Los programas sociales que operan en el Estado de México podrían convertirse en un derecho constitucional si prospera la reforma que impulsa el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local.

La propuesta, presentada por el diputado Mariano Camacho, plantea que estos apoyos tengan carácter permanente, cuenten con presupuesto garantizado y queden protegidos frente a su uso con fines electorales.

La iniciativa fue discutida en sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo y Bienestar Social, donde obtuvo un primer aval para seguir su trámite legislativo.

Objetivo de la reforma

El planteamiento busca modificar el artículo 5, párrafo noveno, de la Constitución Política del Estado de México. Su finalidad es que los recursos para programas sociales se entreguen de manera oportuna y sin recortes injustificados, asegurando su continuidad y cobertura.

En su exposición, Camacho subrayó que el combate a la pobreza “es una responsabilidad compartida” y que los apoyos deben fortalecerse con un marco jurídico que impida su manipulación política. “Se requiere un crecimiento progresivo en el número de beneficiarios y en el presupuesto destinado”, afirmó.

Enfoque en mujeres en situación de vulnerabilidad

Un punto central de la propuesta priista es garantizar respaldo permanente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, para que no queden sin protección del Estado. Según el legislador, este enfoque responde a la realidad de que la seguridad económica y social de las mexiquenses sigue siendo frágil.

Coincidencias y retos

En la misma sesión se presentaron otras cuatro iniciativas en la materia: una del Gobierno estatal y tres de legisladores de distintas bancadas. Aunque con matices, coincidieron en la necesidad de asegurar que estos esquemas de apoyo no dependan del ciclo político.

Próximos pasos de la iniciativa

Según los promoventes, el blindaje de programas sociales en el Edomex se plantea como una política de Estado, con reglas para garantizar su continuidad y expansión.

La iniciativa seguirá su trámite legislativo para que se defina su aprobación. Entrará en vigor una vez que el Congreso la apruebe.