En el Estado de México existen contratos de arrendamiento de inmuebles para oficinas públicas con costos que, por la misma superficie, superan los registrados en ciudades como Nueva York, Miami o París.

Con esa advertencia, el diputado Octavio Martínez Vargas presentó una iniciativa para combatir los sobreprecios, frenar la simulación de avalúos y fortalecer la transparencia en la contratación de inmuebles por parte de los gobiernos estatal y municipales.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el legislador sostuvo que el problema alcanza a cerca de 600 inmuebles utilizados por ayuntamientos, poderes públicos y organismos autónomos, donde —afirmó— persisten contratos con rentas excesivas y condiciones que terminan afectando el patrimonio público.

«La capital del Estado de México, Toluca, tiene costos de arrendamiento de inmuebles más caros que, por la misma superficie, los que se encuentran en París, Miami o Nueva York», expresó.

Martínez Vargas señaló que el esquema de arrendamientos operó durante años con escasa regulación, permitiendo, dijo, la celebración de contratos que incluso rebasaron el periodo constitucional de las autoridades que los firmaron.

Como ejemplo, expuso el caso del Tribunal Electoral del Estado de México, donde —indicó— se celebró un contrato de arrendamiento por 10 años con una renta mensual de 500 mil pesos, pese a que la legislación establece que ninguna autoridad puede comprometer este tipo de convenios más allá del tiempo para el que fue electa o designada.

Además, señaló que el inmueble fue entregado en obra negra, acondicionado con recursos públicos y que esas inversiones no fueron consideradas para disminuir el monto de la renta.

«Tenemos un serio problema en esta industria del arrendamiento; hay sobreprecios muy seguramente en colusión con administradores del pasado que construyeron contratos más allá de su periodo», afirmó.

¿Qué propone la iniciativa?

La propuesta reforma los artículos 8, 37, 40 y 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México con el propósito de fortalecer los mecanismos de transparencia, control y disciplina financiera en el arrendamiento de inmuebles destinados a oficinas gubernamentales.

• Fortalecer las facultades de la Oficialía Mayor, otorgándole atribuciones para emitir lineamientos en materia de contratación pública.
• Incorporar nuevos criterios de evaluación para el arrendamiento de inmuebles, considerando además del precio aspectos como eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y ahorro de recursos públicos.
• Combatir la simulación de avalúos y los sobreprecios, estableciendo que las propuestas sustentadas en avalúos simulados o técnicamente irregulares sean desechadas y notificadas a la autoridad competente para el inicio de las responsabilidades administrativas correspondientes.
• Impedir que personas físicas o morales con antecedentes de irregularidades, sobreprecios o simulación de avalúos puedan contratar con el sector público.
• Obligar al Poder Ejecutivo a adecuar la normatividad administrativa en un plazo máximo de 120 días una vez aprobada la reforma.

¿Qué busca la reforma?

• Reducir el gasto excesivo en el arrendamiento de oficinas gubernamentales.
• Fortalecer la transparencia y la disciplina financiera en las contrataciones públicas.
• Incorporar criterios ambientales y de eficiencia para evaluar las propuestas.
• Prevenir actos de simulación y prácticas que afecten el patrimonio público.
• Sancionar a quienes participen en procedimientos de contratación mediante avalúos irregulares y prácticas de sobreprecio.

El legislador, integrante de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, llamó a las y los diputados a analizar la propuesta y atender lo que calificó como un problema estructural en el arrendamiento de inmuebles públicos, al considerar que durante años prevalecieron contratos con costos que, afirmó, obedecieron más a esquemas de corrupción que a criterios técnicos o financieros.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Legislativas de Combate a la Corrupción y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, donde será analizada para la elaboración del dictamen correspondiente.