Durante la pandemia, el Poder Judicial del Estado de México ha funcionado de manera atípica suspendiendo sus servicios y siendo poco efectivo en materia de acceso a la justicia, señaló Gadiel Alcaraz Gil, asesor jurídico de víctimas

Si bien el Estado de México avanzó a la era digital con nuevas herramientas tecnológicas como la firma electrónica y las diligencias judiciales a distancia, este es un esfuerzo limitado, pues la crisis por el coronavirus puso de manifiesto que el Poder Judicial no está preparado para impartir justicia igualitaria, pronta e imparcial, bajo el principio fundamental de universalidad; principio que evocó la Ministro Olga Sánchez Cordero hoy en su intervención, con especial atención.

Para evitar el colapso, ejemplificó, apostaron por impulsar el instrumento de la mediación para la solución de conflictos entre las partes, sin embargo, ¿qué pasa con aquellas controversias que no son mediables por la inequidad entre las partes y donde las mujeres acuden demandando la valoración jurisdiccional?

«La violencia familiar no se puede mediar, porque no hay equilibrio dado que hay una parte que es violentada y otra que es violentadora. En este caso el reto de la institución es mayúsculo porque los jueces están para resolver y administrar justicia no para formalizar acuerdos entre las partes».

Mencionó que en el escenario de la pandemia es evidente que el acceso a la justicia ha impactado de manera desigual y diferenciada en comunidades, colectivos y grupos en situación de vulnerabilidad.

En el informe (Des) Protección Judicial elaborado el año pasado por Equis:Justicia para las mujeres, refirió, dio cuenta que al inicio de la pandemia el 87 por ciento de los tribunales no consideraron las necesidades de las mujeres víctimas de violencia en sus planes de suspensión de labores, la mayoría reprobó incluidos los tribunales del Estado de México, donde las agresiones contra mujeres aumentó.

De tal manera, que las órdenes de protección, las medidas precautorias en materia familiar, las medidas precautorias en materia penal, pensión alimenticia y convivencia familiar, no fueron atendidas con oportunidad y de manera explícita al inicio de la emergencia sanitaria, comentó el abogado.

«Las medidas de protección son temporales y provisionales, y con la pausa obligada del Poder Judicial género que se perpetuara la violencia familiar, al no dictarse una resolución judicial al fondo del asunto. Aquí los más perjudicados son las mujeres, las niñas y adolescentes»

Aunque el señor Mgdo. Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial destaque que se emitieron sentencias de divorcio, es de señalar, prosiguió, que la violencia de género no se combate mediante esta resolución.

Además, Gadiel Alcaraz indicó que el poder judicial no debe limitarse a realizar funciones jurisdiccionales mínimas, es importante que amplíe sus funciones para garantizar el Estado de Derecho.

«Todo este tiempo el Poder Judicial estatal ha ponderado el derecho a la salud, sobre todo de sus trabajadores, pero ha dejado a un lado el derecho a la justicia».

Además, Alcaraz Gil dijo que el Poder Judicial debe contar adicionalmente a la propia, ya con acceso mediante la Firma Electrónica Avanzada usada por el Poder Judicial Federal e implementar la capacitación gratuita a los usuarios del sistema de justicia.

«Esto es necesario porque para algunas personas, su situación geográfica, nivel socieconómico, edad, nivel educacional representan un impedimento real de acceso a la justicia, es decir, se abre la brecha digital. Incluso entre la abogacía existe la brecha digital generacional».

El Estado no debe perder de vista, indicó, que el desarrollo de los modelos de justicia requiere que las personas puedan tener acceso y uso de las tecnologías de la información.

También es necesario y deseable, indicó, que el Poder Judicial retome algunas actividades o asuntos considerados urgentes como son el universo de la cuerda civil, pues éstas tienen un impacto directo en el patrimonio de las personas y empresas.