por Juezas y jueces en materia penal del Estado de México deberán avisar y justificar las demoras en la emisión de sentencias cuando un proceso supere los plazos establecidos por la Constitución.
La medida forma parte de los nuevos Lineamientos sobre el Aviso y la Justificación de Demora en la Emisión de Sentencias, elaborados por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
El objetivo es evitar que los procesos penales se prolonguen sin explicación. También busca garantizar que los asuntos tengan seguimiento y avancen dentro de los plazos legales.
Los lineamientos fueron presentados a juzgadores de Control, Tribunal de Enjuiciamiento, sistema penal tradicional, adolescentes, ejecución penal y cateos.
La sesión fue encabezada por la magistrada presidenta del TDJ, Maricela Reyes Hernández.
El retraso deberá ser informado
Reyes Hernández explicó que el aviso de demora no significa que exista una falta administrativa de manera automática.
El mecanismo permitirá conocer qué ocurre cuando un proceso supera el plazo constitucional.
Si existe una causa válida, la persona juzgadora deberá presentar los elementos que permitan comprobarla.
La magistrada recordó que esta obligación no fue creada por el Tribunal. Está establecida en la Constitución.
La Constitución establece los plazos
El artículo 20, apartado B, fracción VII, establece los plazos para resolver los procesos penales.
Cuando la pena máxima del delito no excede de dos años, el proceso debe resolverse en un plazo de hasta cuatro meses.
Si la pena máxima es mayor, el plazo puede llegar hasta un año.
Los nuevos lineamientos establecen qué deberán hacer los juzgadores cuando estos plazos sean superados.
Las disposiciones serán obligatorias una vez que sean publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
Habrá cinco días para presentar el aviso
El magistrado Alejandro Jaime Gómez Sánchez explicó el procedimiento previsto en los lineamientos.
El aviso deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento del plazo constitucional.
También deberá contener los datos del expediente y del órgano jurisdiccional.
Deberá incluir información sobre las personas involucradas, el delito y el motivo de la demora.
Además, deberán anexarse los documentos que respalden la explicación presentada por la persona juzgadora.
El aviso no implica una sanción automática
La Secretaría de Acuerdos integrará un expediente con la información recibida.
Después, el auditor visitador en materia penal revisará el caso y elaborará una opinión técnica.
El asunto será enviado entonces a la comisión regional correspondiente.
Si la demora está justificada, podrán establecerse medidas para impulsar el proceso.
También podrán solicitarse informes periódicos para conocer el avance del expediente.
Cuando no exista una explicación suficiente, el caso podrá remitirse a la Unidad de Investigación.
Esta instancia determinará si existen elementos para una posible responsabilidad administrativa.
Por tanto, presentar un aviso de demora no significa recibir una sanción.
Buscan prevenir antes que sancionar
La presidenta del Tribunal señaló que la intención principal es prevenir las demoras antes que sancionarlas.
Un proceso puede retrasarse por distintas circunstancias.
Entre ellas están la presentación de un amparo, una reposición del procedimiento o una determinación de otra instancia.
En estos casos, la persona juzgadora deberá informar de manera oportuna y acreditar la causa del retraso.
Reyes Hernández incluso planteó como escenario ideal que no sea necesario iniciar procedimientos administrativos por estas demoras.
Esto ocurriría si los avisos se presentan a tiempo y los procesos reciben el seguimiento correspondiente.
Derecho a un plazo razonable
La magistrada Nancy Flores Mendoza destacó la importancia del mecanismo a partir de la reforma constitucional de 2024.
Señaló que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Un proceso puede extenderse por distintas razones. Sin embargo, esto no significa que deba continuar sin seguimiento o explicación.
La magistrada resumió el objetivo de la medida en tres conceptos: celeridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
El límite de tiempo protege a quienes enfrentan un proceso.
La justificación permite identificar los casos en los que existe una causa legítima para la demora.
El seguimiento institucional permitirá determinar qué ocurre cuando no existe una explicación suficiente.
Cuatro regiones darán seguimiento
La aplicación de los lineamientos será gradual.
El seguimiento se dividirá en cuatro regiones: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec.
Cada región contará con una comisión integrada por tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
Cristel Yunuen Pozas Serrano, secretaria de Acuerdos del Pleno, explicó que la implementación será progresiva.
Con este mecanismo, el Tribunal busca que los procesos penales que superen los plazos constitucionales tengan una explicación y seguimiento.
También permitirá distinguir entre una demora atribuible a la actuación judicial y aquella provocada por circunstancias ajenas al control directo de la persona juzgadora.
