Pese a que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INFOEM) se encuentra en su fase final de liquidación, el marco legal vigente garantiza la total validez de sus resoluciones actuales.

Así lo precisó el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso mexiquense, al aclarar que el derecho a la información cuenta con blindaje jurídico mientras se define el nuevo modelo estatal.

​El inicio del proceso: Liquidación y presupuesto

​Al abordar la situación financiera del instituto, el legislador recordó que administrativamente el ciclo del INFOEM como órgano autónomo concluyó al no asignársele presupuesto ordinario para este ejercicio.

Actualmente, se opera con una partida de 60 millones de pesos destinados estrictamente a la liquidación de compromisos laborales y el cierre administrativo, marcando una transición hacia un modelo de mayor eficiencia presupuestal.

​La dualidad legal: El fin del ente, no del derecho

​Ante las dudas sobre si los fallos emitidos por el Instituto podrían carecer de sustento debido a su extinción, Vázquez Rodríguez ofreció una precisión técnica necesaria: el derecho a la información no está en pausa.

El contraste radica en que, si bien el organismo desaparece como figura independiente, sus facultades legales permanecen intactas. Esta dualidad permite que los comisionados sigan resolviendo recursos de revisión para evitar un estado de indefensión ciudadana en tanto se completa la entrega-recepción.

«Las resoluciones sí son legales», enfatizó el legislador, subrayando que el proceso se rige por artículos transitorios que obligan a una transición ordenada donde cada acto administrativo emitido hoy tiene pleno respaldo jurídico.

Hacia una estructura sólida y con capacidad técnica

Vázquez Rodríguez señaló que el fondo de la discusión no es solo el cambio de siglas, sino determinar qué instancia tiene la capacidad real para recibir estas funciones y transformarse, posiblemente, en un órgano con un nombre distinto pero con mayor eficiencia.

«Queremos que esté mejor hecho y no cumplir solo con el tiempo», enfatizó, refiriéndose a que la liquidación está garantizada pero la nueva etapa debe ser superior técnicamente.

Explicó que se trabaja en una iniciativa única consolidada con el Ejecutivo para determinar qué instancia tienen la capacidad técnica de asumir estas funciones.

El objetivo, detalló, es que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y la Contraloría cuenten con estructuras sólidas y profesionales para garantizar la transparencia y el cuidado de datos personales, evolucionando hacia un modelo que podría tener un nombre diferente, pero con la capacidad real de cumplir sin la duplicidad que costaba 220 millones de pesos.

Antecedentes y transición

Este proceso, derivado de la Reforma de Simplificación Orgánica de 2025, se encuentra en un periodo de transición de 90 días.

Mientras la nueva iniciativa se presenta y se aprueba, el INFOEM sigue siendo la autoridad vigente para resolver controversias, asegurando que ningún sujeto obligado ignore las solicitudes ciudadanas durante este relevo institucional.