado sea real, efectiva y verificable.
• Las políticas públicas fortalezcan las capacidades operativas y no precaricen la atención.
• Se transparenten los criterios y procedimientos en la evaluación y asignación de recursos.
• La Secretaría de las Mujeres notifique de manera fundada y motivada cualquier exclusión o rechazo.
• Se garantice el respeto irrestricto a la igualdad y no discriminación.

Asimismo, solicitó establecer mesas de trabajo con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de revisar y corregir las condiciones de los convenios, garantizar la entrega oportuna de recursos y asegurar la continuidad de los servicios.

“Los refugios salvan vidas”

La organización concluyó que los refugios son fundamentales para la protección de mujeres en situación de violencia.

Los refugios salvan vidas. Y garantizar su operación no es una concesión: es una obligación del Estado mexicano”, sostuvo.

Advirtió que cuando la protección se debilita, no se trata de un problema administrativo, sino de un riesgo real para la vida de mujeres, niñas y niños.