Una propuesta legislativa busca transformar la aplicación del indulto en el Estado de México. El objetivo es establecer criterios humanitarios, reglas claras y plazos obligatorios.

La iniciativa se presentó en la LXII Legislatura del Estado de México. Propone abrogar la ley vigente desde el 18 de abril de 2016. En su lugar, plantea crear la Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México.

Con esta reforma, el Poder Ejecutivo podrá otorgar la conmutación de la pena a personas sentenciadas por delitos del fuero común. Esta facultad se sustenta en el artículo 77 de la Constitución estatal.

Buscan un indulto con reglas claras

La propuesta redefine las causales, el procedimiento y los órganos técnicos encargados del análisis.

Además, parte de la realidad del sistema penitenciario y de las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad.

El diputado Octavio Martínez Vargas explicó que la iniciativa recoge inquietudes de colectivos, familiares y personas en prisión. Señaló que muchas familias enfrentan procesos largos y complejos.

Por ello, afirmó que el indulto debe dejar de ser un acto aislado. En cambio, debe convertirse en un instrumento excepcional, pero sólido, con base en la dignidad, la proporcionalidad y la igualdad.

Causales con enfoque humanitario

La iniciativa incluye un catálogo moderno de causales. Estas se basan en evidencia objetiva y estándares nacionales e internacionales.

Entre los supuestos destacan:

• Enfermedades graves o terminales
• Trastornos psiquiátricos sin atención médica adecuada
• Diabetes avanzada o cáncer
• Personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad
• Afectaciones graves a hijas e hijos menores
• Violaciones al debido proceso
• Discriminación estructural
• Barreras lingüísticas y culturales
• Personas indígenas con derechos vulnerados
• Mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos o fabricación de delitos

Con estos criterios, el indulto se enfoca en elementos verificables. Así, se aleja de valoraciones subjetivas.

Sistema penitenciario en crisis

La propuesta surge en un contexto de presión en las cárceles.

En el Estado de México hay más de 40 mil personas privadas de la libertad en 22 centros penitenciarios.

Además, el legislador indicó que cuatro de cada diez personas detenidas podrían ser víctimas de fabricación de delitos.

También señaló que alrededor de 500 personas presentan trastornos psiquiátricos sin atención adecuada.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 236 mil 773 personas privadas de la libertad al cierre de 2024.

De ese total, 63.7% cuenta con sentencia y 36.3% no tiene sentencia.

Por otro lado, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 indica que el Estado de México concentra 35 mil 141 personas privadas de la libertad.

Esto lo convierte en el sistema penitenciario estatal más grande del país. Además, registra 238.8 personas por cada 100 espacios disponibles, lo que refleja sobrepoblación.

Plazos obligatorios y sanciones

Uno de los cambios principales es la creación de tiempos definidos en cada etapa del proceso.

La iniciativa establece responsabilidades claras para las autoridades. También contempla sanciones administrativas si hay retrasos injustificados.

Además, incluye medidas para garantizar el acceso al procedimiento:

• Emisión de documentos sin costo
• Orientación a personas privadas de la libertad
• Información accesible
• Protección de datos personales
• Participación informada de las víctimas

Asimismo, las resoluciones favorables deberán ejecutarse de forma inmediata.

Fortalecen al Consejo Consultivo

El proyecto refuerza el papel del Consejo Consultivo de Indulto.

Este órgano contará con un marco normativo más sólido. Además, deberá emitir opiniones técnicas con base en criterios objetivos, análisis interdisciplinario y enfoque de derechos humanos.

Su función será evaluar la razonabilidad de la pena, las condiciones de vulnerabilidad y posibles violaciones documentadas.

Con ello, se busca evitar la discrecionalidad.

Alcances del indulto

La iniciativa precisa que el indulto es un acto unilateral, excepcional y discrecional del Poder Ejecutivo.

Este acto permite extinguir total o parcialmente la ejecución de la pena. Sin embargo:

• No modifica la sentencia
• No cambia la responsabilidad penal
• No elimina la reparación del daño
• No sustituye decisiones judiciales

Tampoco puede utilizarse como un mecanismo para revisar pruebas o impugnar resoluciones.

Implementación de la nueva ley

El proyecto establece que el Consejo Consultivo de Indulto deberá instalarse en un máximo de 90 días naturales tras la entrada en vigor.

En ese mismo periodo, el Poder Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad, deberá emitir las disposiciones necesarias.

Además, los expedientes en trámite se ajustarán a la nueva ley sin afectar los derechos adquiridos de las personas solicitantes.