Lejos de contribuir a la reinsersión social, las cárceles femeniles del Estado de México sólo propician ambientes de violencia en contra de las mujeres privadas de su libertad.

Hacinamiento, sobrepoblación, falta de infraestructura para una estancia digna, falta de personal penitenciario y condiciones de insalubridad y sin atención médica, sicológica, legal y para hijos e hijas, son el día a día que viven las internas de los 21 centros de prevención y readaptación social del Estado de México.

Estos son los hallazgos del «Informe especial sobre los derechos fundamentales de las mujeres privadas de libertad en la infraestructura penitencia del Estado de México», elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem).

En las prisiones mexiquenses cuatro de cada diez mujeres están encerradas sin haber recibido sentencia, pero además deben convivir con las que ya se encuentran cumpliendo condena.

Los reclusorios femeniles de Tlalnepantla, Ecatepec, Neza-Bordo, Chalco, Santiaguito, Cuautitlán, Texcoco y la Penitenciaría de Nezahualcóyotl tienen una calificación de 6.21 puntos en una escala de 0 a 10, de acuerdo con el índice que mide la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Viven en el peor lugar

Las mil 975 mujeres privadas de su libertad en el Edomex viven en codiciones infrahumanas que no alcanzan a cumplir los mínimos estándares de dignidad humana firmados por México ante organismos internacionales.

Apenas en su reciente informe de labores, Alfredo Del Mazo Maza presumía acciones para garantizar los derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, pero las cárceles que administra su gobierno son contrarios a eso.

El estudio de la Codhem destaca que los centros penitenciarios mexiquenses carecen de alimentos sanos, de estancias iluminadas y limpias, de sanitarios y regaderas que cumplan con reglamentos de sanidad y no tienen acceso a consultorios médicos ni de atención sicológica que merecen.

El 72 por ciento de los centros de reclusión se encuentran con sobrepoblación y un 40 por ciento no ha recibido sentencia condenatoria.

Ningún centro de reclusión en la entidad alcanza a cumplir la meta de una celda por persona y por el contrario al menos cuatro mujeres comparten un sólo espacio. En Ecatepec, por ejemplo, en una sola celda de tres metros por 2.5 metros, se encuentran hasta 15 internas.

No hay suficientes áreas deportivas, para la educación ni la formación laboral ni tampoco cuentan con locutorios, talleres, patios ni espacios para visitas familiares y menos conyugales.

Abusan de sus hijos e hijas

Las prisiones mexiquenses tienen además condiciones de violencia hacia menores de edad, pues además de no contar con espacios para su sano desarrollo físico y emocional, es constante la separación de las mujeres de sus hijos e hijas como una forma de castigo.

El informe de la Codhem destaca que estas condiciones son consecuencia de que las cárceles no están diseñadas ni adaptadas para la población femenina, lo cual de facto viola los derechos de las internas.

Hasta ahora, sólo la Penitenciaria Femenil de Nezahualcóyotl Sur cuenta con infraestructura física que permite una estancia digna y segura, con estancias suficientes para albergar a las 272 personas privadas de la libertad que se encuentran en el establecimiento carcelario, quienes pernoctan en condiciones adecuadas, incluso existe una separación efectiva de procesadas y sentenciadas.

Castigo sobre el castigo

A las precarias condiciones de vida cotidiana en las cárceles del Edomex, se suman las malas condiciones de confinamiento en casos de castigo, que de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, falta personal de seguridad que en ocasiones es de apenas dos guardias por módulo.

Las disputas, conflictos y enfrentamientos entre las internas son difíciles de contener ante la falta de personal de custodia, su mal entrenamiento y los casos de corrupción que privan entre quienes pretenden «gobernar» la cárcel.

Las internas que son castigadas son aisladas en celdas más pequeñas que las recomendadas a nivel internacional y en general las reclusas no cuentan con recursos para presentar quejas y denuncias por violaciones a sus derechos.

Todas estas condiciones empeoran cuando la mujer privada de su libertad pertenece a algún o varios grupos en situación de vulnerabilidad; es decir, si es indígena, de la comunidad LGBTTTIQ+, vive con discapacidad, con alguna condición de salud o si es extranjera.