Las víctimas de violencia ácida o química en el Estado de México tendrán nuevas garantías de atención y reparación del daño a partir de este 10 de noviembre.

Con la entrada en vigor de las reformas legales, las autoridades deberán garantizar servicios médicos gratuitos y especializados, cirugías reconstructivas y rehabilitación, mientras que las personas responsables podrán enfrentar penas de prisión que, bajo determinadas circunstancias, alcanzarán hasta 36 años.

Los cambios modifican la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado de México. También establecen la persecución de oficio de estas agresiones y nuevas obligaciones para el personal médico, entre ellas preservar evidencias y notificar los casos al Ministerio Público.

Sanciones según la gravedad de las lesiones

La reforma contempla penas diferenciadas de acuerdo con las características de la agresión y sus consecuencias. Cuando las lesiones se produzcan dolosamente mediante ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, compuestos químicos, líquidos a altas temperaturas, álcalis, gases, explosivos, reactivos o sustancias análogas, se establecen penas de cinco a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa para los supuestos correspondientes a víctimas hombres.

Cuando las lesiones se cometan contra una mujer, niña o adolescente, la sanción será de ocho a 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa.

Si el ataque ocasiona desfiguración permanente en la cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o provoca la pérdida o disminución definitiva de las funciones de algún órgano o sentido, la pena podrá alcanzar hasta 20 años de prisión, además de 300 a 700 días multa.

Las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad cuando la persona agresora sea servidora pública y cometa el acto en ejercicio de sus funciones, o cuando exista entre ella y la víctima una relación de parentesco, convivencia sentimental o afectiva, laboral, docente, de subordinación, confianza o responsabilidad de cuidado.

En los supuestos de mayor gravedad, cuando el ataque ponga en peligro la vida de la víctima y concurra alguna de las circunstancias agravantes previstas, la pena podrá alcanzar hasta 36 años de prisión, al sumarse las sanciones correspondientes al delito de lesiones. Este máximo no aplica de manera automática a todas las agresiones.

La reforma establece que las conductas contempladas en estos supuestos se perseguirán de oficio, por lo que la actuación de las autoridades no dependerá de que la víctima presente una querella.

Personal médico deberá preservar evidencias

Las modificaciones legales también establecen obligaciones específicas para el personal de salud que atienda a personas con lesiones provocadas por sustancias químicas o corrosivas.

Entre ellas se encuentran proporcionar atención médica inmediata y prioritaria, conservar las evidencias clínicas y biológicas relacionadas con la agresión y notificar de manera inmediata al Ministerio Público, además de proporcionarle la información y los elementos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, con respeto a los derechos de las víctimas.

El personal de salud que esté obligado a realizar esta notificación y omita hacerlo podrá recibir sanciones conforme al Código Penal estatal, independientemente de las responsabilidades administrativas que correspondan.

Atención gratuita y reparación integral del daño

Otro de los alcances de la reforma es garantizar que las víctimas sean canalizadas y trasladadas de manera inmediata a unidades médicas de alta especialidad, con acceso gratuito, integral y continuo a los servicios de salud.

Las autoridades estatales y municipales deberán garantizar atención médica especializada, cirugías reconstructivas, cirugía estética funcional, rehabilitación y los suministros necesarios para la recuperación de las personas afectadas, sin costo y de manera oportuna y continua.

En materia de reparación integral del daño, se contemplan cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis y tratamientos médicos especializados y de largo plazo, así como compensaciones por lucro cesante y otras medidas necesarias para la recuperación integral de las víctimas.

También se reconocen medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, la legislación mexiquense establece nuevas responsabilidades para las instituciones de salud y las autoridades, tanto en la atención inmediata como en la protección y reparación de los derechos de las víctimas de violencia ácida o química.