La elección directa de autoridades, la fiscalización del gasto y la participación de estudiantes y docentes en las decisiones presupuestales forman parte de los cambios propuestos para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Durante la sesión del Congreso mexiquense del 21 de octubre, el diputado Octavio Martínez Vargas, prosecretario de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, expuso una iniciativa para reformar la Constitución estatal, la Ley de Educación del Estado de México y la Ley Orgánica de la UAEMéx.

La propuesta busca modificar las reglas de gobierno universitario, ampliar los mecanismos de transparencia y fortalecer los derechos de la comunidad estudiantil y académica. El legislador señaló que su planteamiento complementa la iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para actualizar el marco jurídico de la institución.

Elección directa y mayor representación universitaria

Entre los cambios propuestos destaca que las autoridades universitarias se elijan mediante voto universal, libre, secreto y directo. El proceso también se regiría por los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, máxima publicidad y paridad de género.

La iniciativa plantea ampliar la representación del alumnado y del personal académico en el Consejo Universitario, con espacios para los centros universitarios, las unidades académicas y los planteles de nivel profesional y bachillerato.

También propone incorporar un catálogo de derechos universitarios que incluya la libre asociación, la protesta pacífica, la libertad de expresión, el acceso igualitario, la participación informada y la representación democrática.

Proponen presupuesto participativo y auditorías

Otro eje es la creación de un mecanismo de presupuesto participativo, para que distintos sectores de la comunidad universitaria propongan, debatan y voten el destino de una parte de los recursos institucionales.

El planteamiento contempla facultades para que el Consejo Universitario ordene auditorías internas y reciba informes públicos sobre la ejecución presupuestal. Además, establece un mandato de sustentabilidad financiera que obligaría a diversificar las fuentes de ingresos para mantener la operación de la institución a largo plazo.

La propuesta también vincula esa sostenibilidad con el principio de gratuidad progresiva, cuyo objetivo es eliminar gradualmente las cuotas escolares. Asimismo, plantea regular la incorporación de establecimientos educativos a la universidad.

Plantean sanciones por violencia de género

La iniciativa propone reconocer la autonomía técnica de la Defensoría de los Derechos Universitarios y facultarla para promover, proteger y garantizar los derechos de la comunidad.

En materia de responsabilidad institucional, plantea establecer como faltas graves el acoso sexual, el hostigamiento, la violencia de género, la corrupción y los conflictos de intereses.

Estas conductas podrían sancionarse incluso cuando ocurran fuera de las instalaciones universitarias, siempre que exista una relación institucional entre las personas involucradas.

Otro de los ejes consiste en establecer el vínculo con la sociedad como una obligación estructural de la UAEMéx, mediante una relación permanente con las comunidades del Estado de México para compartir conocimiento, atender problemas sociales y contribuir al desarrollo regional.

Señala antecedentes de presuntas irregularidades financieras

Durante su intervención, Martínez Vargas argumentó que la reforma debe considerar los antecedentes de presuntas irregularidades financieras en instituciones de educación superior.

Como ejemplo, mencionó el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la situación judicial de su exrector, Gerardo Sosa Castelán. También recordó el caso conocido como la Estafa Maestra, relacionado con la entrega de recursos federales a universidades públicas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las cifras expuestas por el diputado, en ese esquema se canalizaron 7 mil 640 millones de pesos a ocho universidades, de los cuales mil 440 millones correspondieron a la UAEMéx. Añadió que se inició un procedimiento de resarcimiento por 57.5 millones de pesos contra el representante legal de la institución.

El legislador señaló que la universidad opera con un presupuesto aproximado de 6 mil 500 millones de pesos y recordó un audio atribuido a un rector de apellido Barrera, en el que, según su exposición, aseguró que dejaría las arcas vacías a su sucesor.

Martínez Vargas presentó estos antecedentes como argumentos para fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas en la universidad.

La iniciativa deberá discutirse en el Congreso

El diputado sostuvo que la actualización del marco jurídico debe responder a las necesidades educativas de los 125 municipios mexiquenses y ampliar la cobertura universitaria para garantizar un acceso más equitativo a la educación superior.

Su propuesta contempla reformas al artículo quinto de la Constitución del Estado de México, la adición de tres párrafos al artículo 33 de la Ley de Educación estatal y modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Martínez Vargas expresó su expectativa de que las iniciativas se discutan en los próximos días y permitan construir una nueva regulación para la vida universitaria.

El planteamiento busca modificar las reglas de elección de las autoridades, fortalecer la vigilancia de los recursos públicos y ampliar la participación de la comunidad universitaria en las decisiones institucionales.