El diputado Octavio Martínez Vargas, prosecretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso estatal, presentó un recurso constitucional para iniciar un juicio político en contra de José Luis Cervantes, Fiscal General de Justicia del Estado de México, por presunta incapacidad e incumplimiento en sus funciones.

En la sesión de la Diputación Permanente, Martínez Vargas detalló casos que, a su juicio, reflejan graves deficiencias en la Fiscalía, como la falta de resultados en investigaciones de alto impacto y presuntas irregularidades administrativas.

Principales señalamientos

• Robo en el TRIJAEM: denunció que, a más de dos años, no hay imputaciones por el robo de 32 millones de pesos y cuestionó que se haya calificado como “hackeo” lo que podría ser un auto-robo desde el dispositivo de seguridad electrónica (token) de la institución.
• Espionaje en Ecatepec: más de 600 cámaras clandestinas captaban información biométrica, placas y movimientos de ciudadanos, incluidos niños, sin que se hayan presentado imputaciones.
• Restitución de inmuebles: del programa para recuperar 7,000 inmuebles despojados, solo se han asegurado 500 y devuelto 50.
• Nombramiento de Oficial Mayor: Rubén Durán Miranda, exfuncionario bajo investigación por presunta evasión fiscal, manejaba recursos anuales cercanos a 7,000 millones de pesos.
• Violencia de género: el 26 de julio, fecha del décimo aniversario de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 11 municipios, la Fiscalía no realizó acciones ni pronunciamientos.
• Central de Abastos de Toluca: seis dirigentes permanecen presos bajo acusaciones de homicidio basadas en un testigo que no ha declarado formalmente.
• Sobrepoblación penitenciaria: Martínez Vargas afirmó que cerca del 40 % de la población penitenciaria —unos 39,000 internos— podría estar procesada por delitos presuntamente inventados.
• Crimen de menores: destacó que aún no hay avances en la investigación por los homicidios de “Fernandito” y “Dulce”.

Contexto

José Luis Cervantes fue nombrado Fiscal en marzo de 2022, a propuesta del entonces gobernador Alfredo del Mazo, para un periodo de nueve años. Según Martínez Vargas, a tres años y medio de su gestión, los resultados han sido insuficientes.

El diputado recordó que no es la primera vez que cuestiona al Fiscal por omisiones y falta de eficacia en investigaciones de alto impacto.

Martínez Vargas hizo un llamado a todas las fracciones parlamentarias a discutir si el Fiscal debe continuar en el cargo. En caso de que el juicio político concluya con su destitución, correspondería a la gobernadora enviar la terna para elegir al nuevo titular de la Fiscalía.