Menos de la tercera parte de los municipios del Estado de México —solo 39 de 125— cuentan con su Atlas de Riesgo actualizado, lo que pone en vulnerabilidad a gran parte del territorio durante la temporada de lluvias.

La omisión no es menor: según la Comisión del Agua del Estado de México, 200 puntos críticos por riesgo de inundación se concentran en 48 municipios —20 en el Valle de Toluca y 28 en el Valle de México—. Varios de esos municipios ni siquiera tienen su atlas actualizado, lo que limita su capacidad de prevención y reacción ante desastres.

Frente a este panorama, la LXII Legislatura mexiquense ha impulsado reformas y medidas para atender los factores de riesgo. Una de ellas establece trabajo comunitario como sanción para quienes reincidan en tirar basura en zonas no autorizadas, como calles, barrancas o cauces. Estas prácticas han agravado afectaciones, como ocurrió en Chalco en agosto de 2024, donde el taponamiento de redes provocó severas inundaciones.

Además, en comisiones se discute una reforma a la Ley Orgánica Municipal, impulsada por la diputada Brenda Colette Miranda Vargas (Morena), para que los ayuntamientos estén obligados a crear, actualizar y publicar de forma permanente sus Atlas Municipales de Riesgo, así como sus programas de prevención.

En paralelo, la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) propuso un exhorto a los 125 ayuntamientos para que prioricen esa actualización, y pidió a la Coordinación Estatal de Protección Civil coadyuvar técnicamente en el proceso.

De acuerdo con el gobierno estatal, los atlas permiten identificar amenazas naturales y antrópicas, planificar infraestructura más segura y orientar decisiones para reducir desastres, además de fortalecer la cultura de autoprotección.

Desde el Congreso, el diputado Valentín Martínez Castillo (Morena), presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos, advirtió que sin herramientas técnicas vigentes, los municipios no pueden enfrentar fenómenos como lluvias intensas o deslaves. Por ello, anunció la propuesta de una nueva ley estatal en la materia, además de un modelo de reglamento municipal tipo.

Durante esa misma sesión legislativa, el diputado Samuel Hernández Cruz (Morena) urgió a la Secretaría de Energía federal a cerrar de forma definitiva el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos en Temascalapa, por el riesgo sanitario y ambiental que representa.

Finalmente, como parte del Presupuesto de Egresos 2025, el Congreso estatal destinó 100 millones de pesos para la atención de desastres naturales y siniestros provocados por actividad humana, recursos que podrán apoyar a municipios en caso de emergencia.