Contamos tus historias
El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección alertó nuevos casos en los que el Servicio de Protección Federal incumplió medidas asignadas a periodistas y personas defensoras, situación que incrementa su riesgo y motivó un llamado urgente a SEGOB, SSPC y la Coordinación Ejecutiva Nacional para corregir estas fallas de manera inmediata.
Tras reconocer que no existía un protocolo de actuación en manifestaciones, Toluca abrió investigaciones internas, entregó videos a la CODHEM y comenzó la elaboración de un nuevo esquema de actuación policial con enfoque en Derechos Humanos.
Entre 1996 y 1999 este reportero realizó una investigación, con metodología académica, sobre la situación de las y los periodistas mexicanos que se convirtió en un libro pionero de título: Solo para periodistas. En la editorial Grijalbo percibieron que las condiciones eran de malas a muy malas y que vendrían tiempos peores para las y los periodistas mexicanos.
La violencia contra periodistas no se ha podido frenar con los dos instrumentos que se han creado en el gobierno federal: el mecanismo de protección y la fiscalía especial.
Lo más apremiante de este cambio de enfoque en instancias del Estado es ampliar la definición de periodista, distinguiendo claramente a quienes hacen labor esencial de conseguir información (reportear) con quienes son colaboradores periodísticos o usuarios de la libertad de expresión.
Fue aprobada la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Huamnos del Estado de México, una ley que surgió de las más acaloradas discusiones y los mayores acuerdos entre todas las posturas.
No hay un registro del total, pero desde 2019 las solicitudes de protección al mecanismo de la Secretaría de Gobernación siguen creciendo a un ritmo que desborda sus capacidades.
El presidente Andrés Manuel López Obrador etiqueta negativamente–un día sí y otro también– a medios y periodistas que critican la gestión de su gobierno.
La cobertura de la pandemia muestra nuevamente la vulnerabilidad laboral, salarial y de seguridad social de periodistas.
Liberar a un inocente no es hacer justicia; aún falta castigar a los responsables de la injusticia y la reparación del daño.
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