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El Congreso del Estado de México eliminó la prisión vitalicia y estableció una pena máxima de 70 años, en una reforma que alinea el sistema penal con criterios de la Suprema Corte y prioriza la reinserción social y los derechos humanos.
Familiares de víctimas, más 150 organizaciones nacionales e internacionales y 323 personas solidarias solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción y resolución en favor de las víctimas del caso de la desaparición forzada de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
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