En menos de 24 horas tres periodistas mexiquenses han sido agredidos; uno apuñalado en el municipio de Naucalpan y dos más golpeados y amenazados por elementos de la policía municipal de Chimalhuacán.
En el primero caso, el reportero Héctor García fue apuñalado la tarde noche del miércoles 8 de enero en las inmediaciones de la estación del Metro Cuatro Caminos, en Naucalpan de Juárez.
De acuerdo con la Fraternidad de Reporteros de México, organización que condenó la agresión, el periodista había estado cubriendo los procesos internos para la renovación de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y había recibido amenazas de parte de integrantes de una de las planillas contendientes.
Héctor García es reportero del diario Basta de circulación en la capital del país y municipios conurbados del Estado de México.
La segunda agresión en las primeras horas de este jueves, cuando elementos de la policía municipal de Chimalhuacán agredieron cuando dos fotoperiodistas acudieron a cubrir un incidente vial en el que una menor de edad resultó muerta.
Elementos de la policía de Chimalhuacán para resguardar el lugar del accidente y cuando los periodistas llegaron a realizar su labor fueron detenidos por los uniformados, quienes les ordenaron que bajaran sus cámaras, pese a que los fotógrafos se encontraban lejos de la escena y detrás de una malla ciclónica y por tanto no obstruían la labor oficial.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó al lugar tres horas después, luego de que los policías habían golpeado al fotorreportero David Deolarte y se habían llevado detenido a Leonardo Sánchez.
Más tarde el propio Ayuntamiento de Chimalhuacán emitió un comunicado de prensa en el que acusa al fotoperiodista de «impedir labores de la Fiscalía de Justicia Mexiquense» y que a la «negativa de identificarse, la policía municipal activa (sic) protocolo de acción para garantizar la escena».
El gobierno que encabeza el priísta Jesús Tolentino Román Bojórquez, argumenta que el fotoperiodista detenido portaba «identificaciones vencidas de los diarios La Prensa y Reforma» y que por la fuerza había intentado acercarse a la zona resguardada por los policías.
Apenas el 31 de julio pasado el Colectivo de Periodistas del Estado de México entregó al Gobierno del Estado que encabeza Alfredo del Mazo Maza, un proyecto de protocolo de actuación para garantizar el libre ejercicio del periodismo y la protección de periodistas en el Estado de México, que propone acciones de las fuerzas policiales para garantizar el trabajo de las y los periodistas, pero seis meses después no ha habido respuesta.
Igualmente el 24 de octubre pasado el presidente del Congreso del Estado, el morensta Maurilio Hernández se había comprometido que antes de que terminara 2019 aprobarían una ley de Protección Integral para Periodistas, pero ni siquiera se presentó el proyecto en comisiones, pese a que la misma iniciativa presentada por la diputada Azucena Cisneros Coss había sido fortalecida con propuestas de las y los periodistas mexiquenses.
Las propuestas de las y los periodistas tanto del protocolo de actuación como de la ley de protección buscan precisamente reducir las condiciones de riesgo para el ejercicio profesional y evitar situaciones como las que se registraron en las últimas 24 horas.
En tanto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició de oficio la queja CODHEM/TOL/APC/2/2020 para investigar la probable violación de los derechos humanos del periodista Leonardo Sánchez.