Los aumentos en la renta de vivienda podrían quedar vinculados a la inflación y los arrendatarios tendrían hasta 90 días de aviso antes de que se solicite la desocupación de un inmueble, de prosperar una iniciativa presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena.

La propuesta plantea modificar el Código Civil del Estado de México y la Ley de Vivienda estatal para establecer nuevas reglas en los contratos de arrendamiento y reconocer esta modalidad como una alternativa para garantizar el derecho a una vivienda adecuada.

Uno de los principales cambios consiste en establecer que el incremento de la renta de una vivienda no pueda ser superior a la inflación registrada por el Banco de México durante el año inmediato anterior. La misma condición aplicaría para renovaciones o novaciones de los contratos.

La iniciativa parte de un escenario en el que acceder a una vivienda propia resulta cada vez más complicado para una parte importante de la población. De acuerdo con el documento, datos del Censo de Población y Vivienda 2020 señalan que en el Estado de México 17.6 por ciento de las viviendas particulares habitadas son rentadas, mientras que 16.4 por ciento son prestadas por familiares o amistades.

El proyecto también cita información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, según la cual los hogares ubicados en el primer decil destinan hasta 32.6 por ciento de sus ingresos al pago de renta.

Mayor certeza en los contratos de arrendamiento

Entre las modificaciones propuestas se establece que las viviendas destinadas al arrendamiento deberán contar con servicios básicos y cumplir condiciones de habitabilidad, higiene, salud y saneamiento.

Además, para los contratos de vivienda urbana se plantea que la persona arrendadora notifique por escrito con 90 días naturales de anticipación cuando pretenda concluir el arrendamiento y solicitar la desocupación del inmueble.

El mismo plazo aplicaría para la persona arrendataria que decida dejar la vivienda. La notificación tendría que realizarse mediante un mecanismo que permita acreditar su recepción.

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, integrado al Sistema Estatal de Vivienda. Las personas arrendadoras tendrían un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a la celebración del contrato para registrarlo.

La información quedaría sujeta a las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales y, de acuerdo con la propuesta, no sería pública de manera general.

El arrendamiento como alternativa a la vivienda propia

Otro de los ejes de la iniciativa es incorporar expresamente el arrendamiento dentro de las políticas estatales de vivienda.

El proyecto plantea que las acciones públicas garanticen el acceso a una vivienda digna y adecuada tanto en propiedad como en arrendamiento, con atención a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

También propone desarrollar alternativas para quienes no tienen acceso a créditos hipotecarios, incluyendo mecanismos de apoyo mediante el alquiler, así como subsidios que puedan incorporarse al Programa Estatal de Vivienda.

La iniciativa busca que el arrendamiento cuente con condiciones de seguridad, habitabilidad y certeza jurídica, como una de las alternativas para garantizar el acceso a una vivienda adecuada en el Estado de México.