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El diputado Octavio Martínez Vargas anunció que impulsará una Comisión Especial en el Congreso del Estado de México para atender casos de desaparición forzada, feminicidios y fabricación de delitos, tras escuchar testimonios de víctimas que denunciaron la corrupción e inacción de la fiscalía y el poder judicial mexiquense.
El Gobierno municipal de Toluca respondió a las declaraciones de la madre de Luisa Fernanda, víctima del accidente del 30 de octubre, y defendió su actuación al asegurar que ha brindado atención integral y acompañamiento a las familias afectadas.
La Red Nacional de Refugios advirtió que los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia enfrentan un presupuesto menor al de los nuevos Centros LIBRE —acrónimo de Lucha, Igualdad, Bienestar, Respeto y Empoderamiento— y que los recursos aún no han sido entregados. Exigen al Gobierno federal garantizar su operación inmediata.
Desde 2015, los homicidios dolosos de mujeres aumentaron un 39 por ciento, mientras que los delitos relacionados con violencia de género crecieron un 272 por ciento.
En la Ciudad de México, de los 110 homicidios ocurridos en ese periodo, solo 45 fueron investigados como feminicidios.
Que se elija a una persona que pueda enfrentar de manera efectiva la crisis actual, garantizando justicia, reparación y la no repetición de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos internacionales para erradicar este delito, la trata de mujeres continúa siendo un grave problema en la región.
La tasa de prevalencia delictiva para nuestra entidad es de 38.3, es decir, mayor a la nacional que es de 24.2, amabas cifras son superiores a las estimadas en 2020.
El Fiscal Alejandro Gertz Manero tendría que explicar “cuáles son las fallas de la ley actual, por qué existe una necesidad de cambiarla cuando no ha sido aplicada y por qué busca alejarse de las víctimas y de las instituciones del gobierno que pueden apoyar a la Fiscalía en su objetivo de procurar justicia en México
Esta modificación busca garantizar la protección de la dignidad post mortem, y sancionar la difusión de información relacionada con cadáveres, al evitar su revictimización.
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