Este es un comunicado de prensa.

Después de más de dos meses sin respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la petición realizada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal de atraer el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, hoy nos encontramos aquí los familiares, organizaciones populares, de derechos humanos y personas solidarias, para solicitar una vez más que la SCJN atraiga a la brevedad el caso y lo resuelva en favor de la víctimas.

Esta institución, como máxima instancia de procuración de justicia en el país, debe mostrar en los hechos su interés y preocupación por resolver casos de graves violaciones a derechos humanos como lo son las desapariciones forzadas, pues es de su competencia conocer sobre estos graves crímenes y más cuando por la trascendencia histórica e importancia de éstos son turnados por un tribunal para ser resueltos.

Es la segunda ocasión en la que, tanto familiares de víctimas, como organizaciones de derechos humanos y populares, así como personas solidarias, intelectuales y académicos, solicitamos a esta institución jurídica la atracción del caso de Gabriel y Edmundo para su solución satisfactoria en favor de las víctimas directas del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas.

En mayo del 2015, integrantes de la Comisión civil de seguimiento y búsqueda, así como los familiares y representantes legales y de derechos humanos, nos reunimos con el entonces Presidente de la SCJN, el magistrado Luis María Aguilar Morales, a quien directamente se le solicitó la atracción del caso ante el incumplimiento de la resolución de queja 29/2014 en la que se ordenaba la búsqueda de ambos detenidos desaparecidos en cuarteles militares, citar a comparecer a altos mandos, crear una comisión especial de búsqueda, entre otras cosas.

En ese momento, el magistrado nos indicó que solicitaría al pleno de la Suprema Corte la atracción del caso, lo cual hizo, sin embargo, el pleno de la primera sala no lo aceptó, con el argumento de que esta resolución no era una sentencia definitiva y que aún debía de agotarse el proceso del juicio de amparo.

Hoy, 5 años después, la SCJN tiene una segunda oportunidad para atraer este caso, el cual ya no puede argumentar que no es definitivo, dado que en la sentencia de amparo emitida en mayo de 2019 el juzgado reconoció explícitamente la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas directas EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, por parte de agentes del Estado mexicano. Así como de las víctimas indirectas NADIN REYES MALDONADO (hija de EDMUNDO) y de MARGARITA CRUZ SÁNCHEZ (hermana de GABRIEL).

Y es el Segundo Tribunal Colegiado quien una vez de estudiar el caso y el recurso de revisión adhesiva 136/2019, solicitó a la Suprema atraer el caso, ya que de hacerlo sentaría las bases necesarias para establecer criterios de actuación en la búsqueda de los detenidos desaparecidos y  jurídicamente se construirían novedosos criterios jurisprudenciales, a partir de este caso, pues se haría una interpretación del artículo 15 de la Ley de Amparo, así como de los dispositivos 1° y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, conjuntamente con distintos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para definir las facultades de los jueces de Distrito en los casos en que se reclame y se sospeche que una persona ha sufrido desaparición forzada, con la precisión de cuáles son los márgenes que rigen su actuación, así como los lineamientos con los que podrán ejercer la encomienda constitucional de constituirse como garantes de la observancia de los derechos humanos, así como en su caso, cuáles son los parámetros de obligaciones que pueden imponerse para lograr la reparación integral en favor de los directos agraviados y víctimas indirectas de esas conductas anómalas.

Por tanto, la Suprema Corte tiene en estos momentos una importante decisión que tomar, si continuar por el sendero de la impunidad como lo ha hecho durante todos estos años, en los que no ha querido voltear a ver a las víctimas de desaparición forzada, o ser una institución cercana al pueblo y brindar el verdadero acceso a la verdad y la justicia. Este caso, como muchos más en el país, debería ser de su competencia, dado que son la máxima institución de procuración de justicia que debe velar por los derechos del pueblo.

Por ello, reiteramos una vez más nuestra petición de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia atraiga y resuelva positivamente el caso de ambos luchadores sociales. Para esto hoy haremos entrega de una carta en la que más de 300 personas y más de 150 organizaciones a nivel nacional e internacional se suman a esta exigencia para que el caso sea atraído. Asimismo, entregaremos una petición de audiencia a los ministros del pleno con la finalidad de dar a conocer de primera mano toda la documentación del caso.

Agradecemos infinitamente a las personas que hoy nos acompañan y a todas las personas solidarias que con su firma se sumaron a esta exigencia, dado que este tema es una grave afrenta para miles de personas en el país que al igual que nosotros pugna por terminar con la impunidad y poner un alto a las desapariciones forzadas en el país.