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UAEMéx: la reforma que no puede quedarse en el papel

La nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tendrá que demostrar que puede transformar la vida universitaria y no convertirse únicamente en una reforma de papel. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó el foro Retos de la educación en el Estado de México: reforma universitaria, donde estudiantes, académicos, autoridades y legisladores discutieron los alcances del proyecto que será analizado por el Congreso mexiquense.

Las voces estudiantiles colocaron en el centro del debate las causas que detonaron el movimiento de 2025: la falta de participación efectiva en las decisiones universitarias, la necesidad de democratizar los procesos internos, la corrupción y la pérdida de confianza en las instituciones.

 

Katia Montserrat Rosales, consejera de gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recordó que una de las principales exigencias del movimiento estudiantil fue precisamente una reforma integral de la normativa universitaria, luego de más de tres décadas sin una modificación de fondo.

Señaló que entre los cambios alcanzados por los estudiantes estuvieron la derogación del artículo 43 y el voto universal, decisiones que, desde su perspectiva, representaron una señal de que la movilización podía traducirse en transformaciones concretas.

Pero advirtió que modificar la legislación será apenas el comienzo.

La estudiante sostuvo que la verdadera eficacia de la reforma dependerá de la capacidad de las administraciones universitarias para hacerla cumplir y recuperar la confianza de una comunidad que, después del paro, quedó profundamente polarizada.

También pidió atender las demandas de estudiantes, docentes y personal administrativo, además de enfrentar la corrupción que, afirmó, ha afectado las estructuras universitarias y los recursos destinados a la educación.

“Eliminar la corrupción histórica de sus estructuras” fue, en ese sentido, uno de los retos que planteó para la institución.

El voto, en el centro de la discusión

El debate sobre la democracia universitaria fue llevado directamente al proyecto de nueva legislación por Ricardo Mendieta Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Humanidades, quien cuestionó que el artículo 84 de la iniciativa contemple un mecanismo de votación por sectores universitarios.

Desde su perspectiva, este esquema no garantiza el sufragio universal, libre, secreto y directo que reclamó el movimiento estudiantil de 2025.

Mendieta sostuvo que la discusión sobre la nueva ley debe aprovecharse para modificar de fondo la forma en que la comunidad participa en las decisiones de la universidad.

Por ello, planteó incorporar mecanismos de democracia directa, consultas a la comunidad, plebiscitos y revocación de cargos, además de garantizar que los estudiantes puedan participar de manera efectiva en las decisiones que determinan el rumbo de la institución.

Su planteamiento coincidió con una de las principales preocupaciones expresadas durante el foro: la autonomía universitaria no puede significar que la comunidad quede al margen de las decisiones que afectan su vida académica y administrativa..

Educación superior: más jóvenes, pero todavía con rezago

El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez amplió la discusión al contexto nacional y advirtió que México enfrenta todavía un déficit importante en materia de cobertura universitaria.

Expuso que desde el año 2000 aumentó en más de cinco millones el número de jóvenes que cursan educación superior en el país; sin embargo, México alcanza alrededor de 45 por ciento de cobertura, mientras que otros países de América Latina se encuentran alrededor de 60 por ciento.

El legislador también señaló que el Estado de México concentra alrededor de 600 mil estudiantes de educación superior, pero una proporción importante debe recurrir a instituciones privadas ante la falta de opciones suficientes en el sistema público.

Para Zavala, el problema de fondo es que la insuficiencia de espacios en universidades públicas termina dejando a jóvenes sin alternativas, mientras que otros deben asumir costos que pueden convertirse en una barrera para continuar con su formación.

A ello agregó otro pendiente: la titulación gratuita, al considerar que no tendría sentido ampliar la cobertura y discutir la calidad educativa si, al concluir una carrera, los jóvenes todavía enfrentan costos que dificultan obtener el documento que acredita profesionalmente sus estudios.

Gratuidad, pero con presupuesto suficiente

La gratuidad de la educación superior fue otro de los puntos que atravesaron la discusión.

El director general de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, Javier de Jesús Domínguez González, explicó que el proyecto contempla la gratuidad progresiva prevista en la Ley General de Educación Superior, aunque advirtió que su aplicación tendrá que acompañarse de condiciones financieras y operativas que permitan a la universidad cumplirla.

El rector de la UAEMéx, José Martínez Vilchis, también defendió la gratuidad como uno de los objetivos de mayor relevancia social para el país y consideró que avanzar hacia ella implicaría reconocer a la educación como una de las principales herramientas de desarrollo.

La discusión, sin embargo, dejó claro que garantizar nuevos derechos también exige revisar cuánto dinero reciben las universidades y cómo se ejerce.

Cuestionan crecimiento del presupuesto universitario

El excontralor universitario Victorino Barrios Dávalos llevó el debate hacia las finanzas de la institución y comparó la evolución del presupuesto estatal con los recursos destinados a la UAEMéx.

De acuerdo con las cifras expuestas durante el foro, en 2019 la universidad recibía 5 mil 693 millones de pesos, mientras que para 2026 ejercerá 6 mil 484 millones, lo que representa un incremento de alrededor de 14 por ciento.

En contraste, señaló que el presupuesto del Estado de México pasó de 291 mil millones de pesos en 2019 a 410 mil millones en 2026, un crecimiento cercano a 41 por ciento.

Barrios Dávalos sostuvo que, si el presupuesto de la UAEMéx hubiera aumentado al mismo ritmo que el estatal, este año debería ubicarse alrededor de 8 mil 27 millones de pesos.

El también exfuncionario cuestionó además que la reforma no avance con la misma fuerza en materia de transparencia y rendición de cuentas, particularmente respecto al manejo de los recursos propios de la universidad.

Durante su intervención recordó los efectos que, a su juicio, tuvo el caso conocido como la Estafa Maestra en el descrédito de la institución y mencionó otros episodios que han generado cuestionamientos sobre el uso de los recursos universitarios.

Una reforma que tendrá que responder al conflicto de 2025

El foro dejó así una discusión mucho más amplia que la actualización de una ley vigente desde 1992.

Las intervenciones pusieron sobre la mesa democracia universitaria, voto, participación estudiantil, corrupción, transparencia, rendición de cuentas, presupuesto, gratuidad, titulación y acceso a la educación superior, además de los retos que representan la inteligencia artificial y la transformación tecnológica para las universidades.

En el cierre del encuentro también se planteó que la educación superior no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino formar estudiantes con pensamiento crítico, capacidad para resolver problemas, creatividad y ética, además de mantener una vinculación más estrecha con las necesidades sociales y laborales.

Pero el mensaje que atravesó las participaciones estudiantiles fue otro: la reforma tendrá que demostrar sus resultados en la práctica.

Después del movimiento de 2025, las nuevas reglas de la UAEMéx enfrentarán el desafío de recuperar la confianza de una comunidad que reclama mayor participación en las decisiones, condiciones para estudiar y titularse, seguridad, transparencia y oportunidades.

Por ello, la discusión que ahora llega al Congreso mexiquense no se limita a decidir qué artículos deben cambiarse.

También implica definir qué universidad se quiere construir después de uno de los episodios de mayor movilización estudiantil de los últimos años y, sobre todo, si las demandas que llevaron a los estudiantes a organizarse encontrarán finalmente una respuesta en la nueva legislación.

América Muñoz Herrera

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Periodista con más de 13 años de trayectoria en distintos medios de Comunicación de Veracruz y el Estado de México. También ha colaborado en gobiernos municipales. Su lema es que no es un producto terminado y está en constante aprendizaje.

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