La lucha contra la impunidad en los casos de feminicidio podría abrir un nuevo frente: sancionar no sólo a quien comete el crimen, sino también a las autoridades que, desde las instituciones, obstaculizan el acceso de las víctimas a la justicia.

Esa es la propuesta que Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía y defensora de los derechos de las mujeres, llevó a las mesas de trabajo convocadas por el Senado de la República para analizar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio.

Buendía plantea crear el delito de “Negación de Justicia por Razones de Género”, una figura que permitiría establecer responsabilidades penales para quienes, desde una posición de autoridad, incumplan deliberadamente sus obligaciones de investigar, oculten o alteren pruebas, retrasen injustificadamente una investigación o realicen acciones encaminadas a favorecer la impunidad.

No basta con castigar el feminicidio

La propuesta parte de una premisa: la violencia contra las mujeres no termina cuando ocurre el feminicidio.

Para Irinea Buendía, existe una segunda forma de violencia cuando las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia minimizan los hechos, omiten diligencias, alteran elementos probatorios o permiten que una investigación se estanque hasta quedar impune.

Por ello, sostiene que la responsabilidad del Estado no debe limitarse a perseguir penalmente a quien comete un feminicidio, sino alcanzar también a quienes, desde las instituciones, contribuyan por acción u omisión a que el crimen quede sin castigo.

La iniciativa busca convertir esas conductas institucionales en un delito autónomo, con consecuencias específicas para las personas servidoras públicas responsables.

“No puede haber justicia para las mujeres víctimas de feminicidio si quienes tienen la obligación de investigar pueden incumplir, ocultar o alterar pruebas, minimizar los hechos o cerrar una investigación sin enfrentar ninguna consecuencia”, es el sentido central de la propuesta presentada por Buendía.

Proponen penas de hasta 10 años en el Estado de México

La propuesta contempla una reforma específica para el Estado de México, donde se plantea sancionar con cuatro a 10 años de prisión, además de 100 a 150 días multa, destitución e inhabilitación, a quien, estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de negación de justicia por razones de género.

Esto implicaría responsabilizar a quienes, por su función pública, tengan la obligación de actuar y deliberadamente incumplan con ella, particularmente cuando esa actuación tenga como consecuencia el retraso, debilitamiento o encubrimiento de una investigación.

De aprobarse la reforma, el Estado de México sería la primera entidad del país en sancionar de manera específica la negación de justicia por razones de género, de acuerdo con lo planteado en la iniciativa.

Una propuesta que busca combatir la impunidad institucional

La propuesta mexiquense no surge de manera aislada. El documento señala que en tres ocasiones anteriores se presentó una propuesta similar ante el Congreso del Estado de México y fue enviada a comisiones para su análisis.

También refiere que las comisiones de Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia respaldaron previamente una iniciativa presentada como Ley “Mariana Lima Buendía”, con la cual se propusieron reformas a diversos artículos de la legislación estatal para crear este delito.

El planteamiento coloca sobre la mesa una pregunta que durante años ha acompañado a las familias de víctimas de feminicidio: ¿qué ocurre con las autoridades que tenían la obligación de investigar y no lo hicieron correctamente?

La iniciativa pretende que esa responsabilidad deje de quedar únicamente en el ámbito administrativo cuando existan elementos para acreditar una conducta deliberada o una negligencia grave.

El objetivo es sancionar a quienes, desde una posición de autoridad, incumplan sus obligaciones de investigación con perspectiva de género, alteren u oculten elementos probatorios, retrasen injustificadamente las indagatorias o realicen actos que favorezcan la impunidad.

Con ello, la responsabilidad institucional dejaría de ser un asunto secundario frente al feminicidio y pasaría a formar parte de la propia discusión penal.

La impunidad también es violencia

La propuesta considera que la impunidad constituye una forma de violencia contra las mujeres, particularmente cuando las instituciones encargadas de garantizar justicia terminan reproduciendo las condiciones que permiten que un feminicidio permanezca sin consecuencias.

En este sentido, la iniciativa busca modificar la lógica con la que se aborda la impunidad: no sólo perseguir el feminicidio, sino también investigar a quienes pudieron haber contribuido institucionalmente a que éste quedara impune.

La propuesta de Buendía fue presentada en el contexto de los trabajos impulsados por el Senado para analizar una nueva legislación general en materia de feminicidio, con la intención de que la figura de Negación de Justicia por Razones de Género pueda incorporarse al marco jurídico federal y replicarse en las entidades federativas.

La iniciativa fue elaborada por el abogado y defensor de derechos humanos Pablo Navarrete Gutiérrez, quien acompaña a Irinea Buendía en esta propuesta legislativa.

El planteamiento busca que la justicia no dependa únicamente de la voluntad de las autoridades que reciben una denuncia, sino que existan consecuencias penales cuando una persona servidora pública deliberadamente incumpla su obligación de investigar o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género.

Así, la discusión sobre feminicidio incorpora un nuevo elemento: la responsabilidad de quienes, desde las instituciones, pudieron haber permitido que un crimen permaneciera impune.