Sinceramente calculé que el Presidente López Obrador ya no convocaría a realizar acto formal para conmemorar, este 7 de junio, el día de la libertad de prensa que impusieron en 1951, con visión convenenciera, empresarios de medios y Miguel Alemán Valdés. Que bueno que no lo hizo.

Muchos periodistas creemos que esa ha sido una rememoración infamante. Hoy, sus motivaciones ya son diacrónicas. Debe desaparecer. Aquel modelo sí ensanchó la libertad, pero de la empresa de prensa. Por consecuencia, entronizó un sistema de conveniencias mutuas en todo el país.

Las mutuas conveniencias, crearon un régimen mercantil que propició el desarrollo de grandes corporativos. Ese modelo corporativista les facilitó elegir, dosificar, administrar la información de interés público y acaparar el gasto público publicitario en todos los niveles, lo que obstaculizó, precarizó y vulnerabilizó a empresas pequeñas y a miles de periodistas.

Viene otro modelo

Poco a poco la libertad de prensa en México ya no es señorío de las grandes empresas; se ha ido diluyendo su supremacía en el mercado por la incorporación de miles de nuevos actores por las nuevas tecnologías. La libertad de la información y de la prensa se amplió también por la reducción de cotos que le daban poder al Estado en ese sistema de conveniencias, gracias también a las muchas movilizaciones ciudadanas y la politización social; gracias al avance de los derechos sociales. Factor de avance son otras prácticas más profesionales, más éticas, de cientos, y quizá miles, de periodistas bien formados que, a pesar de muchas precariedades, realizan un ejercicio periodístico de cercanía y de responsabilidad social.

La característica más importante que resta de aquel modelo (el elevado y arbitrario gasto público en publicidad) ha comenzado a reducirse y a quitarle la forma de subsidio disfrazado para las grandes empresas que mercantilizan la información. 

No se había tenido en México tal liberación de la información de interés público, de libertad para hacer periodismo, de libertad de la prensa en general. Pero la atajan varios fenómenos que el nuevo régimen podría disminuir: las agresiones, la impunidad, la alta precariedad de periodistas profesionales, la obstrucción del debate crítico en el ámbito digital y un derecho de réplica de gobernantes alegal e inequitativo. 

Veamos por partes:

Aquel modelo de los 80

Apenas este 30 de mayo de 2020 periodistas de distintas formaciones rememoramos el asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón porque simboliza el momento en que un periodista destacado fue abatido en un contexto en que crecían y se tornaban incontrolables males como la corrupción y la delincuencia organizada. Evocamos las limitaciones a la libertad de prensa que había en los años 80, cuándo Buendía era el columnista más influyente. En un ensayo que publicó la revista Zócalo anoté lo siguiente:

Si había vetos y censura indirecta. Los temas vetados para la crítica eran: el Presidente de la República, su familia, el ejército, dependencias que daban anuncios (IMSS, Hacienda, Lotería Nacional, etcétera, etcétera) el PRI (a menos que allí mismo se filtraran datos de priistas en conflicto con su partido), los gobernadores, (igual aquí solo pasaban filtraciones), los socios o amigos del dueño del medio y la Virgen de Guadalupe.

Las partes actuaban por conveniencias mutuas. Los vetos no eran por censura previa de gobierno, se imponían con los mandos de los medios (autocensura convenenciera), pero para garantizar su vigencia se auspiciaba el contexto favorable para asumir que la prensa (y por tanto la información) eran sujetos en el régimen mercantil y no un servicio público. 

El Estado tenía un catálogo de medidas duras y blandas para su control: administración oficial de la producción y venta del papel para impresos; entrega, arbitraria y generosa de la publicidad oficial; reparto monopolizado de ediciones impresas (Unión de Voceadores); permisos y tiempos muy controlados para la radio y televisión; condonación o cobros arbitrarios de impuestos (Hacienda); descuentos generosos o pagos exorbitantes al IMSS; estímulos o apoyos económicos sin facturas (rescates eventuales para pagos de nómina, embutes regulares para funcionarios y algunos columnistas, chayos para reporteros y reporteros gráficos). Y en caso de resistencias o descontroles, despidos recomendados, cobros de adeudos, cierres, clausuras o despojo de medios. La consecuencia negativa para toda la sociedad era la “administración” de la información, poca pluralidad de fuentes y de opiniones.

