El Poder Judicial del Estado de México permitió que María Elizabeth “N”, acusada por el feminicidio de Brenda Guadalupe Trinidad Domínguez, enfrente su proceso en libertad bajo arraigo domiciliario. La jueza Karla Luisa Sánchez Luna resolvió el 28 de marzo que la presunta feminicida podía dejar el penal de Barrientos, argumentando que contaba con “estabilidad emocional” y que la prisión afectaba su estado psicológico. 

Decisiones judiciales contradictorias

María Elizabeth «N» fue detenida en octubre de 2023 por su presunta responsabilidad en la muerte de Brenda, estudiante de Medicina de 24 años que falleció al caer desde el piso 13 de un edificio en Naucalpan, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó pruebas que indicaban que la joven sufrió agresiones físicas antes de su caída, lo que llevó a su vinculación a proceso.

Sin embargo, el 28 de marzo de 2025, la jueza Karla Luisa Sánchez Luna resolvió concederle la libertad bajo arraigo domiciliario, calculando en que la acusada mantenía una «estabilidad emocional envidiable». 

El criterio de la jueza contradijo resoluciones previas, cuando otro juez determinó que la gravedad del delito ameritaba la prisión preventiva. Para la familia de Brenda y colectivos feministas, este fallo favorece a la agresora y deja en indefensión a las víctimas.

Familiares y colectivos denuncian retroceso

Lourdes Domínguez Hernández, madre de Brenda, reprochó la decisión judicial. Recordó que, tras casi tres años de lucha, lograron que María Elizabeth “N” fuera vinculada a proceso y recluida en el penal de Barrientos.

El viernes pasado, la jueza Karla Sánchez Luna decidió liberarla porque, según ella, la asesina de mi hija tiene estabilidad emocional y la cárcel daña su estado anímico. ¿Y la estabilidad emocional de mi familia, quién la protege?», cuestionó la madre de Brenda.

Plantón en Toluca exige revocación del arraigo

Este 31 de marzo, el colectivo Nos Necesitamos Juntas  y familiares de Brenda instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado de México. Exigen justicia y la revocación del arraigo domiciliario. También piden una mesa de trabajo con las autoridades estatales.

El sistema judicial privilegia a los agresores y revictimiza a las familias. No podemos permitir que liberen a una presunta feminicida bajo argumentos absurdos», afirmó Asiel Alberto de la Rosa, integrante del colectivo.

Exigen reunión con autoridades

Los manifestantes exigen que el fiscal general, José Luis Cervantes Martínez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar; y el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, los reciban para revisar el caso y corregir la medida.

El gobierno ya nos recibió dos veces, pero sólo para darnos café y galletas. Lo que exigimos son respuestas, no simulaciones», dijo De la Rosa.

Denuncian fallas en el sistema judicial

El colectivo advirtió que la decisión judicial refuerza la percepción de impunidad y demuestra que el sistema judicial mexiquense no garantiza justicia para las víctimas de feminicidio. Además, señalaron que este fallo pone en riesgo la seguridad de la familia de Brenda y de otras mujeres en situación de violencia.

El caso de Brenda muestra que las instituciones siguen sin priorizar los derechos de las víctimas. La justicia no puede depender de la ‘estabilidad emocional’ de los agresores», concluyeron los manifestantes.