por El Estado de México es la entidad que concentra el mayor número de desapariciones de mujeres y niñas en el país. Pese a la problemática que va en aumento, prevalece la impunidad, la criminalización, la revictimización y la violencia institucional.
Académicos, colectivos y familiares de personas desaparecidas demandan que con la segunda Alerta de Violencia de Género contra Mujeres por desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), los casos sean vinculados como trata de personas.
También exigen que se destinen mayores recursos para las acciones encaminadas a atender la violencia de género, así como capacitación para las autoridades encargadas de investigar los casos, toda vez que son los familiares quienes inician y realizan las indagatorias.
“Le pregunto al Gobierno del Estado de México: ¿Por qué tengo que salir a buscar a mi hija desaparecida?, ¿por qué me creó esa necesidad?, ¿por qué se le hace más fácil que yo esté en la calle cuando son las autoridades quienes deberían hacer este trabajo?, ¿por qué ellos que reciben un salario y se supone están capacitados, no realizan su labor? Lejos de ello pisotean nuestros derechos y nos violentan”, cuestionó Laura Curiel.
Desde hace cuatro años, ha indagado en prostíbulos, bares y colonias de Tlalnepantla y municipios aledaños para ubicar a Daniela, que después del 11 de marzo de 2015, ya no regresó a su domicilio.
El de Laura –quien es miembro del colectivo Alondras Unidas, integrado por mujeres víctimas de violencia de género y por familias de personas desaparecidas y no localizadas – es uno de los mil 790 casos de mujeres desaparecidas en el estado de México, que representan el 45.8 % por ciento, casi el doble de las personas desaparecidas en el país.
La mujer agregó: “Queremos que después de esta segunda alerta de género, el gobernador Alfredo del Mazo reconozca que hay una problemática que debe ser atendida con urgencia”.
Además pidió capacitación y sensibilización de los Ministerios Públicos, pues aseguró que como familiares de las víctimas sufren violencia institucional, en ocasiones “extrema”.
Investigar desapariciones como trata de personas
Dado que los registros de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes van en aumento, Itzel Hernández Lara, coordinadora de la Especialidad de Género y, Políticas Públicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), concordó con el colectivo Alondras Unidas en que este fenómeno debe ser investigado y vinculado a la trata de personas.
En muchas ocasiones, dijo, las desapariciones tienen que ver con el traslado de las víctimas a otros países con fines de venta y colocación en actividades de explotación sexual y laboral.
“Estamos ante un problema grave, puede ser que sean niñas y adolescentes que estén siendo desplazadas no sólo fuera del Estado sino del país, por ello se requieren acciones más allá de las fronteras estatales. Las redes de trata de personas son muy amplias”, indicó la especialista
De ahí – prosiguió- que el mecanismo de búsqueda debe ser inmediato ya que se según las estadísticas trata de una población vulnerable.
“Los mecanismos se tienen que fortalecer, y desde luego como también reclaman los colectivos y organizaciones no gubernamentales las instituciones tienen que contar con personal capacitado en perspectiva de género. Estamos ante una situación de emergencia y hay que actuar ya”,
La ex diputada local, Ana Yurixi Leyva Piñón, quien ha abanderado el tema de género, coincidió con lo anterior al señalar que se tiene que terminar con la práctica de los Ministerios Públicos de esperar las 72 horas para comenzar a investigar la desaparición de una persona.
Presupuesto pobre, pobres resultados
Leyva Piñón además criticó que el Gobierno del Estado de México destinó únicamente 30 millones de pesos a la Secretaría de Justicia Derechos Humanos, para realizar acciones para atender la primera alerta por feminicidios.
“En los Presupuestos de Egresos del 2018 y 2019, en el artículo 14, el gobierno etiquetó esa cantidad, lo que significó apenas el 0.01 por ciento del total de los recursos de pesos. Tomando en cuenta que para el año pasado se autorizaron 280 mil 706 millones de pesos y para este año fueron 291 mil 059 millones.
De ese tamaño ha sido para el gobierno estatal, la importancia de la primera Alerta de Género. En cuanto a las desapariciones, el asunto es que el gobierno no lo ha caracterizado como un problema público y social”.
Sin nuevos registros
Desde el 2018, la organización civil I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, ya había alertado que conforme a los datos asentados en el Registro Nacional de Datos Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), la entidad encabeza casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el país.
Al 30 de abril del 2018 en el Estado de México había 3 mil 890 desaparecidos y mil 785 son mujeres, es decir, el 45.8%.
El rango de edad el cual concentra la mayoría de los casos está entre 15 y 17 años, que representa el 31%, y le siguen los rangos de 10 a 14 años de edad con 16%, y de 21 a 29 años de edad con 15%.
De este año, no hay un registro actualizado.
“El registro del Estado de México está cerrado, en olvido. ¿Cómo se va a prevenir este fenómeno si ni siquiera se cuenta con datos actualizados. No hay información segregada”, expuso Leyva Piñón.
Es de comentar, que la nueva declaratoria por desapariciones otorga a las autoridades un plazo de 60 días para asignar recursos humanos y financieros suficientes.