Una foto de 2015

En otro ensayo, este para Freedom House para un informe a la ONU sobre derechos humanos, compraré dos momentos de los años 80 con el 2015 y sobresalían algunos cambios positivos:

Factores externos que desarrollaron capacidades y libertades del periodismo. La evolución acelerada de las nuevas tecnologías propició más inversión de las grandes empresas; actividad boyante del mercado de la publicidad privada en los medios; acelerada academización de periodistas y comunicadores (miles de egresados); presencia destacada de periodistas y medios que promovieron un ejercicio menos atado al sistema de conveniencias (unomásuno, Proceso, La Jornada, Reforma, Milenio y nuevos diarios digitales, muchos núcleos de ex miembros de la Unión de Periodistas Democráticos en redacciones de todo el país). Todo eso repercutió en más y mejores métodos de trabajo, nuevas técnicas y más pautas deontológicas para el periodismo. 

Algunos cambios del Estado. Siguió sin aplicarse la censura previa; por libertad de medios y periodistas disminuyeron los temas tabús; PIPSA ya no tenía el control del papel para medios impresos; terminó el reparto monopolizado de ediciones impresas (Unión de Voceadores); por nuevas leyes y acuerdos se redujo la discrecionalidad al otorgamiento de concesiones, permiso y tiempos para la radio y televisión; disminuyó sensiblemente la entrega sin factura de estímulos o apoyos económicos (apoyos, embutes y chayos); en general las empresas de prensa regularizaron sus relaciones con el IMSS (pero siguieron evadiendo declarar salarios reales). El gasto publicitario creció desmesuradamente y se aplicó arbitrariamente y poco transparente (hay cálculos que entre 2012 y 2018 sólo el ejecutivo federal erogó entre 18 y 19 mil millones de pesos y al menos 50 por ciento más en estados y municipios); persistió el amago en condonación o cobros arbitrarios de impuestos (Hacienda).

 Las consecuencias fueron: ampliación de la libertad de prensa por desarrollo de la autonomía operativa de medios industriales y medianos y el ejercicio más libre de cientos de periodistas; circuló más información de interés público de calidad y se amplió la pluralidad ideológica y política en todas las plataformas. Lo más negativo fue que desde 1984 comenzó el execrable ciclo de agravios y crímenes a medios y personas vinculadas con el periodismo con un índice cercano al 96 por ciento de impunidad a pesar de que se habían creado una ley federal, 22 leyes en los estados, un mecanismo de protección federal, 4 mecanismos activos en los estados, una fiscalía especial de la federación y fiscalías 

Hacia un nuevo modelo

Independientemente de la incertidumbre que asola el futuro económico de los medios de comunicación y de la mayoría de empresas de prensa por el entorno de varias crisis y por la paralización que impuso la pandemia en el mundo, los valladares más importantes de hoy para ejercer un periodismo más libre y seguro en México son:

La violencia que proviene tanto de servidores públicos de distintos niveles que son criticados en medios impresos y digitales; la violencia irrefrenable de la delincuencia organizada; la impunidad; el desempleo ampliado y la precarización laboral de miles de mujeres y hombres periodistas profesionales la obstrucción del debate crítico en el ámbito digital y un derecho de réplica de gobernantes alegal e inequitativo que crea atmósferas de vulnerabilidad para el ejercicio.

De las acciones del gobierno federal las principales que están pendientes de precisar:

El modelo que realmente quieren para la comunicación social del Estado para toda la sociedad.

La nueva ley de comunicación que ofrezca transparencia en los convenios de publicidad, con equidad para todos los medios de prensa (mercantiles, sociales, no lucrativos) y como auxilio a los medios públicos reforzados para ampliar la información de interés general. 

Apoyar y activar a la altura de los problemas que atienden al Mecanismo de Protección y la Fiscalía Especial.

Responder a las peticiones de transparencia.

Respetar la ley de réplica. 

Y si hubiera que hacer otros pactos del Estado con actores del periodismo, tendría que ser específicamente con las y los trabajadores profesionales del periodismo para que impulsen formas de autoprotección, de autoempleo y de capacitación permanente para que sigan siendo, con libertad y seguridad, los garantes de la circulación de la información sin los retenes del interés mercantil y de los políticos.

Por lo pronto dos señales serían dables: no generalizar cuando se replica o crítica en el podio presidencial malas prácticas de algunos editores, opinadores o reporteros e institucionalizar una nueva fecha para las evaluaciones de la libertad de prensa de las y los periodistas. Esa fecha simbólica debiera ser el 30 de mayo evocando a Manuel Buendía Tellezgirón, uno de los primeros sacrificados por los nuevos males de México que alcanzan al periodismo.