La crisis de personas desaparecidas volvió al centro de la agenda legislativa en el Estado de México con la presentación de una iniciativa que plantea cambios estructurales en los mecanismos de búsqueda, localización e identificación, así como en la coordinación institucional y el uso de información biométrica y tecnológica.

La propuesta, enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al Poder Legislativo, busca fortalecer de manera inmediata las capacidades de investigación y respuesta ante reportes de desaparición, mediante reformas a leyes clave en materia de desaparición forzada, administración pública, seguridad y al Código Civil estatal.

Alerta Nacional de Búsqueda y acceso a datos biométricos

El proyecto legislativo establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, sin dilaciones administrativas. Además, obliga a que autoridades e instituciones públicas y privadas permitan el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y herramientas tecnológicas, exclusivamente para tareas de búsqueda y localización.

En este esquema, se contempla que fiscalías y comisiones de búsqueda tengan acceso directo a la Plataforma Única de Identidad, con el objetivo de acelerar la identificación de personas desde los primeros momentos posteriores a una denuncia o reporte.

Ficha técnica de búsqueda y difusión masiva

Uno de los cambios relevantes es la creación obligatoria de una ficha técnica de búsqueda, que deberá elaborarse de forma inmediata y difundirse de manera masiva a través de todos los medios disponibles.

Este documento oficial también deberá notificarse al Registro Nacional de Población, con el fin de activar alertas relacionadas con el uso de la CURP de la persona desaparecida o no localizada.

Nuevas obligaciones para instituciones públicas y privadas

La iniciativa amplía las responsabilidades para instituciones públicas y privadas. Centros de atención a las adicciones, centros de reinserción social, centros de asistencia social y estaciones migratorias, tanto públicas como privadas, deberán contar con registros biométricos completos y actualizados, disponibles para consulta inmediata por las autoridades competentes.

En el mismo sentido, todas las instituciones que resguarden cuerpos o restos humanos estarán obligadas a llevar registros forenses sistematizados, permitir su interconexión y remitir la información al Banco Nacional de Datos Forenses, además de facilitar su consulta a fiscalías y comisiones de búsqueda.

Tecnología, forenses y fortalecimiento institucional

El uso de tecnología forma parte del eje central de la reforma. La propuesta considera que las instituciones que generen o administren imágenes satelitales, drones u otras tecnologías permitan su consulta para labores de búsqueda.

De manera paralela, se plantea fortalecer la capacidad operativa de los servicios periciales y forenses, a fin de atender de forma oportuna las solicitudes de análisis e identificación.

Fiscalía especializada con enfoque multidisciplinario

Otro de los puntos clave es el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, que deberá contar con recursos humanos, financieros, materiales y técnicos suficientes, bajo un enfoque multidisciplinario y con perspectiva de género.

El proyecto prevé la creación de unidades especializadas en investigación, análisis de contexto, atención y seguimiento a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, así como áreas enfocadas en delitos cibernéticos.

Una crisis de alcance nacional

Durante la sesión de la Diputación Permanente, en la que la iniciativa fue leída por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (Morena), se subrayó la dimensión nacional del problema.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 1952 y diciembre de 2025 se han registrado 386 mil 500 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el país.

De ese total, 133 mil 562 personas, equivalentes al 34.56 por ciento, continúan desaparecidas o no localizadas, mientras que 252 mil 938, el 65.44 por ciento, han sido localizadas.

Análisis legislativo en curso

Con este contexto, el Congreso del Estado de México iniciará el análisis de una reforma que busca atender, desde el marco legal y operativo, una de las problemáticas más graves y persistentes en materia de derechos humanos en la entidad y en el país.