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Diputadas del Congreso del Estado de México cuestionaron a la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, por los resultados contra feminicidios y desapariciones, la eficacia de las alertas de género y la transparencia de los recursos destinados a los municipios. La comparecencia también puso sobre la mesa la atención a víctimas, las denuncias de acoso laboral y el caso de Sofía Madai.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México propuso crear un Grupo Específico de Trabajo para fortalecer el análisis, la generación de indicadores y las recomendaciones en materia de democracia paritaria, como parte de la preparación institucional rumbo al proceso electoral local 2026-2027.
La presidenta del TEEM, Arlen Siu Jaime Merlos, participó en la presentación de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres de la Diversidad Sexual y de Género, donde reiteró el compromiso del Tribunal con la protección de los derechos político-electorales, la inclusión y la no discriminación.
La Carrera de la Abogada y el Abogado 2026 destinará los recursos recaudados a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Aunque no existe una meta económica definida, el Poder Judicial del Estado de México espera superar los 4 mil 300 participantes registrados el año pasado y canalizar los apoyos a través de la Secretaría de las Mujeres.
De los 260 millones de pesos asignados en 2025 para la Alerta de Género en el Estado de México, solo 100 fueron dispersados a municipios; no hay evaluación del gasto ni información disponible sobre su comprobación o posibles irregularidades.
La Red Nacional de Refugios advirtió que la incertidumbre en la entrega de recursos, cargas operativas y posibles actos discriminatorios ponen en riesgo la continuidad de servicios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos en México.
Aunque el gobierno federal anunció un aumento al presupuesto para refugios para mujeres en 2026, el dinero alcanzará para menos. La ampliación del programa sin recursos suficientes, los recortes en seguridad y personal especializado, y la falta de un calendario de pagos ponen en riesgo la operación de espacios clave para la protección de mujeres víctimas de violencia.
Este incumplimiento preocupa a la Comisión Legislativa de Seguimiento, que advierte que estas acciones son esenciales para reducir la violencia de género y mejorar la seguridad para mujeres y niñas en el Estado de México.
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