El Estado de México destinó 260 millones de pesos durante 2026 a combatir la violencia de género contra las mujeres, pero el Congreso local pidió revisar si esos recursos se ejercen conforme a sus objetivos y producen resultados.La solicitud plantea auditar el gasto de 11 municipios con alertas de violencia de género por feminicidio y desaparición, así como evaluar las acciones financiadas con este presupuesto.

El exhorto, aprobado por la LXII Legislatura mexiquense, busca que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realice auditorías de cumplimiento y desempeño para conocer cómo se utilizan los recursos públicos, qué metas alcanzan las autoridades responsables y cuáles son los resultados de las acciones implementadas.

La revisión adquiere relevancia ante los posibles subejercicios identificados en algunas demarcaciones y la falta de criterios para evaluar si el dinero destinado a prevenir y atender la violencia contra las mujeres se traduce en intervenciones efectivas.

210 millones de pesos serán ejercidos por 11 municipios

Del presupuesto total de 260 millones de pesos, 210 millones corresponden al ejercicio directo de los municipios alertados, mientras que los 50 millones restantes están asignados a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México.

Las demarcaciones contempladas en la distribución presupuestal son:

• Chimalhuacán.
• Chalco.
• Cuautitlán Izcalli.
• Ecatepec de Morelos.
• Ixtapaluca.
• Naucalpan de Juárez.
• Nezahualcóyotl.
• Tlalnepantla de Baz.
• Toluca.
• Tultitlán.
• Valle de Chalco.

Estos recursos están destinados a fortalecer las acciones de prevención, seguridad, atención y búsqueda de mujeres y niñas, así como los mecanismos institucionales para enfrentar la violencia de género.

Por ello, el exhorto legislativo plantea revisar tanto la aplicación del dinero como el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada programa.

Buscan identificar subejercicios y evaluar resultados

La propuesta fue presentada por la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, de Morena, con el respaldo de la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo (PT).

Desde tribuna, Santos Rodríguez explicó que, de acuerdo con fuentes hemerográficas y los trabajos de la comisión legislativa, se han identificado subejercicios de recursos en algunos municipios.

También señaló que actualmente hacen falta criterios para distinguir entre las demarcaciones que cumplen con las acciones prioritarias y aquellas que presentan rezagos.

El planteamiento apunta a que la revisión no se limite a comprobar facturas, contratos o documentación administrativa. También busca verificar que los recursos se destinen a los programas y modelos de atención previstos, así como medir el impacto de las acciones financiadas.

En ese sentido, la fiscalización deberá aportar información para responder cuánto dinero se ejerció, en qué se utilizó, qué metas se alcanzaron y cuáles fueron los resultados en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Por su parte, Ana Yurixi Leyva Piñón sostuvo que la intención no es cuestionar de manera general a los municipios alertados, sino conocer sus metas y los resultados reales.

Reducción de feminicidios no acredita la eficacia del presupuesto

Durante la discusión, Sandra Patricia Santos Rodríguez también expuso cifras sobre la evolución de los feminicidios en el Estado de México.

De acuerdo con los datos presentados por la legisladora, la entidad pasó de 156 casos en 2020 a 55 en 2025. Asimismo, reportó 38 casos durante los primeros nueve meses de 2026.

Sin embargo, la propia diputada aclaró que la disminución de estos delitos no permite establecer, por sí misma, una relación directa con el ejercicio de los recursos destinados a combatir la violencia de género.

Esta precisión coloca el debate en un aspecto fundamental: la reducción de los delitos y la eficacia del gasto público son indicadores distintos.

Por ello, resulta necesario evaluar si las acciones financiadas cumplieron sus objetivos y contribuyeron a mejorar la prevención, la atención y la búsqueda de mujeres y niñas.

El exhorto aprobado también establece que el OSFEM deberá informar los resultados de sus revisiones a la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso estatal.

De esta manera, la solicitud de fiscalización busca que el presupuesto destinado a enfrentar la violencia de género no se mida únicamente por los recursos asignados o comprobados, sino también por el cumplimiento de las acciones y los resultados que puedan acreditarse.