por Mientras el Gobierno del Estado de México sostiene que no revertirá el aumento de la tarifa al transporte público, en el Valle de Toluca asociaciones civiles promueven amparos para frenar esta medida que entró en vigor en enero de este año, y que impacta en los bolsillos de los mexiquenses.
Este jueves, miembros del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México A.C. interpusieron un amparo ante los Juzgados Federales en Toluca contra el ajuste de dos pesos, cuya determinación fue publicada el 19 de diciembre de 2019, en el periódico oficial Gaceta de Gobierno.
En conferencia de prensa, Juan Carlos González Díaz, presidente de la Asociación, consideró que la medida debió estar sujeta a un estudio socioeconómico y con base ello haber establecido el aumento, toda vez que hay sectores de la población que deben pagar más de un traslado y su salario no les da para solventar tantos gastos. 
“Fue una medida unilateral sin haber consultado a los usuarios y sin contar con un estudio socioeconómico; la Secretaría de Movilidad sólo tomó en cuenta el estudio que le presentaron los empresarios transportistas pero no consultó a la ciudadanía”.
El ajuste al pasaje en el transporte público –consideró el jurista- viola el artículo primero constitucional en el que se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Lo anterior, porque al erogar más recursos en el transporte público las familias se ven limitadas a cubrir otras necesidades como la salud, alimentación y vivienda, abundó Viridiana Danahí Rodea González, vocal de la asociación.
Dado que esta medida también viola el derecho a la movilidad, los promotores del recurso legal exhortaron a los usuarios y a otras asociaciones y colectivos a presentar más amparos contra la aplicación del llamado tarifazo.
Advirtieron que de ingresarse más recursos legales, el caso podría ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
