por La presunta detención arbitraria de cinco jóvenes militantes del Partido del Trabajo (PT) en Ecatepec llegó a la tribuna del Congreso del Estado de México y abrió un debate sobre el uso de la fuerza pública, el respeto a los derechos políticos y las responsabilidades de las autoridades municipales.
Durante la sesión legislativa de este 29 de octubre, diputados de distintas fuerzas políticas fijaron posiciones frente a los señalamientos de hostigamiento, abuso de autoridad y violencia de género que habrían sufrido tres mujeres y dos hombres mientras realizaban actividades de campo y afiliación partidista.
El caso generó posiciones encontradas. Mientras legisladores del PT denunciaron una presunta persecución contra su militancia y anunciaron acciones legales, otros llamaron a resolver las posibles conductas delictivas ante las instancias correspondientes. También hubo pronunciamientos para colocar los derechos humanos por encima de las diferencias partidistas.
Denuncian detención y amenazas contra cinco jóvenes
El diputado Isaac Josué Hernández Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del PT, expuso los hechos y solicitó la proyección de un video con los testimonios de las personas involucradas.
De acuerdo con la denuncia presentada en tribuna, los cinco jóvenes realizaban trabajos de campo y gestiones cuando aproximadamente tres patrullas municipales los interceptaron.
El legislador señaló que los elementos policiales los amenazaron y detuvieron sin una orden de aprehensión ni la existencia de un delito flagrante.
Los testimonios proyectados también refirieron que los jóvenes fueron trasladados por distintas zonas de Ecatepec, donde presuntamente recibieron agresiones verbales e intimidaciones.
Entre las amenazas que denunciaron se encontraba la posibilidad de que los policías les colocaran un arma para incriminarlos. También señalaron que los elementos habrían amenazado con provocar un linchamiento en su contra.
Señalan presuntas presiones para imputar delitos electorales
Otro de los puntos centrales de la intervención fue la presunta participación de distintas áreas de la administración municipal en los acontecimientos.
Hernández Méndez leyó en tribuna parte del reporte del primer respondiente, en el que, según su exposición, se menciona la intervención de la estructura denominada UTC (Unidades Territoriales de Coordinación), así como de la Dirección de Red Violeta o del área de género del Ayuntamiento de Ecatepec.
El diputado sostuvo que los mandos policiales recibieron llamadas e instrucciones para buscar que las autoridades ministeriales federales y posteriormente estatales imputaran delitos electorales a los jóvenes.
Sin embargo, de acuerdo con la información expuesta por el legislador, las autoridades ministeriales determinaron en distintas ocasiones que no existían elementos para perseguir ese tipo de delitos, debido a que no se encontraban en periodo de campañas electorales.
A partir de estos señalamientos, el legislador presentó un exhorto dirigido al Ayuntamiento de Ecatepec, con fundamento en los artículos 57 y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como en el artículo 72 del Reglamento del Poder Legislativo.
La propuesta plantea que las autoridades municipales conduzcan sus funciones bajo los principios de legalidad, honestidad y respeto a los derechos humanos. También solicita que se abstengan de utilizar la fuerza pública como instrumento de persecución o coacción política.
Cuestionan llevar el conflicto municipal al Congreso
En respuesta a la exposición del diputado petista, Octavio Martínez Vargas cuestionó la pertinencia de trasladar al Poder Legislativo asuntos relacionados con conflictos locales de Ecatepec.
El legislador sostuvo que, cuando existen conductas presuntamente delictivas, las personas afectadas deben acudir a las instancias de procuración de justicia, pues el Congreso no tiene funciones de Ministerio Público.
Durante su intervención también recordó los señalamientos relacionados con la administración municipal anterior, encabezada por Fernando Vilchis.
En contraste con las acusaciones presentadas por el PT, Martínez Vargas expresó su reconocimiento a la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss y destacó las acciones de su gobierno en materia de seguridad.
Entre ellas mencionó la depuración de la corporación policial, la mejora de los salarios de los elementos, la reducción de los índices delictivos y la designación de un mando naval en la policía municipal, en coordinación con el gobierno federal.
Piden anteponer los derechos humanos a las diferencias políticas
La diputada Yareli Anai Esparza Acevedo intervino para llamar a sus compañeros legisladores a colocar la protección de los derechos humanos por encima de las diferencias partidistas.
La legisladora expresó su respaldo a los jóvenes involucrados y pidió no minimizar los hechos mediante argumentos políticos.
También señaló que las personas que realizan actividades sociales y políticas pueden quedar atrapadas en las disputas entre grupos que mantienen confrontaciones por el poder municipal.
En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad de las y los diputados es salvaguardar el bienestar de la ciudadanía y defender sus derechos, independientemente de su afiliación política.
Su posicionamiento concluyó con un llamado a no guardar silencio ante posibles injusticias, sin importar el municipio o la fuerza política involucrada.
PT acusa hostigamiento reiterado y anuncia acciones legales
Por su parte, el diputado Ernesto Santillán Ramírez, integrante del PT, respaldó el exhorto presentado por Hernández Méndez y aseguró que los señalamientos de hostigamiento contra brigadistas y militantes de su partido en Ecatepec no corresponden a un hecho aislado.
El legislador afirmó que se trataría de la cuarta o quinta ocasión en que integrantes de su organización enfrentan situaciones similares por parte de autoridades municipales.
Asimismo, defendió las actividades de afiliación que realizaban las jóvenes involucradas y sostuvo que estas se encuentran protegidas por el derecho constitucional a la libre asociación.
Santillán Ramírez también rechazó las versiones sobre una supuesta entrega de despensas y aseguró que las carpetas de investigación no contienen pruebas materiales que acrediten esa actividad.
Finalmente, anunció que el partido emprenderá acciones legales contra las autoridades municipales que presuntamente participaron en los hechos, luego de abordar el asunto con la dirigencia nacional del PT.
Piden garantizar las libertades políticas de la ciudadanía
En otra intervención, el diputado Óscar González Yáñez manifestó su solidaridad con sus compañeros de bancada y con la militancia petista involucrada en los acontecimientos de Ecatepec.
El legislador puso énfasis en el derecho de los partidos políticos a realizar actividades político-sociales y afiliar ciudadanos. Señaló que estas tareas no solamente forman parte de las libertades partidistas, sino que también responden a obligaciones de organización y afiliación ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Por ello, cuestionó cómo pueden los partidos cumplir con esas responsabilidades si las autoridades municipales obstaculizan sus actividades.
González Yáñez recordó que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de garantizar los derechos políticos y sociales de toda la ciudadanía.
Desde esa perspectiva, hizo un llamado a la presidenta municipal de Ecatepec para que garantice el ejercicio de las libertades y los derechos de todas las personas, sin distinción de su pertenencia partidista.
