Familiares  de personas desaparecidas exigen al Congreso federal  suspender el dictamen de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República – aprobado ayer por la Comisión de Justicia-,  hasta que se tomen en cuenta sus demandas y se garantice su participación en el proceso y construcción del documento.

Para el Movimiento nuestros desaparecidos en México y el colectivo Contra la Impunidemia la aprobación del dictamen implica un retroceso en materia de derechos humanos y traiciona a las víctimas.

De entrada, coinciden en que la Fiscalía no requiere una nueva ley, sino implementar la ley orgánica vigente.

La Cámara de Diputados tiene la oportunidad histórica de cumplir con las víctimas de este país. Las diputadas y diputados pueden frenar la aprobación de una ley innecesaria”.

En todo caso, dicen, el Fiscal Alejandro Gertz Manero tendría que explicar “cuáles son las fallas de la ley actual, por qué existe una necesidad de cambiarla cuando no ha sido aplicada  y por qué busca alejarse de las víctimas y de las instituciones del gobierno que pueden apoyar a la Fiscalía en su objetivo de procurar justicia en México”.

Reclaman que aunque se organizaron algunas mesas de trabajo, las voces de las víctimas quedaron rezagadas y el ejercicio no permitió una verdadera discusión sobre la idoneidad del dictamen presentado.

Vemos con preocupación una resistencia por parte de las y los legisladores a realizar un ejercicio verdadero de Parlamento Abierto; hay una oposición clara a abrir el debate de la ley por parte del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco ”.

Familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, incluso  instituciones del Gobierno de México como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Unidad de Inteligencia Financiera,  han advertido  sobre las graves fallas que representaría la  aprobación de esta ley.

Entre las principales observaciones de los colectivos destacan las siguientes:

• Es inaceptable cualquier retroceso al derecho de participación de los familiares en el proceso de búsqueda.
• Es preocupante que la Guardia Nacional tenga facultades de investigación.
• La participación del Ministerio Público en el Protocolo Homologado de Búsqueda no debe eliminarse. Es importante realizar una revisión exhaustiva de sus procesos con el Ministerio Público para buscar que sean transparentes y coordinados con otras instituciones.
• El rol de la Fiscalía General de la República en la búsqueda de personas desaparecidas es fundamental. Nos parece sumamente delicada la poca claridad en cuanto a sus obligaciones como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda.
• No es aceptable la eliminación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, ni la disminución de la participación ciudadana en la designación de titulares de Fiscalías Especializadas y en el acompañamiento al trabajo de la Fiscalia.