Este 27 de agosto Jorge García Meléndez, abogado defensor de siete de los señalados como culpables del asesinato de Sinar Corzo, acudió a la Cámara de Diputados a fin de demandar juicio político en contra del gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, por ser responsable de fabricar chivos expiatorios en aras de esclarecer el crimen cometido el 3 de enero de este año.

La demanda de juicio político acusa al gobernador emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de haber “violentado de manera sistemática y generalizada la dignidad humana y haber tolerado actos de tortura como técnica de investigación cotidiana de la Fiscalía General de Justicia del Estado”.

Gracias a estos abusos es que la Fiscalía chiapaneca logró vincular a proceso a Apolinar Castillejos Guzmán, Julio César Escobar Guarin, Fernando Prieto Martínez, Artemio Mateos Camacho, Fernando de Jesús Guillen Ralda, Pedro Eduardo Urbina Toledo y Enoch Espinosa Torres.

El abogado Jorge García Meléndez presentó incluso dictámenes periciales realizados por especialistas en el Protocolo de Estambul, que demostraron que Apolinar Castillejos Guzmán, Julio César Escobar Guarin, Fernando Prieto Martínez, Pedro Eduardo Urbina Toledo y Enoch Espinosa Torres fueron víctimas de tortura durante los interrogatorios.

Del asesinato de Sinar Corzo, también se vinculó a proceso a David Parada, quien fuera presidente municipal de Arriaga Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México, posteriormente desaforado por el Congreso del Estado y quien aún se encuentra prófugo.

La muerte de un activista reconocido

La noche del jueves 3 de enero de 2019, alrededor de las 21:40 horas, el veterano y reconocido activista Sinar Corzo Esquinca fue interceptado cuando caminaba por las calles de Primera Norte y Ferrocarril Oriente, en el centro de la cabecera municipal de Arriaga, Chiapas. Estaba a 30 metros de llegar a su casa.

Un sujeto a bordo de una motocicleta llamó a Sinar por su nombre y cuando el activista volteó, de inmediato recibió varios disparos que le causaron la muerte en el mismo lugar.

Sinar Corzo era reconocido por su activismo en favor de las comunidades indígenas de la región Costa de Chiapas, donde se ubica Arriaga, además de que fue un firme defensor de las familias afectadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2019.

Apenas en 2017 Corzo Esquinca había denunciado amenazas de muerte en su contra por haber exigido que se hicieran auditorías a proyectos carreteros en la costa chiapaneca.

Dos semanas después del atentado, el 17 de enero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas informó a la prensa que había logrado la detención de tres personas involucradas en los hechos, eran Apolinar Castillejos Guzmán, Julio César Escobar Guarin, Fernando Prieto Martínez.

De estas detenciones de inmediato sobrevinieron las acusaciones contra el hoy ex alcalde desaforado y prófugo, David Parada, y las detenciones del resto de implicados.

Comienzan los abusos

Pese a que en principio los tres detenidos se dijeron culpables y señalaron posteriormente al resto de estar involucrados y que incluso hasta dijeron haber recibido órdenes directas del ex alcalde, posteriormente los imputados han ido cambiando la versión de los hechos, porque aseguraron que sus confesiones fueron obtenidas a partir de la tortura.

El 14 de enero de 2019, Julio César Escobar Guarin y Fernando Prieto Martínez fueron detenidos sin orden de aprehensión por agentes de la Policía Ministerial, por supuestos delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Bajo tortura ambos fueron obligados a declararse culpables y en el caso de Julio César fue obligado a firmar una entrevista que consignaba información que él mismo nunca dio a los agentes que lo interrogaron.

Por separado fue detenido Fernando de Jesus Guillén delante de su familia y con golpes y torturas lo obligaron a confesarse asesino material de Sinar Corzo. A Fernando la policía ministerial lo identificó como “El Chester”, según testimonios de testigos que nunca fueron citados.

Apolinar Castillejos Guzmán, suegro del ex presidente municipal, dijo que fue detenido del 15 de enero sin que le mostraran orden de aprensión.

En el caso de Pedro Eduardo Urbina Toledo y Enoch Espinosa Torres, ambos fueron detenidos cuando regresaban de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a donde habían acudido a recoger a la familia del entonces presidente municipal David Parada, quien era jefe ambos.

Urbina Toledo y Espinosa Torres fueron detenidos en un retén en las afueras de Tuxtla Gutiérrez en la carretera que va hacia Ocozocuautla. Los policías que los aprehendieron también dejaron en la carretera a la esposa, hijas y suegra del alcalde de Arriaga.

En todos los casos, los inculpados dijeron haber sido detenidos sin orden de aprehensión, incomunicados y torturados física y sicológicamente todo el tiempo, para que confesaran su participación en el asesinato del activista Sinar Corzo.

El séptimo imputado, Artemio Mateos Camacho, originario de Oaxaca, fue apresando y señalado, también, de ser “El Chester”, autor material del homicidio de Corzo Esquinca.

Mateos Camacho fue detenido en territorio oaxaqueño por policías de ese estado, acompañados por un sujeto que se identificó como comandante ministerial de Chiapas.

Según Artemio, el comandante chiapaneco (cuyo nombre no recuerda) le dijo: “yo vengo por parte del Gobernador a romper madres, tú te llamas Rogelio Hernández Martínez y te dicen Chester”, acto seguido comenzaron las golpizas.

La demanda de juicio político

A partir de las declaraciones de los siete imputados de que han sido golpeados, amenazados y aislados desde su detención e incluso durante su permanencia en el penal de Tonalá, la defensa solicitó que se realizaran las entrevistas con base en el Protocolo de Estambul.

Luego de las pruebas realizadas, se logró determinar que hay evidencias sicológicas y médicas que demuestran que al menos Apolinar Castillejos Guzmán, Julio César Escobar Guarin, Fernando Prieto Martínez, Pedro Eduardo Urbina Toledo y Enoch Espinosa Torres fueron víctimas de tortura durante los interrogatorios y su posterior internamiento en el reclusorio.

Por ello el abogado defensor Jorge García presentó una demanda de juicio político contra el gobernador morenista Rutilio Escandón, por permitir actos de tortura y violaciones a las garantías individuales y al debido proceso, lo que serían actos constitutivos de delitos graves por tratarse de personas servidoras públicas.

Adicional, el abogado Garcia Meléndez advirtió que si sus representados no son responsables del asesinado de Sinar Corzo Esquinca, significa también que el gobernador Escandón Cadenas es cómplice de impunidad, pues quienes planearon y ejecutaron el atentado contra el activista permanecen libres.

Este 28 de agosto, el equipo legal presenta también una demanda de juicio político contra el gobernado chiapaneco ante el Congreso del Estado, que celebrará sesión plenaria.