Apenas el pasado miércoles 28 de agosto, la defensa de siete implicados en el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca, había acudido al Congreso del Estado de Chiapas a presentar una demanda de juicio político en contra del gobernador Rutilio Escandón por su responsabilidad en actos de tortura y dos días después uno de los encarcelados y una testigo en la investigación recibieron la visita de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado para amenazarles con hacerles daño a sus familiares si no desmentían las versiones de la tortura. (Lee el caso completo aquí)

Uno de los implicados, que se encuentra preso en el penal de Tonalá, denunció a sus abogados que los funcionarios de la FGJ le ofrecieron 400 mil pesos y una pena máxima de ocho años, si reconocía su participación en el crimen cometido el 3 de enero de este año en el municipio de Arriaga y de paso asegurara que nunca fue torturado.

Un día antes, el 27 de agosto, el equipo legal de los siete coacusados de la muerte de Corzo Esquinca, acudió también a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de demandar juicio político en contra del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, por ser responsable de fabricar chivos expiatorios.

La demanda de juicio político acusa al gobernador emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de haber “violentado de manera sistemática y generalizada la dignidad humana y haber tolerado actos de tortura como técnica de investigación cotidiana de la Fiscalía General de Justicia del Estado”.

Este viernes 30 de agosto fue que estos funcionarios de la FGJE comenzaron a amenazar al menos a dos personas involucradas en las investigaciones.

Uno de ellos es señalado de participar en el atentado que cobró la vida de Sinar Corzo y la otra persona recientemente amenazada es una de las testigos que han rendido declaración.

Tras el asesinato del activista fueron vinculadas a proceso ocho personas, incluida quien fuera presidente municipal de Arriaga, Chiapas, posteriormente desaforado por el Congreso del Estado y quien aún se encuentra prófugo.

La defensa basa su demanda de juicio político en que logró documentar con estudios periciales, y estudios médicos y sicológicos con base en el Protocolo de Estambul, que al menos cinco acusados fueron torturados física y sicológicamente para aceptar su responsabilidad en el crimen.

La defensa de todos los inculpados y de la testigo dijo que temen por la seguridad e integridad física y sicológica de sus representados y de sus familias ante estas nuevas amenazas, las cuales ratifican las evidencias presentadas de que se trató de un caso de fabricación de culpables a partir de actos de tortura.