Lo ocurrido en el Primer Parlamento LGBTTTIQNB+ no fue un acto testimonial. Fue la instalación formal de una agenda que ahora deberá ser procesada —o contenida— por la LXII Legislatura mexiquense.

Sobre la mesa quedaron propuestas con impacto legal directo. Entre ellas destacan la tipificación de abusos vinculados a la pedofilia, la creación de una Ley Integral para la Diversidad Sexual, una norma laboral trans y sanciones contra padres o tutores agresores.

Una agenda con impacto legal y financiero

El ejercicio reunió a 75 participantes. Hubo activistas, personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones civiles y juventudes.

Las propuestas se concentraron en salud, inclusión, derechos laborales y acceso a servicios especializados.

Entre los planteamientos que ahora deberán revisar las comisiones destacan la creación de “casas arcoíris” para atención psicológica, el reconocimiento legal de las personas asexuales y la Ley para el Acceso Integral a Servicios de Salud y Estéticos para Mujeres Trans.

Estas medidas no sólo implican reformas legales. También suponen nuevas obligaciones operativas y presupuestales para el gobierno estatal y los municipios.

Del discurso al tablero legislativo

La diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) afirmó que el parlamento no debe quedarse en un ejercicio simbólico. Señaló que la agenda presentada tendrá que traducirse en reformas concretas.

La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, reconoció que el Congreso asumió el compromiso de procesar políticamente los planteamientos.

Al encuentro acudieron también el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Avances reconocidos, rezagos persistentes

Durante las intervenciones se reconocieron avances. Entre ellos, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la prohibición de las terapias de conversión.

Sin embargo, también se advirtió que persisten problemas estructurales. Siguen la discriminación, la violencia y los crímenes de odio.

Además, continúan las barreras de acceso a la salud, al empleo, a la educación y a la justicia.

El diputado Esteban Juárez Hernández señaló que durante años el acceso de estas comunidades al Congreso fue un derecho negado. La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez afirmó que no puede hablarse de democracia plena mientras existan personas excluidas.

Legislar con impacto transversal

La diputada Yareli Anai Esparza Acevedo explicó que cualquier legislación en esta materia tiene efectos directos en áreas clave del Estado.

Mencionó la salud, la educación, el trabajo, la justicia y la prevención de la violencia.

Por su parte, la diputada Zaira Cedillo Silva y el legislador Isaac Josué Hernández Méndez coincidieron en que el reto es convertir derechos en políticas públicas funcionales.

Un reacomodo interno en el Congreso

La Comisión para la Defensa de los Derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+ fue creada en esta Legislatura. Se instaló el 23 de octubre de 2024.

Desde entonces, Luisa Navarro preside esa comisión. Es la primera persona de esta comunidad en hacerlo en la historia del Congreso mexiquense.

El mensaje es claro: el tema ya no está en el terreno del activismo. Ahora está en el del costo político, legal y administrativo del Estado.