Activistas por los derechos humanos pidieron al Congreso del Estado de México armonizar las leyes estatales con las reformas federales en materia de violencia política por razón de género y paridad.

En conferencia  de prensa virtual, Claudia Castello Rebollar, integrante de la Red de Mujeres en Plural  informó que presentaron un paquete de propuestas que esperan se han aprobados durante el actual periodo de sesiones, con el propósito de que puedan estar vigentes y aplicarse en el próximo periodo electoral del 2021.

Necesitamos llegar a la elección con una legislación que se pueda hacer valer ante las autoridades competentes”, insistieron.

Destacaron que la reforma local debe contar con el  establecimiento de protocolos de seguimiento a los casos de violencia política, la creación de una Defensoría Pública en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), así como la aprobación de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, presentada apenas el pasado 30 de julio en la Cámara de Diputados del Estado de México

La iniciativa, explicó Yndira Sandoval representante de Las Constituyentes Feministas y Nosotras tenemos otros datos, propone que para ocupar cargos de elección popular o quienes quieran desempeñarse como servidores públicos no deben ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y/o agresor por razones de género.

Además,  buscan integrar a periodistas y defensoras de Derechos Humanos como beneficiarias de las medidas de prevención y atención de la violencia política de género.

Emma Obrador, de Mujeres Abrazando a México enfatizó que es necesario aterrizar todas estas modificaciones para garantizar la protección a los derechos políticos de las mujeres.

Precisó  que en el Tribunal Electoral del estado hasta 2019 hubo 175 juicios de protección a los derechos políticos electorales relacionados con violencia política y once sanciones.

Antes de las reformas federales, expuso, la consejera electoral local, Sandra López Bringas, en el estado de México se registraron cinco casos de violencia política en razón de género, por ello la urgencia de legislar en la materia.

El reto es que haya una  armonización legislativa y se pueda garantizar la participación libre de violencia de las mujeres en los próximos procesos electorales. Una de las aportaciones que estamos haciendo es la necesidad de que quienes participen en los procesos electorales sean personas que tengan capacitación con perspectiva de género”, subrayó.

La propuesta de las defensoras de la participación política es que se hagan las reformas necesarias para que la Fiscalía estatal existan protocolos para la atención y seguimiento de denuncias de violencia política contra las mujeres.

El paquete de reformas también contempla la nulidad de la candidatura a quien cometa violencia política.

Hasta ahora, solo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerreo, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz   y Yucatán, han armonizado sus leyes respecto a la violencia política en razón de género.

Sin embargo, varios de ellos aún no la han publicado, Baja California, por ejemplo, recibió una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; mientras que Chiapas, enfrenta una acción de inconstitucionalidad al igual que Tamaulipas.