En un giro impactante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró vincular a proceso al exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carvajal, por su presunta participación en un caso de secuestro exprés con fines de extorsión.

La jueza de control, con sede en el Estado de México, tomó esta decisión tras las acusaciones de las autoridades estatales.

La detención de Martínez Carvajal se llevó a cabo el 18 de enero en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, después de permanecer prófugo desde noviembre del año pasado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó cateos en el Palacio Municipal y sus domicilios en un intento previo de cumplimentar una orden de aprehensión.

Intrusión ilegal y retención: hechos clave

La investigación reveló que el exalcalde, el 12 de abril del año pasado, ordenó a policías municipales ingresar sin mandamiento judicial a las oficinas de su exsuegro en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Posteriormente, lo llevaron por la fuerza a la Oficialía Calificadora de Toluca, donde fue retenido ilegalmente.

Violencia de género y alertas 

La exesposa de Martínez Carbajal, Viridiana Rodríguez Rico, denunció el hecho y alertó sobre amenazas, condicionamientos y violencia de género experimentados durante los últimos 12 años. La mujer también afirmó que el exalcalde buscaba obtener unos diarios personales a cambio de la liberación de su padre.

Colaboradores implicados: detenciones adicionales 

Además del exalcalde, varios colaboradores enfrentan consecuencias legales: su coordinador de Asesores, Andrés “N”; el policía municipal de Toluca, Saúl “N”; Aldo Federico “N”, secretario particular del coordinador de Asesores; y Magalí “N”, exdirectora de Inteligencia del municipio, acusada de colaborar en su fuga.

Futuro legal

Se fijaron dos meses para la investigación complementaria del caso, mientras Martínez Carvajal permanece en el Centro de Prevención y Readaptación Social «Santiaguito».

En caso de ser hallado culpable, el exalcalde podría enfrentar penas significativas que oscilan entre siete y 20 años de prisión, además de posibles aumentos por otros delitos cometidos.