por El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México dejó sin efecto la decisión del Órgano Interno de Control de archivar una denuncia contra servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ordenó que se realizaran nuevas diligencias para esclarecer los hechos.
El caso fue promovido por el diputado Octavio Martínez Vargas, luego de que la Fiscalía relacionara con la Central de Abasto de Ecatepec un inmueble donde presuntamente se encontró mercancía robada.
La resolución representa un revés para la determinación inicial del Órgano Interno de Control, que había cerrado el expediente. A partir de la resolución, la autoridad investigadora tuvo que emitir un nuevo acuerdo y ordenar las diligencias correspondientes.
El inmueble señalado por la Fiscalía
El caso surgió después de que la Fiscalía difundiera información sobre el aseguramiento de una bodega donde presuntamente se encontraba mercancía robada.
En esa información, el inmueble fue relacionado con la Central de Abasto de Ecatepec.
Martínez Vargas, quien también es presidente de la Central de Abasto, rechazó el señalamiento.
El legislador sostuvo que el inmueble no pertenece a la Central ni forma parte de sus instalaciones.
Por ello, promovió acciones legales para investigar la actuación de los servidores públicos involucrados.
También pidió esclarecer cómo se estableció la relación entre el inmueble y la Central de Abasto.
El Órgano Interno de Control había archivado el expediente
La denuncia quedó en manos del Órgano Interno de Control de la Fiscalía.
Mediante un acuerdo del 3 de julio de 2025, la autoridad determinó la conclusión y archivo del expediente FGJEM/OIC/INV/306/2025.
Martínez Vargas impugnó esa decisión.
El caso llegó entonces al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a través del Recurso de Inconformidad 15/2025.
La resolución fue emitida por la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas el 19 de noviembre de 2025.
El Tribunal dejó insubsistente el archivo
Al resolver el recurso, la Magistrada determinó dejar sin efectos la decisión que había ordenado el archivo del expediente.
Además, estableció que la autoridad investigadora debía emitir un nuevo acuerdo y ordenar las diligencias de investigación necesarias, oportunas y eficaces para esclarecer los hechos denunciados por Octavio Martínez Vargas.
La resolución modificó así el rumbo del expediente, que había sido cerrado por el Órgano Interno de Control.
En cumplimiento de esa determinación, la Autoridad Investigadora emitió un nuevo acuerdo el 30 de enero de 2026.
En ese documento dejó expresamente insubsistente el acuerdo del 3 de julio de 2025 que había ordenado el archivo del expediente.
También ordenó realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
¿Qué deberá esclarecerse?
La investigación deberá determinar por qué el inmueble fue relacionado con la Central de Abasto de Ecatepec.
También tendrá que establecer qué información sustentó esa identificación.
Otro punto será determinar qué servidores públicos participaron en la actuación y en la comunicación de los hechos.
Además, la autoridad deberá establecer si existieron irregularidades.
En caso de encontrar elementos, deberá determinar si existen responsabilidades administrativas.
El punto central de la controversia sigue siendo la relación entre el inmueble asegurado y la Central de Abasto.
Mientras la Fiscalía vinculó el lugar con la Central, Martínez Vargas sostiene que se trata de un inmueble ajeno a sus instalaciones.
La investigación deberá continuar
El acuerdo del 30 de enero de 2026, emitido por la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, fue notificado a Martínez Vargas y corresponde al cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal.
El documento establece que deberán realizarse las diligencias de investigación necesarias, oportunas y eficaces para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
La resolución no determina que los servidores públicos señalados sean responsables de una falta administrativa.
Esa conclusión dependerá de lo que arroje la investigación.
Por ahora, la autoridad deberá agotar las diligencias ordenadas y determinar lo que corresponda conforme a sus resultados.
Un expediente que vuelve a la investigación
Para Martínez Vargas, la determinación permite avanzar en el esclarecimiento de un señalamiento que considera injustificado.
El diputado ha sostenido que las instituciones públicas deben actuar con apego a la legalidad y que cualquier actuación irregular de servidores públicos debe investigarse.
También ha relacionado el caso con el principio de cero corrupción y respeto al Estado de Derecho, incluido en el primer eje del Plan de Desarrollo del Estado de México.
Martínez Vargas ha planteado que la transformación institucional debe ser de fondo y no estética.
También ha advertido que ningún servidor público debe utilizar su cargo para intimidar o desacreditar a ciudadanos u organizaciones.
Por ahora, el dato jurídico es claro: la decisión que había ordenado archivar el expediente quedó insubsistente y la autoridad investigadora deberá realizar las diligencias correspondientes.
Será el desarrollo de esa investigación el que permita determinar qué ocurrió, quiénes participaron y si existe alguna responsabilidad administrativa.
